Una nueva jornada deliberaciones tuvo este jueves en la mañana la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio).

A pesar de que la defensa de Grau, liderada por el abogado constitucionalista Patricio Zapata, en compañía de otro extitular de Hacienda, Mario Marcel -que concurrió por segundo día a la instancia-, se ha esforzado en hacer valer argumentos jurídicos y económicos para desestimar el libelo; son las razones políticas las que siguen moviendo la aguja de la balanza entre quienes están a favor o en contra de la presentación redactada por legisladores republicanos y libertarios.

Hasta hoy, en el oficialismo y en la oposición coincidían en las estimaciones de que la ofensiva contra el último jefe económico del expresidente Gabriel Boric se aprobaría en la sala de la Cámara, cuando se vote probablemente el martes. No obstante, en los próximos días puede que haya movimientos a favor o en contra.

Si bien las fuerzas de derecha contabilizan 76 diputados, había al menos cuatro de ellos que tenían distancia e, incluso, una postura de rechazo a la acusación: Ximena Ossandón (RN), Tomás Kast (Evópoli), Jorge Guzmán (Evópoli) y Joanna Pérez (independiente ex Demócratas). Todos ellos integrantes del comité mixto RN-Evópoli.

Sin embargo, este jueves, a ese grupo de declarados disidentes al libelo se sumó un nuevo diputado de esa colectividad, Andrés Celis (RN).

“Hay que distinguir. Una cosa es ser un muy mal ministro, hacer muy mal las tareas, desarrollar muy mal sus funciones, y otra cosa es actuar dolosamente en relación a la función como ministro. Y como yo no me he hecho la convicción que aquí haya un actuar doloso de un ministro de Estado, es que yo voy a votar en contra de la acusación constitucional”, dijo Celis.

En RN señalan que las dudas sobre la pertinencia del libelo que expresó la constitucionalista y expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, en entrevistas y también en la comisión revisora, están incidiendo en la posición de la bancada. En vista de las divisiones que generaba el tema, el comité RN ya había resuelto dar libertad de acción.

Pese a ello, los desmarques de RN y Evópoli, puede que no sean suficientes para salvar a Grau, ya que los diputados liberales están en reflexión, al igual que la mayoría de la bancada del PDG. Estos votos serán dirimentes de la suerte de Grau.

Este jueves, excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, señaló que sus parlamentarios aún no toman una decisión colectiva, postura que se adoptará en la víspera de la votación en la sala.

El martes pasado, la bancada del Partido de la Gente se reunió para analizar el libelo, en vista de que al menos tres diputados ya anunciaron su respaldo al texto: Pamela Jiles, Javier Olivares y Patricio Briones.

A ellos se sumó, además, el diputado Alex Nahuelquín, representante por Los Lagos, quien confirmó “voy a votar a favor”.

Por su parte, el diputado Cristián Contreras (todavía militante PDG, pero apartado de la bancada), también anunció su respaldo al libelo. “La voy a aprobar. Después de un estudio de mucho tiempo, no solamente de esta acusación, sino también de la auditoría que está haciendo el gobierno y otrod antecedentes, concluí que hay méritos para aprobar la la acusación constitucional que apunta al exministro, pero que también aquí hay responsabilidades del exjefe de Estado, Gabriel Boric”.

Tensión liberal

En tanto, el ambiente en el Partido Liberal quedó tensionado luego de que sus tres diputados (dos militantes y un independiente asociado) le solicitaran a la directiva la libertad de acción para votar el libelo.

En una misiva por Alejandro Bernales (PL), Luis Malla (PL) y Sebastián Videla (indep. asociado) señalan que la acusación es “una materia de la máxima relevancia institucional y política, cuyos antecedentes y méritos deben ser ponderados por cada parlamentario en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales conforme a su criterio y responsabilidad individual ante la ciudadanía”.

La petición, en todo caso, es una mera formalidad de convivencia interna en la colectividad, ya que por ley los partidos no pueden dar órdenes de cómo votar a sus parlamentarios.

Tras la difusión de la carta la directiva del PL emitió una rápida respuesta, advirtiendo que en este tema no habrá libertad de acción.

Sin embargo, el mismo presidente de la colectividad, Juan Carlos Urzúa, admitió que se trata de una formalidad no prevista en la ley. “Lo tenemos claro, no hay órdenes de partido, pero así como los diputados solicitaron libertad de acción, nosotros también podemos señalar, no es más que una indicación ante esa solicitud de que no aceptamos ni autorizamos una libertad de acción. Ahora, evidentemente, nosotros, hablando con los parlamentarios, lo que les pedimos es que tomen la decisión correcta en función de lo que es bueno para Chile y creemos que esta acusación constitucional no es buena para Chile”.