“El problema es que se estableció un modelo de trabajo equivocado”, dice el ministro de Justicia, Fernando Rabat, al abordar la renuncia de integrantes de la Comisión de Verdad y Niñez. Entrevistado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, por Rodrigo Álvarez y Juan Manuel Ojeda, el secretario de Estado hace frente también a los cuestionamientos que ha recibido por parte de algunos de sus antecesores por el trabajo en materia de derechos humanos.

Integrantes de la Comisión de Verdad y Niñez renunciaron reflejando tensiones. ¿Cuál es el estado de la comisión y qué gatilló las dimisiones?

Para nosotros es muy relevante la comisión, que es un deber para el Estado. Días atrás me encontré con un joven que formaba parte de una fundación relacionada con los niños del ex-Sename y le aseguré que el Estado no le iba a volver a fallar. ¿De qué manera el Estado no le va a fallar a los niños del Sename? Tomando una comisión que había establecido un modelo de trabajo hace seis meses, un modelo de trabajo que no sirvió, porque de un universo de 700 mil personas que pasaron por el Sename se habían logrado solamente 233 entrevistas. Estábamos a un promedio de menos de una entrevista mensual, lo que significa que para poder cumplir con el universo era necesario esperar aproximadamente 700 años. No podemos como Estado permitir que una comisión en esas condiciones no tenga un cambio relevante. Ese cambio lo vamos a materializar con la designación de un secretario ejecutivo, que ya empezó su trabajo el lunes, y con la composición de un consejo con nuevas personas de distintas sensibilidades, expertas en materia de niñez, y que vamos a anunciar de aquí al 15 de mayo.

Entonces, el problema principal fue de eficiencia...

El problema es que se estableció un modelo de trabajo equivocado, y ese modelo no funcionó, eso salta a la vista. El mandato original de la comisión vencía ahora y hubo que prorrogarlo un año.

¿Se pudo plantear eso a los comisionados?

Esa materia la asumieron directamente los subsecretarios de Justicia y de DD.HH., plantearon nuestra mirada a los comisionados. Es una pena que hayan renunciado pero tenemos la convicción de que vamos a tener un consejo nuevo y un trabajo potente que desarrollar.

¿Qué responde cuando exautoridades como el exministro Jaime Gajardo hablan de negacionismo en materia de derechos humanos?

Lamento que los exministros se transformen en comentaristas, porque no sé de dónde puede sacar esa afirmación. Acá se ha seguido trabajando. El subsecretario de DD.HH. ha hecho un trabajo inagotable en materia de derechos humanos, lleva más de 100 reuniones con distintos agentes, intervinientes en materia de derechos humanos. Yo desafío si es que el gobierno anterior tuvo más de 100 reuniones con personas vinculadas a distintas sensibilidades en materia de derechos humanos. Los derechos humanos no tienen una mirada unilateral, son globales y abarcan una serie de miradas.

¿Descarta negacionismo?

Es que no existe.

En el programa el ministro de OO.PP. dijo que no se construirá cárcel en Santiago. El alcalde Mario Desbordes no quiere que se construya. ¿Qué dice Justicia?

Creo que ningún alcalde quiere que se construyan cárceles en su comuna. Hay que entender en todo caso que todo proyecto carcelario tiene importantes medidas de mitigación. Por ejemplo, los proyectos concesionados en algunos lugares tienen medidas de mitigación por 100 mil unidades de fomento. El ministro Arrau tiene toda la razón porque no se va a construir una nueva cárcel en Santiago. Lo que se hace es ampliar las actuales instalaciones y eso está dentro de las proyecciones, existe dentro de esta llamada Ley Fast Track para construir o ampliar cárceles. Nos dejaron un superávit en materia de cárcel, una sobrepoblación de más del 140%. Tenemos que abordar ese problema y solo se puede abordar con la construcción de nuevas cárceles. Comienza ahora a funcionar la cárcel del Maule, están prontos a celebrarse los contratos en Copiapó, se acaban de aprobar bases de licitación en Calama.

El exministro Cordero dijo en el programa que es muy poco probable que en cuatro años se puedan construir 20 mil plazas.

Espero que esté equivocado el ministro Cordero porque le demostremos lo contrario.

Generalmente se demora entre 12 y 14 años la construcción de una cárcel.

Se han estado revisando algunos modelos que permiten construir de manera más rápida que esperamos poder implementar acá también (...). Sistemas modulares que permiten hacer una construcción más rápida.

El Presidente dijo que utilizaría la facultad de los indultos y también habló de una reforma al respecto. ¿En qué está eso?

Lo primero es que, como ministro de Justicia, me corresponde aplicar la ley vigente, hay que resolver las solicitudes de indulto conforme a la legislación vigente. Respecto a lo segundo, son los parlamentarios quienes han presentado proyectos de ley, algunos que ponen término a la facultad de indultar y otros que establecen algunas modificaciones en orden a generar un consejo para los indultos. No hay una opinión formada hoy día del gobierno respecto a esos proyectos.

¿No hay avance en eso?

No hay avance en los proyectos y tampoco como gobierno hemos tomado una opinión sobre el particular.

El lunes se cumplen 60 días de instalación del gobierno.

Yo pensé que eran varios años ya (risas).

¿Cuánto de lo heredado le ha dado más trabajo?

Creo que la administración de los servicios estaba muy dejada a la mano de Dios. Hemos trabajado muy fuerte con la auditora ministerial para abocarnos a revisar cada una de las situaciones y poderlas sacar adelante.