El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, respaldó el proyecto de ley presentado por diputados oficialistas que pretende suspender por un plazo de cinco años la ley Karin, orientada en la prevención, investigación y sanción del acoso y la violencia laboral.

La aprobación de la megarreforma dio paso a que la derecha incursionara en nuevas materias dentro del Congreso. Es así que un grupo de diputados del PNL, republicanos, Chile Vamos y el Partido de la Gente (PDG) presentaron el pasado jueves una iniciativa de suspensión transitoria de los efectos de la ley Karin por un plazo de cinco años.

Ante esta ofensiva legislativa, Kaiser apuntó que “hay momentos en que uno duda de la buena fe de quienes operan en política”, pues la suspensión de la normativa “es en razón de su corrección y para que la dirección del trabajo pueda terminar la tramitación de decenas de miles de denuncias que esperan ya hace años una resolución”.

“La idea es que dentro del plazo y si el gobierno quiere lo puede hacer en 3 meses, la ley sea reformada para que funcione para lo que fue creada y no para resolver todo tipo de disputas más o menos descabelladas”, agregó el timonel libertario.

Kaiser sostuvo que “no hay un político de derecha o de izquierda con el que yo haya hablado en el último año del tema, que no reconociera que la ley tiene la escoba. Ahora, para no hacerse cargo del desastre causado, prefieren aparecer como los “defensores” de una mala ley. El populismo es el peor enemigo de la democracia".

El proyecto

Si bien la ley Karin “respondió a una necesidad social real y abrió un cauce institucional antes inexistente”, los diputados Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea, Álvaro Jofré (los cuatro del PNL), Diego Vergara (Partido Republicano) y Daniel Valenzuela (IND-RN) alegaron que la norma ha generado una saturación del sistema de denuncias laborales.

“La magnitud de esa respuesta excedió con creces (...) la capacidad de procesamiento de los órganos competentes: a diciembre de 2025 las denuncias presentadas superaban las 66 mil, manteniéndose de manera sostenida en torno a las 22 mil por semestre, a un ritmo cercano a las cien denuncias diarias”, expresa el proyecto.

“Esta magnitud (…) se ha consolidado en el tiempo, lo que obliga a examinar sus causas no en la sola gestión administrativa, sino en el diseño normativo que la originó”, apuntó.

Los parlamentarios sostuvieron que el problema de fondo radica en que “el plazo de treinta días previsto para concluir la investigación se incumple de manera sistemática, registrándose demoras que alcanzan entre seis y nueve meses, con particular intensidad en la Región Metropolitana. Ello perjudica a las víctimas reales, cuyas denuncias quedan atrapadas en una tramitación prolongada”.

El proyecto tensionó a la oposición, especialmente al Frente Amplio (FA), quienes consideran la ley Karin como uno de los legados más importantes de la administración del expresidente Gabriel Boric.

“Suspender por cinco años una ley de protección es derogarla con anestesia. Que existan miles de denuncias no demuestra que la ley fracasó. Por el contrario, demuestra la magnitud del acoso que estaba silenciado”, sostuvo la jefa de la bancada de diputados del FA, Gael Yeomans.

“Tenemos que fortalecer la Dirección del Trabajo, porque lo que hace este proyecto es regalarles cinco años de tranquilidad a los acosadores. Hay un sector que nunca quiso esta ley y hoy encontró la excusa para bajarla y no lo vamos a permitir”, arremetió Yeomans.