El 10 de marzo de este año fue la última sesión de quienes integraban el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, cuyo mandato debe renovarse cada 4 años.

Desde entonces se encuentra acéfala esta entidad, cuya misión es regular el uso de los dineros fiscales (asignaciones) que se entregan para la labor institucional de los senadores y diputados, por ejemplo, en temas de contratación de personal, gastos de oficina y arriendo de sedes.

Si bien la Comisión Bicameral, integrada por diputados y senadores, había llegado a un acuerdo para nominar a los cinco nuevos consejeros, la propuesta ya fue aprobada por amplia mayoría en el Senado (33 votos a favor y 8 abstenciones), en la Cámara el panorama es completamente distinto.

Razones para suponer que la nómina podría ser rechazada hay varias.

De partida, para aprobar la propuesta se requieren tres quintos de los diputados en ejercicio, es decir, 93 votos.

El problema es que, entre los diputados de RN, el PS y la UDI, hay un subterráneo disgusto con la decisión de la Comisión Bicameral, donde se impuso la voluntad de un grupo de senadores de sus mismos partidos, además de los del PPD, para proponer a los exmiembros de la Cámara Alta, Jaime Quintana (PPD) y Rafael Prohens (RN). Ello dejó fuera de carrera a los exdiputados Daniel Melo (PS), Leonardo Soto (PS), Jorge Rathgeb y Hugo Rey (RN).

En segundo lugar, los partidos Republicano y Nacional Libertario tampoco quedaron conformes con la propuesta, pues quedaron afuera nombres de su sensibilidad política. De hecho, cuando se votó esta nominación en la Sala, los senadores Arturo Squella (republicano) y Vanessa Kaiser (libertaria) hicieron sus reparos y se abstuvieron.

“No se llegó a una lista que, de alguna manera, represente significativamente las sensibilidades que conviven en el Congreso Nacional. Da la impresión de que algunos todavía se mantienen en una lógica media binaria”, dijo Squella, presidente del Partido Republicano, en la sesión del 22 de septiembre.

En la Cámara, los diputados de la colectividad fundada por el Presidente José Antonio Kast escalarán aquella queja. Consultado por La Tercera, el jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, adelantó que “la vamos a rechazar”. Si los legisladores de esa colectividad actúan alineados, automáticamente la propuesta no contaría con 30 votos.

Además, se sumó un factor de índole judicial. La Fiscalía de Copiapó tiene una investigación abierta por una denuncia de presunto cohecho, levantada por una empresa de Atacama, que salpica a Prohens, según reveló La Segunda.

Incluso existe un informe del Comité de Auditoría —que supervisa el cumplimiento de las instrucciones del Consejo de Asignaciones— que transparenta que el año pasado el Ministerio Público requirió información por ese caso.

Ante las dudas que generó aquella denuncia, los senadores del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez, también se abstuvieron, a pesar de que la nómina de cinco integrantes fue visada por el diputado Jaime Bassa, quien fue el representante del FA en la Comisión Bicameral.

Ante la falta de apoyo, la misma mesa de la Cámara resolvió no someter a votación por el momento la propuesta.

Sin embargo, si esta definición se sigue postergando, ya son varias las opiniones en la Cámara y el Senado que sugieren que lo mejor sería iniciar una reforma para suprimir esta entidad o bien rechazar su presupuesto, ya que la fiscalización de los recursos sigue operando de todos modos a través del Comité de Auditoría, cuya continuidad no está en cuestionamiento.

Premio de consuelo

El tema de fondo de esta conflictiva renovación de cargos es el codiciado botín que significa ejercer como consejero.

Para un exparlamentario que perdió su reelección o no pudo repostularse por el límite constitucional, es un significativo premio de consuelo.

El costo de mantención del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias supera los 776 millones de pesos al año, según el presupuesto contemplado para 2027.

Casi todos estos recursos van destinados a personal. De partida, cada consejero recibe una dieta mensual del orden de 4 millones de pesos, pero su presidente tiene un ingreso mayor, de 5,2 millones de pesos.

No obstante, se trata de un cuerpo colegiado sin dedicación exclusiva, que se reúne en promedio dos veces al mes, en algunos casos de forma telemática, en encuentros que no superan la hora y media. La ley, en todo caso, les exige sesionar al menos una vez al año.

Precisamente, los ingresos y la baja demanda de tiempo habían transformado al Consejo en un codiciado botín político.

Esta entidad debe estar integrada por un exconsejero del Banco Central; un exdecano de una facultad de Administración, de Economía o de Derecho; un exministro de Hacienda o de Economía o un exdirector de Presupuestos; un exsenador y un exdiputado.

En esta ocasión, la Comisión Bicameral se inclinó por los exsenadores Prohens y Quintana, con la salvedad de que el dirigente PPD fue incluido en su calidad de exdiputado.

También se definieron los nombres de Matías Acevedo (exdirector de Presupuestos); Roberto Zhaler (exconsejero del Banco Central); María Graciela Brantt (académica de una facultad universitaria).