Estos días celebramos la Primera Junta de Gobierno: un grupo que dejó de pedirle permiso a un poder concentrado y lejano. Dos siglos después discutimos variantes del mismo asunto: quién decide, con qué mayoría y a qué precio para los que no deciden.

A seis meses de la nueva administración, hay avances que reconocer, más allá de lo que marquen las encuestas. Los homicidios volvieron a niveles prepandemia, 17% menos en un año, y los robos violentos bajaron 13,2%. La Ley de Reconstrucción devolvió competitividad tributaria y certeza jurídica: el impuesto corporativo baja de 27% a 23% al 2029. Todo eso llevaba años pendiente. Pero el desempleo está en 9,5% y no espera la cosecha de 2028. Sembrar es indispensable; llegar a fin de mes también.

En eso entra la reforma al mercado de capitales. El ministro Quiroz la explicó con una buena analogía: teníamos un acuario con mucha agua y peces, que pasó a una pecera con una ballena grande. En 2008 el sector público concentraba el 14% de la renta fija; hoy ronda la mitad. Los fondos de pensiones cayeron de 84% a 64% del PIB. La bolsa cayó de 227 compañías en 2010 a 178, la última apertura fue en 2019 y este mes CAP anunció que saca a Cintac. No es un dibujo para extranjeros: la tasa hipotecaria en UF subió de 2% a 4% y, en términos reales, los precios de las viviendas se duplicaron, mientras los salarios crecían 31%. Por eso el pie no alcanza.

El proyecto ataca eso con seriedad. El Fonavi y el ahorro voluntario van al corazón del problema: el pie y el costo del crédito. El segmento junior abre una vitrina, y eliminar el RUT al no residente y la retención del 4% despeja los llamados “impuestos del frigobar”: pequeños, absurdos y suficientes para que nadie entre.

Un reconocido gestor de inversiones lo asimiló a tapar muchos hoyos en un autódromo local: alcanza para circular, no para una fecha de la Fórmula Uno. Va en la línea correcta, pero debería ser solo el punto de partida. Noruega, con menos habitantes que la Región Metropolitana, armó un régimen para que empresas medianas del mundo emitieran deuda ahí: el año pasado colocaron US$45 mil millones. Los minibonos se crearon en la Ley Fintech de 2023 y no se emitió ninguno: la norma de la CMF nunca llegó. El Congreso no es un buzón, y la ley tampoco.

Conviene unir dos discusiones. Con el desempleo donde está, y con lo que la IA hará con el trabajo, Chile necesita industrias que contraten. La primera es la construcción, y ahí no hay que inventar nada: permisos ya destrabados, crédito hipotecario más barato y vivienda social que no se detenga. El empleo viene detrás. La administración de fondos es otra: en el Gran Ducado pesa más del 10% del PIB. Tenemos horario compatible con Nueva York, tipo de cambio libre y cuatro décadas de oficio financiero. Generemos las condiciones para que las familias latinoamericanas estructuren su patrimonio desde Santiago y no en Delaware o Miami, y dejemos de perder comisiones y empleos.

Lo mismo corre fuera de las finanzas. Ya se exime de IVA el alojamiento de turistas que pagan en moneda extranjera. Con vuelos directos a Europa, Norteamérica y Oceanía, y una geografía única, lo que falta es más infraestructura. El turismo contrata rápido, en regiones y a quienes no tienen posgrado.

Volviendo al proyecto, la tramitación tiene trabajo. Rebajar quorum no reactivará por sí solo el mercado, pero sí puede perjudicar a los minoritarios.

El Mensaje responde bien: nadie queda desprotegido, porque la ley reconoce resguardos robustos, entre ellos la obligación de tomar el control mediante oferta pública, el régimen de partes relacionadas y el deber de cuidado de los directores. Muchos lo comparten.

El problema es que el proyecto mueve los tres. La normativa de OPA no se ajusta: en una recompra de hasta 15% del capital, las acciones en cartera no votan ni cuentan para el quorum, elevando el peso del controlador sin gatillar oferta pública. El Mensaje dice mantener los dos tercios para las partes relacionadas; el artículo 67 reformado no los mantiene, y solo el 147 los rescata en las abiertas. Y el deber de cuidado se atenúa con la nueva regla de discrecionalidad del 41, el mismo precepto que invocaba casi sesenta páginas antes.

El principio es correcto: no hacen falta superquorum si el resto funciona. Pero el orden importa: primero se afirma el piso, después se baja el techo.

La respuesta oficial es el derecho a retiro. Pero su valor lo fija un promedio bursátil que el proyecto no toca: la salida se tasa al precio de la pecera, no al del acuario. Un mercado se profundiza con más emisores e inversionistas, no con menos protección. Quien quiere levantar recursos de terceros no empieza por debilitar a quienes ya los pusieron.

La meta debe ser el océano: no solo una bolsa más líquida, sino el empleo que hoy se crea en Dublín u Oslo, y que podría generarse acá. Para eso hace falta ir más lejos: urgencia con quien hoy no tiene trabajo, y que el pequeño accionista no sea quien primero pague el pasaje.

El autor es Economista, director de empresas y director de Ideas Republica