La escena ocurrió hace poco más de tres meses, en medio de una actividad en terreno.

El sábado 6 de junio, José Antonio Kast encabezó una jornada de reforestación en el Cerro Colorado, en Renca, junto al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, además de otras autoridades.

En medio de la actividad, Orrego se acercó al Presidente y le planteó la necesidad de sostener una reunión de trabajo. El encuentro quedó pendiente. Este miércoles, finalmente, ambos se sentaron frente a frente en La Moneda.

Kast recibió a Orrego pasado el mediodía de este miércoles, acompañado por su jefe de gabinete, para abordar una agenda de asuntos regionales. Entre ellos estaban materias vinculadas al empleo, proyectos de infraestructura y desarrollo urbano, además de iniciativas como el Cerro Chena, que ha generado diferencias del gobernador con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, entre otros proyectos de interés para la Región Metropolitana.

Pero la reunión ocurre en un momento particularmente sensible desde el punto de vista político.

Apenas ocho días han pasado desde que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó, por tres votos contra dos, el requerimiento presentado por consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI que buscaba destituir a Orrego por presuntas faltas a la probidad.

La ofensiva tuvo entre sus principales impulsores a Ignacio Dülger, consejero republicano y, hasta hace poco, asesor del Segundo Piso de La Moneda, y al core UDI Álvaro Bellolio, quien también se desempeña a esa repartición. Ambos fueron parte de la estrategia que buscaba remover al gobernador.

Por eso, la incorporación de Orrego a la agenda presidencial generó sorpresa durante la noche del martes, cuando se conoció públicamente que el Mandatario lo recibiría. Si bien la cita tenía una agenda amplia, en el entorno del gobernador daban por descontado que la ofensiva de republicanos también sería parte de la conversación privada.

En el pasado, además, Kast había sido uno de los más críticos a la gestión de Orrego. De hecho, en 2024, publicó en sus redes sociales que “Santiago es más violento y peligroso que hace cuatro años, porque tenemos a un gobernador que no ha hecho nada para defender a la gente de Santiago del avance del crimen organizado”.

Por lo mismo, en sectores del partido hubo desconcierto respecto de la señal que implicaba la cita. Esto, particularmente, porque mientras algunos parlamentarios de la colectividad han mantenido durante los últimos días un intercambio público con el gobernador en redes sociales -a raíz de la fallida destitución-, el Presidente optó por recibirlo en Palacio.

El cuestionamiento que circuló internamente apuntaba principalmente al timing. La colectividad había levantado durante meses una ofensiva política y judicial contra Orrego y, apenas la semana pasada, sus consejeros sufrieron un revés en el Tricel.

Pero también hubo voces dentro del propio partido que no hicieron mayor problema. El argumento que defienden es que Kast ya ha recibido a otros gobernadores regionales y que resultaría difícil sostener que el Mandatario no debiera reunirse con el gobernador de la Región Metropolitana, la segunda autoridad más votada después del Presidente.

Tras conocer el fallo del Tricel, Orrego no solo celebró la decisión judicial, sino que endureció sus críticas contra quienes habían impulsado la arremetida. En entrevista con La Tercera, sostuvo que Republicanos había intentado instalar una forma de hacer política que, a su juicio, dañaba la democracia.

Y en Mesa Central de Canal 13 fue todavía más explícito. Según relató, dirigentes republicanos llegaron hasta su oficina y le dijeron: “Esta es una decisión política y vamos a solicitar tu destitución”.

El gobernador cuestionó que esa acción se presentara como fiscalización y afirmó que lo que se buscaba era “la pena capital en política”: su destitución y una inhabilitación por cinco años.

El requerimiento contra Orrego fue presentado en julio de 2025 y contaba con el respaldo de 16 consejeros regionales. Entre los argumentos se encontraban cuestionamientos a la utilización de recursos públicos y, particularmente, a sesiones de coaching contratadas por el Gobierno Regional por más de $31 millones, que los requirentes vinculaban a fines electorales.