Exministra Marcela Hernando asume presidencia de comisión que revisará acusación constitucional contra Nicolás Grau
La diputada del Partido Radical afirmó que los integrantes definirán durante esta semana el calendario de sesiones y la nómina de invitados que expondrán sobre los aspectos técnicos del libelo impulsado por republicanos y libertarios.
La diputada y exministra de Minería del gobierno de Gabriel Boric, Marcela Hernando (PR), fue elegida de manera unánime como presidenta de la comisión revisora encargada de analizar la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, instancia que comenzó este martes su proceso de organización y que tendrá la misión de emitir un informe para la Cámara de Diputados.
Tras asumir la conducción de la comisión, Hernando destacó el clima de colaboración existente entre los integrantes del organismo y adelantó que el trabajo inicial estará enfocado en aspectos administrativos, además de la definición de expertos que serán convocados para exponer sobre las materias incluidas en el libelo acusatorio.
“Agradecer el que haya sido por unanimidad esta elección de la presidencia. Yo creo que estamos todos en un ánimo súper colaborativo de cumplir esto de la manera más objetiva y eficiente posible”, señaló la parlamentaria.
La exsecretaria de Estado agregó que la primera etapa del trabajo estará centrada en la organización interna de la comisión.
“Los acuerdos que se toman en la primera reunión de constitución son básicamente administrativos”, indicó.
Definición de invitados y calendario de trabajo
Hernando explicó que uno de los principales desafíos inmediatos será coordinar las agendas de los integrantes de la comisión con las actividades legislativas habituales de la Cámara.
“Respecto de cuándo nos vamos a juntar siempre es complicado conciliar las agendas y conciliarlas con el trabajo parlamentario normal. Estar en sala, participar en nuestras comisiones obligatorias. Y vamos a consensuar de aquí al viernes quienes van a hacer la lista de invitados”, afirmó.
Según detalló, la comisión espera aprovechar el plazo legal que tendrá el exministro para preparar su defensa con el objetivo de escuchar previamente a especialistas que puedan aportar antecedentes sobre los aspectos técnicos de la acusación.
“El acusado tiene diez días después de que ha sido notificado. Y entiendo que lo van a notificar en los días que quedan de esta semana. En esos diez días nosotros hemos acordado sesionar para escuchar a algunos académicos o exministros principalmente para juzgar o hacernos una idea del tema técnico del cual se le acusa”, sostuvo.
La presidenta de la comisión precisó además que existen límites reglamentarios respecto de la discusión del contenido de la acusación mientras el exsecretario de Estado no comparezca ante la instancia.
“No podemos entrar al fondo de la acusación hasta que el acusado no comparezca”, enfatizó.
Asimismo, confirmó que la comisión volverá a reunirse el próximo lunes para fijar formalmente el cronograma de trabajo.
“El lunes sesionamos por primera vez y ahí vamos a acordar qué días de la próxima semana y a qué horas nos vamos a juntar. Es probable que en muchas ocasiones tengamos que hacerlo en paralelo a la sesión de sala”, señaló.
La conformación de la instancia revisora se concretó durante la mañana de este martes mediante un sorteo realizado en la Sala de la Cámara de Diputados.
La comisión quedó integrada por los diputados Carlos Bianchi (Independiente-PPD), Marcela Hernando (PR), Alejandro Bernales (PL), Luis Sánchez (Partido Republicano) y Joanna Pérez (Demócratas).
La ofensiva contra Grau
La acusación constitucional fue presentada durante la tarde del lunes por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido Republicano, quienes responsabilizan al exministro de Hacienda por presuntas irregularidades en la gestión fiscal durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
El documento, de aproximadamente 60 páginas, apunta principalmente a la controversia generada por las proyecciones de deuda pública para el período 2026-2030 y a la estimación de los compromisos fiscales futuros.
Entre los cuestionamientos contenidos en el texto se encuentra la supuesta subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026, además de la presunta omisión de fuentes de financiamiento para gastos comprometidos por el Estado, entre ellos el reajuste del sector público y otras obligaciones presupuestarias.
En paralelo a la conformación de la comisión revisora, el exministro Nicolás Grau ya comenzó a estructurar su defensa. Durante las últimas jornadas se confirmó la incorporación del abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) como encargado de liderar la estrategia jurídica frente al proceso.
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