Hace unos días se presentó al Presidente Boric las conclusiones del trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que buscó soluciones de largo plazo para el conflicto territorial de la Macrozona Sur.

En síntesis, propone un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, autogobernanza y garantizar espacios de representación política, crear un fondo de $4.000 millones de dólares para la compra y restitución de tierras, el reemplazo de la Conadi por nuevos organismos estatales, un tribunal arbitral especial para disputas de tierras, entre otros.

No es necesario ser un ávido lector de noticias para que estas propuestas le parezcan conocidas. Más que una nueva solución original, parecen ser un recocido de varias iniciativas presentes en el plebiscito constitucional de salida de 2022, en el que los chilenos rechazaron ampliamente un proyecto de nueva Constitución que buscaba instaurar la plurinacionalidad, crear autonomías territoriales indígenas y sistemas de justicia diferenciado entre indígenas y “simples” chilenos.

Así, lo cierto es que estas soluciones propuestas ya fueron desechadas por los chilenos hace más de dos años. Llama la atención que, a pesar de la estrepitosa derrota de estas ideas en las urnas, la comisión haya optado por insistir en ellas.

Si esto no fuera suficiente, la comisión para la “paz” habla poco o nada sobre la falta de estado de derecho en la zona. No propone ni nuevas penas que disuadan el terrorismo de falsos grupos indígenas, estrategias para el combate del crimen organizado ni se plantea cómo devolver el orden a una zona tan afectada por la falta de presencia del Estado de Chile, con el objetivo de que su población pueda ser realmente libre. No hay nada de esto.

Al contrario, pareciera que se vuelve a una vieja conclusión apresurada de la izquierda que reduce todo conflicto a una pugna entre quienes “tienen” y quienes “no tienen”, y cuya solución es que el Estado quite a unos y dé a otros. La realidad es mucho más compleja.

El principal problema de la falta de prosperidad de las familias de la Macrozona Sur es la falta de orden y seguridad pública que les permitan desarrollarse libremente. Esto no se consigue con políticas de tierras -que son un incentivo al conflicto permanente-, sino con instituciones sólidas, autoridades que ejercen sus atribuciones y una decidida acción contra el terrorismo y los enemigos de la paz. Sin estos objetivos en mente, no hay propuesta que pueda ser implementada exitosamente. Parece que los chilenos se dieron cuenta de ello en 2022. Ojalá que nuestros representantes también lo hagan en el corto tiempo.

Por José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Publica y académico USS