Este miércoles se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Ahí, se puso sobre la mesa una declaración del Core Group LGBTIQ+ para promover la protección de sus derechos. Sin embargo, el Ejecutivo se abstuvo, lo que despertó inquietud entre algunos entendidos en la materia.

Una política que en gobiernos anteriores, incluido el del expresidente Sebastián Piñera, promovieron, según recalcan las mismas versiones.

El texto propuesto por el grupo plantea, entre otros asuntos, que “reconocemos que la igualdad, la dignidad humana y el respeto mutuo son pilares esenciales de la democracia y condiciones indispensables para la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en las Américas. En un contexto hemisférico marcado por la desigualdad, la polarización y el aumento de los discursos de odio, reafirmamos que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y que su defensa requiere valentía, solidaridad y cooperación internacional".

Además, afirman que “nos guía la convicción de que la despenalización de las relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo, la eliminación de las leyes y prácticas discriminatorias, y la adopción de políticas públicas inclusivas son pasos indispensables para construir sociedades verdaderamente libres y democráticas”.

También sostienen que “reafirmamos asimismo la importancia de adoptar un enfoque interseccional, que reconozca las múltiples y superpuestas formas de discriminación que enfrentan las personas LGBTI+, incluidas las mujeres, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y las juventudes diversas”.

Y finaliza con que el grupo “reconoce el importante papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías, así como de las organizaciones de la sociedad civil, en el avance del diálogo inclusivo, el fomento de la comprensión mutua y el fortalecimiento de la protección de todas las personas contra la discriminación”.

En la sesión, Ana María Saldia, encargada alterna del gobierno en el organismo, leyó la declaración de Chile.

“Mi delegación agradece y valora el trabajo realizado por el Core Group LGBTI+ en la promoción del diálogo y la cooperación en estos temas. En esta oportunidad, mi delegación realizará una intervención en capacidad nacional, sin adherir a la declaración del grupo“, partió diciendo.

Y añadió: “Chile reafirma su compromiso con la promoción, protección y plena realización de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. Este compromiso se expresa en que la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI+ constituye una prioridad sostenida de su política exterior y una política de Estado mantenida a lo largo de diversas administraciones”.

Además, sostuvo que “Chile ha avanzado en el fortalecimiento de su marco institucional y normativo para promover la igualdad y prevenir la discriminación. Entre estos avances destacan la ley de identidad de género, el reconocimiento del matrimonio igualitario y diversas políticas públicas destinadas a garantizar el respeto y la dignidad de todas las personas”.

En esa línea, agregó que “Chile es consciente de que aún persisten desafíos importantes en nuestras sociedades, particularmente frente a distintas expresiones de violencia, intolerancia y estigmatización que afectan la dignidad y la seguridad de muchas personas”.

Finalmente, destacó que “para Chile es importante que el diálogo regional en estos temas se desarrolle sobre la base de un lenguaje que contribuya a generar consensos y refleje el espíritu constructivo que caracteriza el trabajo de esta organización”.

Algunas fuentes en Cancillería transmiten que la decisión se tomó porque el texto fue negociado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric, entregándose a esta administración solo para pronunciarse. Además, argumentan que indirectamente apuntaba a otros “países amigos” -a Estados Unidos, particularmente-.

Esto, aludiendo principalmente a la parte de la declaración que se hace mención a los discursos de odio. Sin embargo, esto es desestimado por otros personeros entendidos en la materia, que señalan que el texto es inocuo.

También sostienen que entregaron una explicación de votos donde reafirmaron que esa no adhesión no significa que no sigan con la tradicional política de no discriminación y apoyo a los derechos humanos.

De igual forma, recalcan que no se están retirando del grupo y que no fueron los únicos que se abstuvieron. También lo hicieron Ecuador y Costa Rica.

La decisión, según transmiten quienes conocieron el proceso, fue recomendada por Frank Tressler, a cargo de la Secretaría General de Política Exterior (Segen) de la Cancillería.

De acuerdo a las mismas versiones, él conversó el tema con el subsecretario de la cartera, Patricio Torres, y el ministro Francisco Pérez.

La Tercera consultó versión oficial a la Cancillería, donde indicaron: “A Chile le pareció que el texto, tal como estaba, en vez de unir a la región, generaba división. Se intentó generar modificaciones para poder adherir, pero por temas procedimentales de la negociación, ya no era posible. No se adhirió, pero se dio explicación donde reafirmamos nuestra política tradicional de no discriminación y respeto y promoción de los derechos humanos además de nuestros compromisos internacionales sobre la materia”.