Cuatro sesiones tuvo la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados esta semana.

La maratónica semana legislativa que tuvo esta instancia, presidida por el diputado José Carlos Meza (republicano), respondía a la intención del parlamentario de despachar rápidamente el proyecto de Sala Cuna Universal, que fue recibido por la Cámara Baja luego de los tijereteos que sufrió la propuesta gubernamental en el Senado, producto de una ofensiva opositora encabezada por la senadora Yasna Provoste (DC).

En el primer trámite, por ejemplo, se rechazó la fórmula de financiamiento planteada por La Moneda, que consideraba sustentar un fondo solidario de sala cuna con descuentos a los aportes que hacen los empleadores al Seguro de Cesantía, con el fin de no encarecer la contratación de mano de obra. Además, se aprobó una norma que le confiere la titularidad del derecho a los menores de dos años, en vez de al empleado.

Si bien el ministro del Trabajo, Tomás Rau, definió una estrategia para reponer los puntos caídos de la iniciativa, negociando con el PDG y algunos descolgados de la oposición, su plan no ha dado frutos. Hasta el momento, el Ejecutivo no tiene los votos para reponer especialmente el mecanismo de financiamiento, que es parte del “corazón” del proyecto de Sala Cuna.

El problema es que el diputado Meza pretendía votar la iniciativa hasta su total despacho sin el piso necesario. Además de la resistencia de la oposición, la diputada Ximena Ossandón (RN) también expresó su desacuerdo con apurar esa definición.

Ante un panorama político que se ensombrecía, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, tomó la iniciativa y se abrió a postergar esta resolución al menos hasta la tercera semana de octubre.

La diputada Ossandón, quien en la sesión del martes pasado se opuso incluso a ponerle fecha a la votación, explicó a La Tercera que, mientras no haya un piso político, sería un error llevar la iniciativa a la Sala, considerando, además, que el PDG ya cerró un acuerdo preliminar con la centroizquierda y la izquierda para presionar al gobierno.

“Lo que pasa es que nosotros podemos ganar este proyecto en la Comisión de Trabajo, pero tenemos que tener los votos asegurados también y el convencimiento de todos para la Sala”, explica la diputada RN.

“No puede pasar y volver a suceder lo que ha pasado en otros proyectos. Para eso necesitamos conversar, en estos días estamos en eso, estamos conversando transversalmente para tratar de llegar y ver cuáles son las líneas rojas de un sector y de otro”, dijo.

En cuanto a la propuesta que presentará, la también vicepresidenta de la Cámara aseguró que aún la están trabajando, pero adelantó que recogerán ideas que puso sobre la mesa el expresidente Gabriel Boric respecto de echar mano al menos a una parte del Seguro de Cesantía.

“Recogemos eso, recogemos la propuesta del ministro Rau, pero para esta ecuación es muy importante la voluntad política del Presidente de la República y la voluntad política del ministro Jorge Quiroz”, dijo la parlamentaria.

En la evaluación crítica que existe entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición, hay coincidencia en que la reforma al sistema de Sala Cuna es una política pública de apoyo transversal, pero que para llegar a un entendimiento respecto de la fórmula de financiamiento es necesario contar con el visto bueno de Hacienda, ya que el ministro Rau tiene un margen muy reducido para moverse.

Frente a la propuesta planteada por la diputada y presidenta del FA, Gael Yeomans, Ossandón comentó que “estamos trabajando con ellos en forma bastante eficiente. Ya hemos iniciado esas conversaciones y lo vamos a hacer con todo el que quiera conversar y llegar a consenso”.

Acuerdo PDG y FA

Días atrás, las fuerzas de oposición, en conjunto con el PDG, emitieron una declaración pública en la que explicitaban sus exigencias al gobierno en torno al proyecto.

La carta fue firmada por la presidenta del FA; la subjefa de la bancada del PDG, Tamara Ramírez; Luis Cuello (PC), Nelson Venegas (PS), Héctor Ulloa (ind.-PPD) y Patricio Pinilla (DC).

“Reiteramos nuestro compromiso con poner fin a la discriminación que establece el actual artículo 203 del Código del Trabajo, que consagra el derecho a sala cuna exclusivamente a mujeres de aquellas empresas que contraten a veinte o más trabajadoras. Esta circunstancia ha afectado su empleabilidad; ha desconocido los derechos de niños y niñas y ha impedido avanzar en corresponsabilidad”, dice la declaración gestionada por Yeomans y la jefa del comité del FA, Emilia Schneider.

“Valoramos que, en el marco del proyecto de ley de Sala Cuna Universal, el Senado reconociera a los niños y niñas menores de dos años, hijos o hijas de personas trabajadoras, como quienes tienen derecho a acceder a sala cuna”, añade el texto, que sintoniza con la idea aprobada por el Senado, a contrapelo de lo que pretendía el gobierno, en el sentido de que el titular del derecho debía ser el trabajador y no su hijo.

Además, critican que la propuesta de La Moneda debilita derechos. “El proyecto reemplaza el derecho de las personas trabajadoras a que su empleador provea salas cunas por el de cotizar en un Fondo. El empleador es un mero pagador de cotizaciones y las personas solo pueden exigir su pago, abandonando la lógica del derecho de sala cuna con más de cien años de antigüedad”.

Frente a ello, proponen mantener la obligación de los empleadores, “lo que es plenamente compatible con propiciar un fondo que financie las salas cunas y que considere especialmente medidas de apoyo fiscal hacia las PYMES”.

También cuestionan el copago, pues, a juicio de los legisladores, traslada el costo a las familias.

Acusan que en la fórmula del gobierno la red pública queda excluida del financiamiento y añaden que se genera un doble estándar de calidad.

Igualmente plantean que “no es aceptable financiar un derecho recortando otro”, sostienen los diputados en abierta crítica al uso de dineros del Seguro de Cesantía.