El exgerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, prestó declaración en el marco del juicio por la demanda colectiva que presentó Conadecus en contra de AFP Modelo, por las fallas en el primer retiro de fondos previsionales durante la pandemia.

El ingeniero comercial de la Universidad Católica está radicado en Washington, donde se desempeña como consultor internacional y director del Internacional Center for Pension Management. En su declaración ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, el economista -por medio de una videoconferencia- efectuó un minucioso análisis sobre los problemas que enfrentaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) durante ese primer giro de fondos previsionales y la compleja relación con la banca.

Uno de los problemas que más dolores de cabeza generó a las AFP fue pagar en un plazo acotado, indicó. Las AFP debían reconocer quién era el individuo solicitando el retiro, que esa persona tuviera una cuenta para ser depositada en caso que quisiera ser depositada y “ese es un trabajo que no lo puede hacer la AFP”, explicó Larraín. “Es un trabajo que se hace con los bancos, por lo tanto, acá había una articulación con los bancos, desde el BancoEstado hasta el Banco de Chile, pasando por distintos bancos, que tenía un nivel de complejidad altísimo, porque no estaban acostumbrados los bancos a recibir esta cantidad”, sostuvo en su declaración vía remota y a la que tuvo acceso Pulso.

Asimismo, reconoció que “la interacción con los bancos fue bastante compleja. Para ponerlo en simple, había que acreditar que la persona que solicitaba el retiro tenía su cuenta personal en ese banco. Y, el segundo gran tema, era cómo el banco pagaba finalmente eso. Ahora, más que el pago era cómo la AFP le entregaba el dinero al banco”.

Detalló que hubo un caso particular también con BancoEstado, dado que la gran mayoría de las personas tiene cuenta en este banco y la ley no era clara respecto de los cobros transaccionales por el retiro del 10%. “BancoEstado tiene dentro de sus políticas un límite de transacciones y luego de eso, ciertos cobros. Por lo tanto, también había un tema, porque si es que, por ejemplo, Fernando Larraín solicitaba que se le depositara un millón de pesos en su cuenta de BancoEstado, yo no podía ir con mi tarjeta a sacar al cajero un millón de pesos. Tenía que hacer varias transacciones y esas transacciones tienen costos asociados y esos costos asociados iban en desmedro del afiliado y, por lo tanto, no recibía el 10% real, recibía menos, y eso también generó un marco de complejidad en particular”, indicó.

“Otro tema en particular respecto del pago, era que si las personas no querían que su pago fuera depositado y querían los recursos en efectivo, las AFP no son cajas pagadoras, por lo tanto, tienen que pagar a través de terceros y, en este caso, pagar a través de un banco. Como los bancos no tenían la liquidez necesaria para poder pagar y además los bancos tampoco querían filas o colas en sus sucursales, producto del Covid. Acuérdense que en este momento del tiempo, estaban las colas en el Registro Civil por gente que quería sacar nuevamente su carnet de identidad”, recordó.

Larraín además añadió que “también habían filas en las Administradoras de Fondos de Cesantía por la gente queriendo cobrar los fondos de cesantía. Lo que no querían eran grandes filas productos del Covid la industria bancaria, por lo tanto, no es que se haya restringido, pero la normativa fue muy clara en tratar de evitar el pago en efectivo o a través de vales vista. Y eso, de nuevo, también generó un proceso de alta complejidad para las personas”.

En su relato ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, Larraín destacó en seis ocasiones que el primer retiro de fondos previsionales fue un proceso “excepcional”, en un plazo breve y que no dio tiempo para que la Superintendencia de Pensiones elaborara un marco normativo detallado.

Según el economista, las AFP debieron efectuar una serie de coordinaciones con entidades públicas como Registro Civil, Superintendencia de Pensiones, Corporación Judicial y Carabineros, en un proceso inédito. El otrora vocero de las AFP, que ejerció su cargo durante cinco años, destacó lo extraordinario del proceso, pues el sistema debió ajustarse a contrarreloj, luego de una tramitación legislativa muy rápida por la presión de la ciudadanía por contar con dichos recursos para enfrentar la emergencia sanitaria.

“En temas tecnológicos, no se pensó cómo la persona iba a acreditar quién era. No se pensó si esto se podía hacer en varios pagos o en un solo pago. No se dimensionó el problema financiero detrás de esto y, por lo tanto, en el proceso legislativo per sé, lo que se discutió básicamente era que había que entregar los recursos de los trabajadores, que se necesitaban, pero no hubo una discusión legislativa ni hubo un momento, por ejemplo, para que la Superintendencia de Pensiones o actores relevantes, como en cualquier proceso legislativo que se invita a personas a hablar técnicamente respecto de esto, se pudiera dar”, afirmó.

“Esto se hizo con una velocidad muy grande porque la presión pública que había era muy grande. Recuerdo que cuando se votó este proyecto en la Cámara de Diputados, las personas en sus casas estaban viendo la votación por televisión, y eso no pasaba antes”, manifestó.

Y agregó que “fue excepcional, porque nunca en Chile se había permitido el uso de los ahorro de los trabajadores para usos que no fueran netamente previsionales. Entonces, la circunstancia en que se hizo fue una circunstancia extraordinaria. Incluso, yo me acuerdo en la discusión del proyecto de ley, que siempre se habló de un tema que era extraordinario, o sea, una ley en sí misma, concebida en su origen, extraordinaria. Lo segundo, es que la velocidad en la cual se legisló fue muy rápida. Todos los que han tenido alguna vez experiencia respecto de los tiempos del Poder Legislativo, estos son tiempos más bien largos. Este fue un proyecto que se legisló con mucha premura producto de la circunstancia excepcional de la pandemia del Covid-19, porque también había un efecto externo que hacía que esto fuera excepcional”.

Finalmente, reiteró que “la legislación fue muy rápida, lo que no dio tiempo para que hubiera una normativa por parte de la Superintendencia de Pensiones que bajara todos los temas técnicos a procesos. Una cosa es que se permita el retiro de los fondos previsionales del 10% y la otra, son todos los procesos que tienen que hacer las AFP’s para poder cumplir con la ley que se hizo. Y esos procesos no los puede hacer una AFP como quiera, sino que hay un marco normativo que tiene que emitir la Superintendencia de Pensiones para que eso se haga”.