Política

Corte de Apelaciones de Coyhaique rechaza recurso de amparo presentado por la defensa del senador Calisto

La acción buscaba revertir la resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique, que desestimó la solicitud de la defensa de ampliar en 120 días el plazo de investigación.

RAUL ZAMORA/ATON CHILE

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de amparo interpuesto por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, en el marco de la investigación por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones.

La acción buscaba revertir la resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique, que el pasado 4 de septiembre desestimó la solicitud de la defensa para ampliar en 120 días el plazo de investigación, además de rechazar una cautela de garantías relacionada con el acceso a determinados soportes digitales aportados por otro imputado.

el tribunal señaló que la resolución cuestionada abordó materias vinculadas al ejercicio del derecho a defensa dentro del proceso penal, pero que estas “no aparecen conectadas de manera directa e inmediata con una afectación de la libertad personal o seguridad individual del amparado”.

Asimismo, la Corte sostuvo que, si bien la persecución penal a la que está sometido Calisto podría eventualmente culminar en una decisión que afecte su libertad personal, “no se ha demostrado que sea precisamente la resolución judicial objeto de este amparo la que genere una amenaza ilegal, cierta y concreta sobre dicha garantía”.

Otro de los elementos considerados por la Corte fue que, durante la misma audiencia del 4 de septiembre, el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación y presentó la acusación, poniendo los antecedentes a disposición de las defensas para su revisión.

Además, el juez de Garantía informó que los soportes digitales específicamente reclamados por la defensa no fueron incluidos entre los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía en su acusación.

Cabe recordar que el Ministerio Público acusó a ocho imputados por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, en carácter de reiterado, estimando un perjuicio para el Estado superior a los $100 millones.

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