Pocas figuras son tan indispensables para el progreso económico y, al mismo tiempo, despiertan tanta desconfianza como la del empresario.

Su función no consiste simplemente en aportar capital ni en apropiarse de una utilidad. Consiste, ante todo, en imaginar un proyecto que todavía no existe, reunir personas y recursos, anticipar lo que necesitarán los consumidores y comprometerse hoy con un resultado que solo se conocerá mañana. Mientras los costos son ciertos, los ingresos son apenas una expectativa.

El empresario arriesga capital propio y ajeno, asume deudas y, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, compromete con frecuencia sus bienes personales. Arriesga también años de trabajo, estabilidad familiar, prestigio y oportunidades profesionales. Está expuesto a cambios tecnológicos, nuevos competidores, fluctuaciones económicas, modificaciones regulatorias y decisiones políticas imposibles de prever. La mayoría de los emprendimientos nunca llega a convertirse en una gran empresa y muchos terminan perdiendo todo lo invertido.

Sin embargo, la opinión pública suele observar solamente a quienes triunfaron. Ve sus utilidades y su patrimonio, pero no los proyectos que fracasaron ni las pérdidas que debieron absorber. Tampoco suele advertir que cada producto nuevo, cada aumento de productividad y cada empleo sostenible comenzó con alguien dispuesto a actuar bajo incertidumbre.

El aporte empresarial es enorme. Los empresarios descubren oportunidades, organizan el trabajo, introducen innovaciones, financian inversiones, capacitan personas, crean empleos, pagan remuneraciones e impuestos y producen los bienes y servicios que mejoran la vida cotidiana. Además, cuando existe verdadera competencia, cada empresa se ve obligada a servir mejor a sus clientes, reducir costos y utilizar los recursos con mayor eficiencia. Su éxito depende de convencer, no de imponer.

¿Por qué, entonces, tienen tan mala fama?

En parte, porque los beneficios empresariales son visibles y concentrados, mientras sus aportes se encuentran dispersos entre trabajadores, consumidores, proveedores y el Estado. También porque una quiebra ocupa pocas líneas, mientras una fortuna provoca titulares. Pero existe otra razón que no debe ignorarse: algunos empresarios han obtenido ganancias mediante abusos, colusión, información privilegiada, incumplimientos o privilegios concedidos por el poder político. Esos comportamientos dañan a las personas y desprestigian a todos quienes desarrollan honestamente una actividad empresarial.

Por eso es necesario distinguir entre el empresario que compite y crea valor y aquel que busca enriquecerse evitando la competencia. El primero prospera porque satisface necesidades; el segundo, porque consigue protección, favores o rentas que terminan pagando los consumidores y los contribuyentes. Defender la empresa privada no significa justificar cualquier conducta empresarial.

Los trabajadores también corren riesgos: dependen de sus empleos y pueden sufrir gravemente cuando una empresa fracasa. Precisamente por ello se necesitan empresarios responsables, mercados competitivos, reglas claras y una adecuada protección social. La libertad económica debe ir acompañada de responsabilidad, transparencia y respeto por trabajadores, clientes, proveedores y comunidades.

La utilidad legítimamente obtenida no es un privilegio ni un pecado. Es la recompensa por haber arriesgado, innovado y utilizado recursos de una manera que otros valoran. Así como las ganancias premian los aciertos, las pérdidas sancionan los errores.

Un país que sospecha sistemáticamente de sus empresarios termina desalentando la inversión, la innovación y el empleo. Pero uno que tolera sus abusos también destruye la confianza indispensable para crecer. La solución no es combatir al empresario ni idealizarlo: es promover al que crea valor, exigirle una conducta responsable y asegurar que nadie pueda reemplazar la competencia por el privilegio.

*El autor de la columna es ingeniero civil y comercial de la UC