Con la tramitación de la megarreforma ya concluida, en la derecha se ha abierto espacio a avanzar en otras materias. Un grupo de diputados fijó un objetivo: suspender, por un plazo de cinco años, la ley Karin, vigente desde agosto de 2024, y orientada en la prevención, investigación y sanción del acoso y la violencia laboral.

A dos años de su promulgación, los diputados Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea, Álvaro Jofré (los cuatro del Partido Nacional Libertario), Diego Vergara (Partido Republicano) y Daniel Valenzuela (independiente, integrante de la bancada de Renovación Nacional) identificaron que la norma ha generado una saturación del sistema de denuncias laborales. Fenómeno que, postulan, afecta principalmente a las víctimas.

Aunque su firma no fue incluida en el proyecto (por un problema digital), este también es respaldado por el diputado Patricio Briones, del Partido De la Gente.

En el proyecto se explica que la ley Karin “respondió a una necesidad social real y abrió un cauce institucional antes inexistente, permitiendo que numerosos trabajadores denunciaran situaciones que previamente quedaban silenciadas”.

Sin embargo, se advierte: “La magnitud de esa respuesta excedió con creces (...) la capacidad de procesamiento de los órganos competentes: a diciembre de 2025 las denuncias presentadas superaban las 66 mil, manteniéndose de manera sostenida en torno a las 22 mil por semestre, a un ritmo cercano a las cien denuncias diarias”.

“Esta magnitud (…) se ha consolidado en el tiempo, lo que obliga a examinar sus causas no en la sola gestión administrativa, sino en el diseño normativo que la originó”, se fundamenta.

Para justificar el proyecto, los diputados adherentes argumentan que, de acuerdo a cifras de la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, entre el 1 de agosto de 2024 y el 30 de junio de 2025 ingresaron 44.212 denuncias, de las que un 42% (18.367) fue preclasificado como materia propia de la ley Karin, mientras que un 40% (17.980) correspondió a otras materias y un 18% (7.865) permanecía pendiente de clasificación.

“Estas cifras oficiales revelan que una elevada proporción de las denuncias no resulta admisible bajo la ley o no deriva en la constatación de infracción alguna”, se justifica.

Este fenómeno, postulan, responde a que “la eliminación del requisito de reiteración rebajó de manera sustancial el umbral de configuración del acoso laboral, ampliando el universo de conductas susceptibles de denuncia”.

Además, consideran que “la amplitud y relativa indeterminación de conceptos como ‘violencia en el trabajo’ favorecieron una interpretación expansiva”, lo que, creen, provocó que “el procedimiento terminó operando como una verdadera ventanilla única para toda clase de conflicto laboral”.

“El modelo no contempló una etapa de admisibilidad que permitiera filtrar tempranamente aquellas denuncias que no constituyen materia de la ley”, se menciona en el proyecto.

El problema de fondo que identificaron los diputados es que “el plazo de treinta días previsto para concluir la investigación se incumple de manera sistemática, registrándose demoras que alcanzan entre seis y nueve meses, con particular intensidad en la Región Metropolitana. Ello perjudica a las víctimas reales, cuyas denuncias quedan atrapadas en una tramitación prolongada”.

En consideración de los antecedentes mencionados, los parlamentarios proponen la suspensión transitoria de los efectos de la ley Karin por un plazo de cinco años. Lo hacen con el objetivo de “evaluar su impacto real sobre la base de la información de los órganos competentes y de rediseñar legislativamente la normativa, restableciendo un umbral adecuado de configuración del acoso, precisando los conceptos empleados, incorporando una etapa de admisibilidad que distinga tempranamente las materias propias de la ley (...) y estableciendo resguardos frente a las denuncias de mala fe”.

La eventual suspensión de la norma constituiría un golpe para la izquierda. En los partidos de la oposicion, y, sobre todo, en el Frente Amplio, perciben la ley Karin como uno de los más importantes legados de la administración del expresidente Gabriel Boric.

El diputado Grohs, quien integra la comision de Trabajo y ha sido el principal impulsor de este proyecto, explicó que “las instituciones encargadas de investigar y los propios lugares de trabajo están totalmente superados. No podemos permitir que una ley que busca proteger a los trabajadores termine siendo ineficaz por falta de capacidad operativa”.

“Necesitamos suspender temporalmente sus efectos para corregir el diseño, capacitar al personal y asegurar que cada denuncia reciba la atención seria y oportuna que merece”, agregó.

“La ley Karin sí o sí va a tener que tener alguna modificación. Hoy los tribunales laborales, las inspecciones del trabajo están sobrecargadas y copadas porque el objetivo principal de la ley era ver que no existiera bullying, abusos laborales. Lamentablemente, esto se prestó para otra cosa (...). Tenemos que tener una ley robusta, que defienda a los trabajadores, pero que no termine en un abuso”, sostuvo el diputado Valenzuela (IND-RN).

“Esta ley tiene volcada una parte importante de los funcionarios de la dirección del trabajo en el cumplimento de esta ley, y vemos que no tiene los efectos que se esperaba. No hay cumplimiento de plazos a nivel interno, porque cuando se hacen las leyes no se piensa en la implementación. Tienes que tener el personal para hacer la bajada”, sostiene la diputada Muñoz (PNL).

Por su parte, el diputado Briones (PDG) planteó: “Apoyé este proyecto porque necesitamos un respiro legislativo y administrativo para inyectar recursos, capacitar adecuadamente a los fiscalizadores, ajustar los protocolos de investigación y asegurar que cada denuncia reciba la atención rigurosa que merece. Apoyo esta tregua temporal para garantizar que, cuando la ley Karin se aplique con total plenitud, sea una herramienta real, justa y eficiente, y no una promesa vacía en el papel”.