Ante el complicado escenario económico que muestra un crecimiento que se ha ralentizado -y cuyas proyecciones han sufrido sucesivas correcciones a la baja-, el gobierno anunció un paquete de medidas que apuntan a la inversión, para lo cual anticipó una agenda de reimpulso económico radicada en el Ministerio de Economía. Entre las medidas propuestas se considera insistir con la posibilidad de que los medicamentos que no requieren de receta se puedan vender en otros establecimientos comerciales como supermercados y almacenes, lo cual se hará a través de una indicación a la Ley de Fármacos que se discute actualmente en el Congreso.

La iniciativa -que ha sido rechazada en dos oportunidades anteriormente, en el primer gobierno del Presidente Piñera y durante el año pasado-, es acertada en cuanto permitiría facilitar el acceso a medicamentos a la población que vive en alguna de las 59 comunas que no cuenta con ninguna farmacia, dejando sobre todo sin cobertura extensas zonas rurales o aquellas en que los niveles de vulnerabilidad y pobreza son mayores. Este restringido acceso resulta especialmente gravoso para quienes padecen de una condición crónica. Los detractores argumentan que podría aumentar el riesgo de intoxicación, pero dicho temor parece exagerado, ya que la población hoy puede automedicarse en las propias farmacias o ferias libres, en este último caso incluso con fármacos que sí requieren receta.

Si bien en la materia se han introducido en los últimos años reformas como la bioequivalencia en los medicamentos genéricos y la supresión de ciertas prácticas comerciales que perjudicaban a quienes debían comprarlos, la diferencia de precios que presentan estos productos en el país en relación con otros mercados, y su incidencia en el gasto familiar, sigue siendo un gran desafío. Por ello permitir la participación de otros actores en este mercado -altamente concentrado- es conveniente, ya que introduce mayor competencia, generando una disminución en el precio de los medicamentos, que las autoridades han estimado en torno a 16% promedio. Experiencias similares en otros países OCDE han significado rebajas entre 10% y 40%.

A la luz de las consideraciones anteriores, es una buena señal el principio de acuerdo para que en las licitaciones de la Cenabast participen empresas de la industria farmacológica de la India, lo que le permitiría acceder a mayores descuentos respecto de los que hoy logra para proveer al sector público. Sería importante también explorar opciones que permitan al resto de la población acceder a alternativas similares, por ejemplo, que productos debidamente certificados en Estados Unidos o Europa -con altos estándares de calidad- pudieran importarse directamente a Chile.

Todas esas medidas -y otras más que se podrían evaluar- van en la dirección correcta para disminuir el valor de los medicamentos. Pero quizás la mayor contribución sería que los organismos especializados del Estado en libre competencia así como la autoridad económica despejen las razones de por qué en el país existe un mercado tan poco competitivo en cuanto a medicamentos -que da espacio, por ejemplo, a iniciativas como las "farmacias populares"- y propongan soluciones de fondo.