El inicio de la tramitación de la reforma constitucional de seguridad, presentada por el gobierno como uno de los principales emblemas de su agenda después de la aprobación de la megarreforma, se ha convertido en un problema político mayor al esperado para La Moneda.

A las críticas de la oposición se sumaron reparos provenientes del propio oficialismo respecto del contenido y alcance de la iniciativa, entre ellos la pérdida de determinados beneficios para personas condenadas, la amplitud de la modificación constitucional en sí misma y, especialmente, los 120 días contemplados para el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.

Pero el principal cuestionamiento que se ha instalado en los partidos oficialistas apunta a la forma en que se construyó y presentó la propuesta: la falta de trabajo prelegislativo con los parlamentarios que deberán respaldarla en el Congreso, el diseño comunicacional y los alcances del texto.

La circulación de dos borradores de la reforma, publicados por La Tercera, y el posterior ingreso del proyecto definitivo -que incorporó modificaciones respecto de esas versiones, pero que tampoco logró despejar los reparos de los propios-, terminaron por tensionar una relación que en La Moneda esperaban encauzar con mayor facilidad.

En distintos sectores oficialistas se cuestiona que la iniciativa haya llegado al Parlamento antes de que existiera un acuerdo político básico respecto de sus principales contenidos.

Las críticas apuntan en varias direcciones. En los partidos y dentro de la propia Moneda se cuestiona la presión que habría ejercido el Segundo Piso que lidera Alejandro Irarrázaval y el equipo de Contenidos y Comunicaciones que encabeza Cristián Valenzuela para que el gobierno diera prontamente el golpe político y comunicacional con la reforma, incluso cuando todavía quedaban aspectos por afinar.

También se reprocha la falta de diálogo previo con las bancadas oficialistas y, según quienes conocen las conversaciones internas, incluso dentro del propio Ejecutivo. En ese diagnóstico aparece Segpres, que habría quedado al margen de parte importante del trabajo de redacción, mientras que Seguridad se concentró herméticamente el proceso de elaboración del texto.

Ese escenario, dejó la percepción dentro de la derecha de que los distintos textos que circularon pudieron haber funcionado como una suerte de “globo sonda” del Ejecutivo: primero se testearon determinadas ideas y, solo después, se buscó socializar internamente una reforma que ya había adquirido un alto costo político.

En medio de esas recriminaciones, en el sector apuntan directamente a Valenzuela. En sectores oficialistas se le atribuye haber presionado para concretar el golpe comunicacional con el anuncio de la reforma, sin dejar suficiente margen para una etapa previa de conversación con los partidos y parlamentarios.

En sectores de Palacio, no obstante, defienden en privado que el texto presentado va acorde a las demandas ciudadanas y que su ingreso responde a esa convicción. En esa línea, relativizan el ruido -aunque otros lo lamentan- que ha generado la tramitación de la iniciativa y descartan que exista un cambio de rumbo.

En el Ejecutivo sostienen que hace dos semanas el paso desde la reforma económica hacia la agenda de seguridad era leído como un éxito y que las variaciones de estos días forman parte de la política.

Así, recalcan que el gobierno mantiene su agenda y confía en sacar adelante una reforma de seguridad acorde con las expectativas ciudadanas. También recuerdan que desde el primer momento se planteó que el proyecto podía ser perfeccionado durante su tramitación, una lógica que -dicen- tampoco fue distinta a la discusión que acompañó a la reforma económica, donde inicialmente se cuestionó su alcance, se pidió dividirla y se anticipó que tendría dificultades para avanzar en el Congreso.

Así, el miércoles por la noche, el presidente del Partido Republicano y senador Arturo Squella -quien hasta ahora había sido uno de los principales escuderos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, y de su reforma- publicó en X un mensaje que marcó un giro respecto del respaldo cerrado que había exhibido al proyecto.

“Junto a Andrés Longton coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional”, señaló.

Squella explicitó además uno de los cambios que desde ese momento comenzaron a tomar fuerza dentro del oficialismo: que el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, por su extensión y alcance, requiera desde el comienzo un acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional, además de una revisión cada 30 días.

“A su vez, creemos que es conveniente dejar fuera la afectación a las comunicaciones que originalmente se sometió al debate legislativo”, añadió.

Longton, uno de los principales críticos del proyecto dentro de Chile Vamos, publicó un mensaje prácticamente idéntico, abriéndose a conversar con Squella. El senador RN venía cuestionando desde los primeros días la amplitud de algunas de las herramientas propuestas por el Ejecutivo y la falta de una conversación previa con los parlamentarios.

La posición de ambos abrió una ventana para que el gobierno comenzara a revisar algunos de los elementos más controvertidos del proyecto, particularmente el régimen de excepción.

En La Moneda, de hecho, reconocen que se introducirán modificaciones en esa materia, aunque la idea es defender el instrumento y su objetivo. El diseño que se comienza a explorar apunta a reducir los días inicialmente contemplados y acotar algunas de sus atribuciones, junto con reforzar los mecanismos de control político.

Sin embargo, y casi en paralelo, se instaló otro elemento de controversia luego de que El Mercurio diera cuenta de la disposición de Arrau y Squella a evaluar un eventual plebiscito en caso de que la reforma constitucional fuera rechazada en el Congreso.

La idea, sin embargo, es descartada en La Moneda. En el Ejecutivo sostienen que se trata de un “voladero de luces” y que esa alternativa no es jurídicamente viable para este caso. En su vocería, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, fue categórico en desmentir esa vía.

La apuesta, por ahora, es otra: abrir una negociación con el Parlamento para alcanzar los votos necesarios para avanzar en la iniciativa y evitar que el proyecto se transforme en un primer tropiezo político para el gobierno en una de sus principales banderas.

En Palacio reconocen, además, que se produjeron “ruidos innecesarios” en torno al proyecto y que el escenario actual dista de lo que se esperaba cuando se decidió presentar la reforma. La expectativa inicial era que la seguridad funcionara como un espacio de mayor unidad dentro del oficialismo, especialmente después de la aprobación de la megarreforma.

Una de las críticas que se repite en el sector es que, si el propio ministro Arrau no estaba conforme con determinados aspectos del texto que finalmente ingresó al Congreso, la alternativa debió haber sido postergar su presentación hasta cerrar esas diferencias. La evaluación que se hace ahora es que parte importante de la controversia podría haberse evitado con un proceso de socialización previo.

El desorden terminó obligando a una intervención de Alvarado -cuya firma también está en la reforma de seguridad que se ingresó al Congreso- quien asumirá un papel más activo en la búsqueda de acuerdos para sacar adelante la iniciativa y asegurar, al menos, la aprobación de la idea de legislar.

“Una reforma constitucional como la planteada no tiene que ser la reforma de un gobierno, tiene que ser una buena reforma para Chile. Por eso vamos a defender con firmeza su propósito, pero vamos a escuchar todas las propuestas que permitan mejorar su diseño, fortalecer sus controles y asegurar que tenga respaldo amplio y permanencia en el tiempo”, señaló Alvarado a La Tercera.

“Dialogar sobre los instrumentos no significa renunciar al objetivo. Perfeccionar la reforma en el Congreso significa hacerla más eficaz, más legítima y más duradera”, agregó.

El cambio de tono también comenzó a observarse durante esta jornada. Desde que la “megarreforma” de seguridad fue presentada, en los partidos del oficialismo -en particular, en Chile Vamos- se ha extendido una crítica hacia La Moneda por la falta de diálogo en torno a la propuesta.

Este jueves, el ministro Arrau tuvo acercamientos con las bancadas oficialistas. En primer lugar, se reunió con los senadores Longton y Rojo Edwards, del comité RN, y con los diputados Claudia Mora, Daniel Valenzuela y Mauro González, de la bancada de ese mismo partido, además del alcalde Rodrigo Wainraight (Puerto Montt).

“Escuchamos sus propuestas y conversamos sobre las prioridades que Chile necesita para enfrentar con decisión al crimen organizado y terrorismo. La seguridad requiere acuerdos, voluntad política y sentido de urgencia”, escribió Arrau en X tras esa reunión.

A la salida del encuentro, el diputado González planteó: “RN estará del lado correcto de la historia respecto a la agenda de seguridad. Nos hemos reunido con el ministro Arrau para comprometer nuestro apoyo en estas propuestas, en estas reformas”.

De todas formas, el parlamentario acotó que esas reformas “se pueden mejorar, perfeccionar, podemos acotar los días en el estado de excepción, podemos revisar los requisitos para declarar a una agrupación como terrorista, podemos revisar el régimen penitenciario”. Pero advirtió: “Lo que no podemos hacer es torpedear una agenda que busca retomar el control del país”.

Luego, Arrau recibió a los diputados UDI Flor Weisse, Constanza Hube, Jaime Coloma y Eduardo Cretton.

Al cierre de esta edición, estaba proyectado que Alvarado recibiera a Arrau, acompañado del titular de la Segpres, José García Ruminot.

Los encuentros con las bancadas son parte del intento del Ejecutivo por recomponer la relación con sus parlamentarios antes de que la discusión avance hacia una etapa más compleja en el Congreso.