Que el tradicional pragmatismo británico no está a la orden del día, parece claro. El caos político en el que se ha transformado la discusión a raíz del retiro del Reino Unido de la Unión Europea devela no solo las luchas políticas internas sino también la desorientación en la que han caído los británicos tras el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016. 

El próximo martes se votará finalmente el acuerdo de salida al que arribaron los 27 Estados de la UE y le gobierno de Theresa May. Tras 20 meses de dramáticas negociaciones, el 25 de noviembre pasado el Consejo Europeo le dio el visto bueno al pacto. Éste, para entrar en vigor, debe ser aprobado por el Parlamento británico, tal como lo estableció por sentencia el Tribunal Supremo del Reino Unido (May quería saltarse esta etapa). Ante el negro escenario que se vislumbraba, Theresa May decidió suspender la votación que estaba programada para el 11 de diciembre. Al no contar con los votos necesarios, decidió darse más tiempo para tratar de convencer a los parlamentarios que otro acuerdo no es posible.

El tiempo sigue corriendo en contra de los británicos. El plazo para sellar el tratado es el 29 de marzo de este año. Para ello es necesario no sólo la aprobación parlamentaria del Reino Unido sino también la del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (por mayoría cualificada). Todo esto, antes de dicho 29 de marzo. Los tiempos corren y el "tic tac" suena cada día de manera más incesante en los oídos de las islas británicas.

Los escenarios posibles son varios. El primero, y al parecer poco probable, es que el Parlamento vote favorablemente el acuerdo de May. Si bien a nadie gusta, la Primera Ministra ha tratado de convencer a ambos bandos (pro y anti Brexit) que es lo menos malo para el país. En este caso el acuerdo de salida entraría en vigor y comenzaría un período de transición en que el Reino Unido seguiría perteneciendo al Mercado Común y a la Unión Aduanera hasta diciembre 2020, con posibilidad de prórroga. En este caso tendrían que comenzar las negociaciones para establecer cuáles serán las relaciones futuras entre ambas partes. Se han sostenido varias alternativas (se habla del modelo noruego, canadiense, suizo, turco, etc.) y sobre ellas deberían centrarse las tratativas. En el evento que no se llegara a acuerdo, como "cláusula de seguridad" -para evitar la existencia de frontera física entre las dos Irlanda- el acuerdo contempla lo que se conoce como el "backstop". Éste consiste en que Reino Unido seguirá durante ese periodo en la Unión Aduanera y que Irlanda del Norte tendrá algunos controles más específicos, pero no enormes. Dicha red de seguridad no gusta a casi nadie en el Reino Unido. Significaría en la práctica un distinto tratamiento a una parte del país.

Una segunda alternativa es que este martes se rechace el acuerdo. Ante este fracaso de May (importante será observar por cuánto pierde su propuesta), tiene 3 días para presentar un "plan B" (el que hasta el momento no está nada claro que exista). Aquí se abren varias posibilidades, todas complejas, por cierto. ¿Nuevas elecciones? ¿Nuevo referéndum? ¿Dimisión de May y cambio de líder de los Tories y de Primer Ministro? También podría darse la posibilidad de convencer a europeos que se extienda el plazo que vence el 29 de marzo para seguir tratando de encontrar una salida política. El artículo 50 del Tratado de la UE permite esta extensión siempre que cuente con la unanimidad de los Estados miembros y el visto bueno del Reino Unido. Es posible que se llegue a esto pero también la solución tiene sus límites: la UE está con la paciencia al límite ante la inoperancia de británicos de arribar a un consenso interno y avanzar. Han solicitado concesiones que ya la UE no está dispuesta a dar y no quieren que esta extensión del plazo solo alargue la agonía sin existir posibilidad alguna de orden interno.

Un importante inconveniente jurídico y político a esta última alternativa es el hecho que entre el 23 y 26 de mayo 2019 son las elecciones al Parlamento Europeo. De extenderse el período de negociaciones, el Reino Unido seguiría formando parte del bloque con todos sus derechos, incluyendo sus escaños en el hemiciclo europeo. Tendrían que convocar a elecciones europeas para elegir sus representantes, lo que complica el escenario. La campaña está lanzada hace 8 meses sin considerar los actuales 73 escaños británicos.

Por último, hay una tercera posibilidad: que no haya Brexit. El debate jurídico respecto a esto fue zanjado por la propia Corte de Justicia de la UE. El pasado 10 de diciembre reconoció la facultad que tiene el país para revocar unilateralmente la activación de la cláusula de salida del art. 50 del TUE hasta que no se concrete la salida (lo que incluye el período de transición). La sentencia exige en todo caso que esto se haga "según las normas constitucionales" del país, lo que implica necesariamente el voto favorable del Parlamento británico y el acuerdo del Gobierno. La duda sería si además requeriría nuevo referéndum.

Como se puede observar, los plazos son cortos, los inconvenientes muchos, la incertidumbre enorme y el reloj avanzando su "tic tac".