La Cámara de Diputadas y Diputados -contando también con el voto favorable de parlamentarios oficialistas- concurrió a aprobar una propuesta de Pensión Garantizada Universal (PGU) acompañada de lo que se ha conocido como “impuesto a los súper ricos”, como parte de los mecanismos para financiar la propuesta. Ello se logró por la vía de las indicaciones, ya que dicha fórmula no estaba contemplada dentro de la propuesta del gobierno, por lo que desde ya resulta una acción totalmente contraria a la Constitución.

Es sorprendente que legisladores de centroderecha se hayan prestado para avalar un diseño previsional que puede resultar muy dañino. Se entendía que, para este sector político, la creación con financiamiento fiscal de alguna forma de pensión universal con valores atractivos constituía una fórmula apropiada para preservar el sistema previsional basado en la capitalización individual de aportes para la vejez, y sus múltiples ventajas; mejores pensiones a cambio de un mismo aporte del trabajador porque permite que los ahorros previsionales crezcan por rentabilidad de las inversiones; formalización del mercado laboral con el consiguiente ahorro de costo fiscal para financiar el conjunto de prestaciones consideradas por el sistema de seguridad social; mayor tasa de ahorro nacional y profundización del mercado de capitales que estimulan el crecimiento de la economía.

En la práctica, sin embargo, ad portas del gobierno de la coalición de Apruebo Dignidad, los diputados de centroderecha están prestando su apoyo a una propuesta de pensión universal que, según el programa de la coalición triunfadora, va a ser solo el complemento de un nuevo enfoque previsional en que parte sustancial de los aportes de los trabajadores serán utilizados para mejorar pensiones de terceros, sacrificando entonces el aprovechamiento pleno de la posibilidad de mejorar las pensiones con la rentabilidad de las inversiones, los incentivos a la formalización laboral y el aporte potencial del sistema, vía mayor ahorro, al crecimiento del país.

Aun suponiendo que los partidarios de la capitalización individual vean en la PGU una forma de morigerar las reformas que vendrán para introducir elementos de “reparto” al sistema previsional, llama la atención su desaprensión frente al hecho que la propuesta de PGU haya sido acompañada del “impuesto a los súper ricos”, cuya consecuencia sería afectar negativamente la inversión y el crecimiento del país, con efectos fiscales que ponen en riesgo la viabilidad de la PGU misma.

Según proyecciones de población difundidas por el INE, la población mayor de 65 años, medida como porcentaje de la población total, aumentaría un 94% entre 2022 y 2050; desde el 12,9% en 2022 hasta el 25% en 2050. Esto significa que si el valor del beneficio que otorga la PGU (inicialmente $185.000 por mes) crece desde su aprobación al mismo ritmo que el ingreso per cápita del país, hacia 2050 tendría que haber aumentado en 94% el aporte fiscal, medido como porcentaje del PIB, para financiarla. Por cierto, el aumento en el aporte fiscal requerido puede ser menor si la PGU se reajusta menos que el ingreso per cápita. Según se deduce de las mismas proyecciones del INE, el PIB debe crecer 2,7% por año para lograr mantener la PGU constante en términos reales, sin tener que aumentar la fracción del PIB recaudada a través de impuestos para financiarla. Todo indica, entonces, que la PGU crecerá muy poco o decaerá, o los impuestos deberán subir para financiarla, salvo que haya un buen ritmo de crecimiento económico, pues el peso de la población mayor de 65 años va a estar creciendo aceleradamente. De aquí que sorprenda la disposición a poner en marcha una reforma como la PGU a pesar de ir acompañada por el proyecto de impuesto a altos patrimonios que, por dañar la inversión y el crecimiento, conducirá crecientemente a mayores impuestos y restricciones de otros gastos fiscales, para mantener una PGU en valores relevantes. Se ha ignorado que la misma PGU que hace sentido en un país que crece, puede ser una carga muy gravosa en una economía sin dinamismo porque los impuestos a los ingresos del capital han desincentivado la inversión.

En este contexto, ha llamado poderosamente la atención lo que pudo ser percibido como una actitud prescindente del Presidente electo para evitar que, una vez más, el Poder Legislativo se arrogue atribuciones que constitucionalmente corresponden al Poder Ejecutivo, promoviendo alzas de impuestos. Se habría esperado que Gabriel Boric no validara esta forma de legislar, no solo porque es contraria a la Constitución, sino porque abre la posibilidad de que el nuevo Congreso también se sienta con la libertad de pasar a llevar sus facultades exclusivas una vez que asuma el cargo. Esto naturalmente crea una sensación de desorden, lo que resulta particularmente complejo cuando frente al cuadro de actual incertidumbre lo que más se necesita son señales de estabilidad, algo a lo que el propio presidente electo se comprometió en su reciente exposición ante la Enade.