El lunes en la noche, antes de entrar al estudio de Tolerancia Cero en CNN Chile, el abanderado presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se comunicó con la directiva nacional de su partido -encabezada por Constanza Martínez- para advertir que se iba a desmarcar del comunicado que el sábado había publicado la colectividad sobre el caso ProCultura.

En específico, el tema que generó controversia fue el uso del término “espionaje”, luego de que se conociera sobre una escucha telefónica que hizo la PDI a la exesposa de Alberto Larraín, Josefina Huneeus, con el Presidente Gabriel Boric.

El camino que tomó la directiva frenteamplista provocó una evidente fricción en el oficialismo y al interior del propio Frente Amplio, pues varios advirtieron que acusar directamente a un poder del Estado de esa manera es desaconsejable.

Así, Winter evitó usar la palabra “espionaje” en el programa de televisión y agregó que su utilización en el comunicado “me parece mal”. “Prefiero no usar esa expresión”, añadió.

Quienes conocieron del diálogo del también diputado con la mesa aseguran que desde la directiva le señalaron que entendían que él como candidato presidencial tomara un camino distinto, pues en su rol como aspirante a La Moneda debe evitar confrontaciones con el Ministerio Público e intentar ampliar su electorado.

Otro cuadro del Frente Amplio asegura que es lógico que un candidato presidencial no hable en los mismos términos que su partido, pero defiende que Winter coincide con su colectividad en la crítica a las filtraciones.

“Se distancia de la palabra, no del fondo”, dice un militante del FA.

Una idea de la DN

En la declaración la colectividad apuntaba en duros términos al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien está a cargo de la indagatoria.

“El fiscal Cooper replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa, con el único fin, en este caso, de desprestigiar al Presidente”, señala el escrito.

También agregaron que “escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas”.

Y profundizaron en el uso del término cuando destacan que esas interceptaciones (42) “no responden a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente”.

La idea de plantear la existencia de espionaje fue impulsada directamente por la directiva nacional del Frente Amplio que tiene potestad para hacer planteamientos públicos sin consulta previa al comité central. Todos los integrantes de la dirección tuvieron la opción de participar y debatir la redacción del documento.

El análisis interno consideró que era necesario señalar con dureza que hay una intencionalidad política de la Fiscalía de apuntar al partido y al gobierno. Para ellos hay una práctica sistemática.

Pese al desmarque de su abanderado presidencial, en Radio CNN Chile Constanza Martínez insistió en el punto. “Yo no soy un tribunal de la República, soy una presidenta de partido y, por lo tanto, mi análisis es político y no jurídico. Lo que hemos planteado es que si quieren usar otra palabra menos rimbombante no tengo problemas en cambiarla, yo creo que está habiendo espionaje político”, afirmó la presidenta del FA.

En el FA argumentan que la Fiscalía ha instalado una duda sobre el gobierno y la colectividad cuando la investigación de ProCultura apunta en realidad a siete gobernaciones encabezadas con militantes de varios partidos, entre ellos ex DC y PS.

De ahí que Martínez mencionara públicamente los contratos con el Gore de la Región Metropolitana y la Región del Biobío.

Tras la declaración institucional de su partido, el diputado y expresidente del FA, Diego Ibáñez, también repudió las filtraciones vinculadas al caso de ProCultura que lo mencionan.

En la oportunidad se refirió a los chats que mantuvo con Pablo Larraín, exjefe de campamentos del Ministerio de Vivienda en la Región del Biobío, y Francisco Fuentes, exfuncionario de la ONG, durante 2022 en el contexto de la campaña del Apruebo que aludían a un aporte de 500 mil pesos realizado por la ONG a Convergencia Social.

Sobre el punto el parlamentario enfatizó que esos fondos responden a un aporte en un voluntariado que “no constituirían delito alguno, en absoluto”.

Los reparos en el gobierno

La idea del FA de acusar al Ministerio Público de “espionaje político” no tuvo buena recepción en La Moneda, ni en el resto del oficialismo. Uno de los críticos de esa expresión ha sido el vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde (PS), quien lo hizo ver durante el comité político ampliado del lunes.

Otros personeros de Palacio también consideraron que fue un término poco acertado que se podía transformar en un búmeran.

Puertas adentro de La Moneda hay críticas a la gestión de la Fiscalía, pero se descartó tempranamente seguir el camino del FA.

La opción escogida por el comité de crisis que encabeza Elizalde fue reforzar que el Presidente no tiene vinculación con irregularidades y que se debe investigar todo. También se decidió que en las vocerías de gobierno se enfatice que las instituciones deben funcionar, “pero deben funcionar bien”. Esto último apunta a que las medidas intrusivas, como las escuchas telefónicas, deben estar justificadas judicialmente.

Los otros desmarques

En las últimas horas no solo Winter ha tomado distancia de la declaración de su partido. En el marco de su visita a Japón, el Presidente Gabriel Boric dijo sentir “una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho”, y llamó a confiar en las instituciones.

Asimismo, el senador Juan Ignacio Latorre (FA), la noche de este lunes en TVN, indicó que “si usted me va a elegir entre las declaraciones políticas del fin de semana y la declaración del Presidente Boric, me quedo con la declaración del Presidente Boric. Me parece que es lo más acertado, comparto el fondo y la forma”.

Respecto al comunicado, aclaró que “esa fue una declaración del partido. Yo no participé de la elaboración, no soy parte de la directiva del partido. Son varios puntos, no es solamente aquello. Entiendo la preocupación”.

Mientras que en el mismo medio el diputado Andrés Giordano (FA), quien además es miembro del comité central de la colectividad, señaló que “la verdad que a mí me resulta un tanto distante el concepto de espionaje político”.

De todas maneras, Giordano dijo que “lo que a uno le causa impresión, conmoción y dudas, creo que legítimas dudas, es que se ha vuelto cada vez más recurrente que las causas que está llevando el fiscal Cooper terminen siendo filtradas en la prensa de manera parcial, y al respecto a mí me parece que no es el concepto adecuado”.

La diputada Lorena Fries (FA), en tanto, dijo a Radio ADN que “la definición de espionaje político es una definición que tienen que dar los tribunales de justicia. Yo lo que me atrevo a decir, mientras no haya una investigación judicial respecto de algo así, es que me parece grave lo que está pasando con las filtraciones”.

Y agregó: “Las medidas intrusivas son estrictas y se usan excepcionalmente porque lo que hacen es atentar contra garantías individuales. Entonces mi pregunta, y es lo que me sorprende de todo lo que ha venido pasando en términos de filtraciones, no solo con el fiscal Cooper, en general, es que terminan ventilándose conversaciones privadas que nada dicen respecto de la investigación”.

En el comité central del FA también hay dirigentes que evaluaron mal el pronunciamiento de la mesa directiva. Para un personero de la instancia el término utilizado es lejano a la ciudadanía y pareciera una defensa sin argumentos y que la línea debió ser que la mayoría de los contratos de ProCultura son con gobiernos regionales no con el Ejecutivo.

Este miércoles en la mañana, Constanza Martínez volverá a referirse al asunto en una entrevista en el programa Mesa Central, de Tele 13 Radio.