En medio de las diferencias que ha generado en el oficialismo la reforma constitucional en seguridad anunciada por el gobierno, los senadores Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, y Andrés Longton (RN) acordaron impulsar modificaciones a dos de los aspectos que más reparos han provocado: el diseño del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública y la posibilidad de afectar las comunicaciones.

El acuerdo supone un acercamiento de posiciones luego de que Squella cuestionara las críticas surgidas desde el propio sector y emplazara a los parlamentarios de Chile Vamos a definir “en qué lado se quieren poner”, mientras que Longton ha sido una de las voces oficialistas que ha pedido revisar los alcances de la propuesta.

Este miércoles, ambos senadores difundieron en sus cuentas de X una declaración conjunta en la que anunciaron la presentación de indicaciones durante la tramitación de la iniciativa.

“Coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional”, señalaron.

El principal cambio apunta al nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, cuyo diseño ha generado cuestionamientos, entre otras materias, porque podría mantenerse vigente hasta por 240 días sin autorización parlamentaria.

Frente a ello, Squella y Longton plantean una fórmula distinta, y que se decrete " con acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional desde el primer momento y sujeto a revisión cada 30 días”.

La postura recoge uno de los principales reparos levantados desde Chile Vamos, donde distintas voces han cuestionado la posibilidad de mantener la excepcionalidad durante períodos prolongados sin intervención del Poder Legislativo.

Intervención de comunicaciones

El segundo punto de acuerdo apunta a otra de las facultades contempladas en la propuesta del Ejecutivo que hace referencia a interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones.

Squella y Longton, sobre ese punto, afirmaron que “es conveniente dejar fuera la afectación a las comunicaciones que originalmente se sometió al debate legislativo”.

El pronunciamiento se produce mientras RN prepara su propia revisión de la reforma. Para este jueves, la directiva convocó a sus parlamentarios a una reunión con los abogados constitucionalistas Marisol Peña, Juan José Ossa y Teodoro Ribera para analizar sus alcances.

Longton ya había adelantado que el partido buscaría introducir modificaciones. “La discusión debe darse con seriedad y poniendo por delante legislar para combatir con herramientas legítimas y efectivas el crimen organizado y terrorismo y para eso la precisión de los cambios es relevante”, había dicho durante esta jornada.

En paralelo, parlamentarios de Chile Vamos han comenzado a elaborar indicaciones, mientras en la UDI también se trabaja en propuestas para modificar las disposiciones que han provocado reparos.

Pese a las diferencias, Squella y Longton reafirmaron su intención de avanzar con el resto de la agenda del Ejecutivo. “Seguiremos trabajando para aprobar todos los proyectos de seguridad, teniendo en cuenta que la emergencia por la que atraviesa nuestro país, amerita el máximo esfuerzo de todos, en total unidad nacional”, concluyeron.