Tras la aprobación de la megarreforma, el gobierno de José Antonio Kast dio pasó a una segunda etapa que pretende abordar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) anunciada el pasado miércoles, lo que no tardó en generar reacciones dentro del Congreso.

Esta nueva fase que encabezará el ministro de Seguridad Martín Arrau (Republicano) es ambiciosa: ya hay 19 proyectos de ley en tramitación, otros nueve proyectos y una reforma constitucional cuyo foco será la seguridad pública y pretende ser despachada antes de navidad.

En concreto, la norma presentada por el gobierno que busca que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado fue cuestionada por miembros de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta.

El senador Karim Bianchi, quien es presidente comisión Seguridad, sostuvo que “si entrar a este registro puede significar, por ejemplo, incautación de bienes, afectación de derechos, incluso consecuencias penales, entonces estamos hablando no de una simple lista”.

“Tengo una duda de fondo, ¿corresponde que el Ejecutivo decida quién entra y que el Senado termina siendo de tribunal? A Mi juicio, el Senado no está para reemplazar a los jueces. Quiero conocer el texto primero, porque debemos ser implacables contra el crimen organizado, pero también rigurosos en cómo vamos a construir estas herramientas", agregó Bianchi.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), quien también conforma la comisión de Seguridad, advirtió que hay que tener “cuidado” de dejar en “control político y no judicial, que es lo que corresponde, que sean los tribunales los que digan cuáles son las bandas de crimen organizado”.

El senador socialista apuntó que “aquí se busca algún modo extremar posiciones y convertir una batalla que hoy día no se da en las calles en una batalla ideológica (...) Los anuncios son confusos y creo que esto va a haber que revisarlo muy bien porque además requiere 4/7, y eso es un quórum muy alto y va a necesitar acuerdos con la oposición”.

En ese sentido, el senador Pedro Araya (PPD) sostuvo que esperaran el proyecto completo para fijar “una posición definitiva”. Sin embargo, señaló que “varias de las medidas ya están contempladas en la Constitución o en la ley, y otras no son más que ideas que ya impulsaron gobiernos anteriores”.

Si bien Araya sostuvo que respaldarían iniciativas que “golpeen al crimen organizado”, el parlamentario señaló que no apoyarán “soluciones improvisadas o fórmulas que pasen por encima de la Constitución y de las atribuciones de los tribunales de justicia, porque eso termina siendo una mala solución, que al final de cuentas debilita al Estado”.

En contraste, el senador Cristián Vial (Ind-Rep) defendió la propuesta y sostuvo que la modificación tendría principalmente un carácter preventivo e investigativo. “Yo creo que es útil para la calificación institucional previa de determinadas organizaciones, una labor preventiva utilizable en investigaciones y en procesos penales también”, señaló.

Vial agregó que el registro no reemplazaría el trabajo de los tribunales ni del Ministerio Público. “Este registro, me imagino yo, no habilita la condena automática, porque la ley deberá definir órgano competente, el estándar, el procedimiento, los efectos, la vigencia y la impugnación. Pero yo creo que fundamentalmente es preventiva investigativa. Esa es la orientación que se le da a esta modificación”.