Un avance que ilusiona
Tras 12 años de tramitación en el Congreso, Chile finalmente cuenta con una Ley de Adopción que ubica al bienestar e interés superior de los niños, niñas y adolescentes como un eje central de su accionar. Con esta idea, se espera solucionar el fenómeno principal y de fondo: el acceso a un hogar definitivo, que les permita un desarrollo integral, con la máxima rapidez posible.
Para eso se redujeron los tiempos de abandono que se requieren antes de iniciar los procedimientos de adopción, estableciendo para los menores de un año el plazo de un mes, y para los mayores se extiende a dos meses.
Otro avance sustantivo es la regulación del sistema de familias de acogida, que ahora podrán optar a la adopción del niño que han cuidado, a veces, durante años.
Estos dos aspectos son una muestra de la renovada importancia que tienen los niños en la legislación, y el reconocimiento del valor que el afecto, la protección y el cuidado tienen en el desarrollo psicoemocional de estos menores que sufren el abandono.
En el plano administrativo, un aspecto relevante es la obligatoriedad de que ellos cuenten con un “curador ad litem”, es decir un abogado que represente sus derechos con prescindencia de los intereses de las partes que intervienen en el proceso. Sin duda, esta será una herramienta que empujará los trámites para que siempre prevalezca el bienestar de los menores.
Junto a ello, existirá la posibilidad de que quienes deseen contactar a sus familias de origen sean acompañados de una unidad estatal que entregue guía y asesoría.
Es innegable que estamos ante un avance legislativo reconocido por todos quienes intervinieron en su tramitación. Sin embargo, la incertidumbre radica en la actual institucionalidad y si podrá adaptarse y cumplir con los nuevos plazos y condiciones que se establecen. ¿Están preparados nuestros tribunales o los organismos que forman parte del sistema?
Si la respuesta es negativa, como tantas otras veces, serán nuestros niños, niñas y adolescentes quienes seguirán esperando que el Estado cumpla su palabra. Es tarea de todos no fallarles esta vez.
Por Ximena Cuevas Gómez de la Torre, directora de la Clínica Jurídica de la U. Mayor
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