En 1992, el entonces Presidente Patricio Aylwin sostuvo que el futuro de Chile descansaba en sus jóvenes y niños. Tres décadas después, la política ha degradado ese postulado a mera consigna. Desde “los niños primero” por el oficialismo, pasando por el uso teatral de la infancia en la administración previa, hasta las directrices del Congreso del FA -que conciben a la juventud como músculo militante para desplegar bases territoriales-, las nuevas generaciones han quedado reducidas a herramientas electorales o fichas de espectáculo.

De ahí nace el desencanto, expresado en la violencia que permea los entornos educativos, la obsolescencia formativa y el quiebre de las promesas de movilidad social y prosperidad.

El Poder Judicial registra el pulso apremiante de esta violencia. Recurrentes sentencias de la Corte Suprema exponen cómo se erosiona la comunidad educativa. Episodios de ciberacoso, deepfakes, agresiones físicas de apoderados contra docentes, consumo de drogas y destrucción de infraestructura son solo algunos ejemplos del deterioro cultural, donde la jurisprudencia actúa como último y desgarrador testigo.

Al colapso de la convivencia se suma un alarmante quiebre en los aprendizajes. Los recientes resultados de la prueba PISA confirman que los escolares chilenos registran su peor rendimiento de las últimas dos décadas, ubicándose significativamente bajo el promedio de la OCDE en Lectura y Matemáticas. Estas mutaciones culturales profundas revelan que los modelos educativos no han sabido adaptarse o han renunciado a la exigencia por sostener un equilibrio circense entre apoderados, directivos y profesores, mientras el alumno queda fuera de la ecuación.

Por su parte, la promesa de movilidad social se ha fracturado en el plano laboral. En 2014, la expresidenta Bachelet señalaba que el motor de la equidad radica en integrar al trabajo a los más jóvenes. Un decenio después, la irrupción de la IA frena el aprendizaje práctico de las nuevas generaciones. Como advirtió la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, en el IPoM, la automatización expulsa a los menores de 30 años del sector formal. Cancelar hoy el relevo generacional equivale a comprometer la gobernabilidad de mañana.

Al cuadro se suma el declive de las expectativas de prosperidad. La precarización revive la figura del “cesante ilustrado”, confirmando que la retribución económica no compensa la inversión familiar en educación. Tras años de estudio solo se administra pobreza. Así, trazar un horizonte previsible y acceder a la vivienda o la familia se vuelve un privilegio.

Esta acumulación de frustración tendrá un impacto electoral decisivo. Quien logre canalizar este desencanto generacional sostendrá la cohesión social, hoy en franca erosión; pasadas las fiestas, es tiempo de encarar el desafío.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional

Universidad de Chile