SEÑOR DIRECTOR

La Cámara de Diputados aprobó en general la idea de legislar el retiro del 10% de los fondos de pensiones. El Ejecutivo ha hablado de los resultados negativos de esta medida; sin embargo, poco ha dicho sobre las medidas alternativas que se podrían haber tomado para financiar los 15.000 millones de dólares que, como piso, puede llegar a costar esta medida.

Desde un análisis costo-beneficio, el mejor resultado es un subsidio por parte del Estado. En marzo, como Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible planteamos la necesidad y urgencia de crear un IFE de carácter universal, por sobre la línea de la pobreza y sin la excesiva burocracia y sesgos de género que ha enfrentado el actual diseño. Adicionalmente, señalamos que para el financiamiento de este subsidio, el Estado se encuentra en una inmejorable posición financiera en el mundo, teniendo una deuda pública de 32% del PIB, estadísticas muy por debajo de los países pares de la OCDE.

Con esto se ha perdido un tiempo valioso que ha significado miles de vidas por no tomar decisiones económicas costo efectivas, y que integren enfoques de oportunidad y equidad intergeneracional, territorial y de género.

Frente a la ciudadanía, el sistema de AFP ha quedado desnudo no tan solo por constatar que no es un sistema de seguridad social que garantice el goce del derecho de una pensión decente, sino porque develó también que las y los trabajadores han sido el “banco de desarrollo” de un mecanismo de acumulación financiera que permitió cimentar el modelo de desarrollo económico desigual de los últimos 40 años, y que como pilar modernizador, nunca tuvo legitimidad de origen.

María José Becerra Moro

Economista - Investigadora Clacso