La decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de solicitar la semana pasada a la Reina Isabel II la suspensión del Parlamento, argumentando que ello le permitirá preparar con calma una amplia batería de proyectos legislativos antes de iniciar una nueva legislatura, generó un terremoto político en Reino Unido. Esto, porque la medida -que fue aprobada por la soberana- en la práctica congela toda actividad legislativa durante cinco semanas, justo en vísperas del plazo final impuesto por la Unión Europea para el retiro definitivo del Londres del bloque, el 31 de octubre. Ello limita abiertamente las posibilidades de los parlamentarios de adoptar alguna medida que impida que Reino Unido abandone la UE sin un acuerdo, con las evidentes consecuencias que ello traerá. En el nuevo escenario, los legisladores solo tienen desde hoy y hasta el 10 de septiembre para sacar adelante una resolución antes de que se inicie el receso que concluirá el 14 de octubre. Y a partir de esa fecha solo contarán con otras dos semanas antes del "día D".

Si bien es cierto -como insiste el primer ministro británico- que esa facultad está contemplada en el aparato institucional de ese país, también lo es que su finalidad es otra, muy distinta a la que inspira la actual medida. La suspensión de las sesiones del Parlamento se adopta generalmente por una o dos semanas antes del inicio de una nueva legislatura o luego de una elección, pero jamás por cinco y menos aún en vísperas de un evento de la relevancia del Brexit. Nunca antes, con excepción de 1948, un primer ministro de Reino Unido había utilizado este recurso para bloquear abiertamente la labor de sus adversarios en el Parlamento. Más allá de lo que sostenga Boris Johnson es claro que detrás de su acción -frente a la cual la Reina a la luz de la tradición política británica tenía poco margen de acción- se esconde un intento claro por limitar la actividad de los parlamentarios, quienes venían advirtiendo incluso con aprobar una moción de censura contra el primer ministro apenas concluyera el receso veraniego.

Al margen del camino que siga la actual crisis política británica y las medidas que adopten esta semana en el Parlamento, resulta preocupante la señal dada por Boris Johnson. La democracia, especialmente una parlamentaria como la británica, se sostiene sobre la deliberación, el debate y la negociación entre las distintas sensibilidades políticas que conforman el Parlamento. Intentar limitar o directamente bloquear ese proceso de discusión utilizando paradójicamente instrumentos que entrega la propia institucionalidad es especialmente grave. Para el correcto funcionamiento de todo sistema democrático representativo es fundamental el ejercicio responsable de los cargos de poder. Resulta por ello inquietante que en el último tiempo algunos líderes políticos en distintas latitudes hayan terminado usando herramientas que les otorga el propio sistema para coartar su normal funcionamiento, en pro de un beneficio político personal. Ese camino solo termina por restringir los espacios democráticos. Como señaló el pensador francés Alexis de Tocqueville, "los problemas de la democracia se resuelven con más democracia".