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Alejandro Weber: “Ya sería un avance si, incluso, se hacen cambios quirúrgicos al Estatuto Administrativo”

El exsubsecretario de Hacienda fue uno de los redactores del proyecto que buscó sin éxito modificar las reglas del empleo público durante la última administración de Sebastián Piñera. “Hoy es un buen momento para hacerlo y es muy necesario”, dijo el también el decano de la Facultad de Economía de la USS sobre la intención de Hacienda por avanzar en esta reforma.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que esta semana se anunciarán los nombres de la comisión para revisar el Estatuto Administrativo. El domingo se anunció la medida y este lunes se entregaron detalles respecto a su hoja de ruta.

Sobre su composición, se espera una comisión transversal, que será dirigida por un economista independiente, y su función será revisar el actual Estatuto Administrativo, es decir las normas laborales que rigen a los funcionarios públicos, y que data de la dictadura.

El ministro Quiroz resaltó el objetivo de la medida en el contexto de generar la consolidación fiscal en el corto y largo plazo.

En este contexto, Pulso conversó con el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien fue uno de los redactores del proyecto que buscó sin éxito modificar las reglas del empleo público durante la última administración de Sebastián Piñera.

El proyecto que usted redactó ni siquiera pudo ser tramitado. ¿Es hoy un buen momento político para avanzar en cambios al empleo público?

-Sí, es un buen momento para hacerlo y es muy necesario. Esta coyuntura se empezó a gestar desde el año pasado cuando empezamos a ver los cuestionamientos al funcionamiento del Estado por el abuso de las licencias médicas. Recordemos que se detectó, gracias a una investigación que hizo la Contraloría, que 25 mil funcionarios salieron fuera de Chile utilizando licencias médicas falsas. Eso fue el corolario de ciertos abusos o malas prácticas en el Estado y que requieren una regulación distinta. Ese malestar de la ciudadanía con el sector público tiene una larga data.

Por otro lado, la gente también ve como el gasto fiscal ha aumentado 3,5% promedio real anual en los últimos 10 años. El empleo público del Gobierno Central ha crecido más de un 50% en los últimos 10 años y prácticamente un 100% en los últimos 15 años, versus un crecimiento de cerca del 13% del empleo privado. Cuando la gente ve este aumento significativo en gasto público y en personal, pero también ve que no va acompañado de mejores servicios a la ciudadanía, de reducción de listas de espera… se genera mucho malestar.

Este es un buen momento para tomar ese malestar de forma propositiva, para generar cambios. También es un buen momento político, porque el Gobierno está en muy buen pie luego de la aprobación de la megarreforma. Es evidente que tiene el control de la agenda, que tiene apoyos también dentro del Congreso que le permitirían avanzar, aun cuando no sea con una reforma general o estructural.

¿Cuáles son los principales vicios de la rigidez del empleo público hoy en Chile?

-Tenemos una Ley del Estatuto Administrativo o régimen del personal de Estado que se viola regularmente. Dicho de otra manera, tratamos con total hipocresía aquello que está puesto en la letra. Por ejemplo, las huelgas en el sector público son ilegales y, sin embargo, conocemos año tras año como distintos servicios públicos paralizan sus funciones y el regulador hace caso omiso de esa violación flagrante de las reglas del juego.

Lo segundo es que el empleo público, cuyas últimas regulaciones se hicieron antes del retorno a la democracia, establece que es la planta la que debe ser predominante; el 80% de los empleos debe ser de planta. Sin embargo, eso no es así hoy: menos de un tercio del empleo es de planta y el resto del empleo es contrata u honorario, que son modalidades en el papel más flexibles, más discrecionales, y que fueron las vías de escape que encontraron todos los gobiernos, sin excepción, para poder ir incorporando a su personal de confianza.

Lo tercero es que, ante la falta de haber llegado a acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo para modernizar el estatuto administrativo nos fuimos llenando de manera inorgánica de “tapa-hoyos”. Estos fueron generados por la Contraloría a partir de sucesivos dictámenes que fueron llenando los vacíos estatutarios como, por ejemplo, la confianza legítima, que fue revertida por la actual contralora de manera muy apropiada (…) eso hacía que en la práctica, por la vía de los hechos, los funcionarios a contrata se transformaban en una nueva planta, es decir, inamovible.

Esos son tres ejemplos de lo perverso, hipócrita e irracional que son hoy día las reglas del juego y, sobre todo, cómo se administran en la práctica.

¿Hay viabilidad para hacer grandes cambios al estatuto administrativo o se debe apostar a reformas más quirúrgicas?

-Durante el segundo gobierno del Presidente Piñera tratamos de hacer un cambio estructural. Este cambio estructural fue conversado durante varios años con la Anef y, lamentablemente, no encontramos la oportunidad para poder hacerlo por los efectos del estallido social y la pandemia. Es muy difícil generar una modificación general del sistema, pero sí es posible hacer algunos cambios quirúrgicos relevantes que permitan modificar los flujos. ¿Qué significa eso? Que es muy difícil cambiar las condiciones del empleo público para los más de 535.000 personas que hoy están en el gobierno central… eso aumenta a más de 800.000 si se suman los municipios. Pero sí es completamente pertinente ir afectando las reglas del juego para las personas que se incorporen de aquí en adelante al empleo público. Ya sería un avance si, incluso, se hacen cambios quirúrgicos al Estatuto administrativo.

¿Es posible esta vez sortear la resistencia de grupos de presión como la Anef para hacer cambios al Estatuto Administrativo?

-La evidencia que hemos conocido en los últimos años y el malestar ciudadano con las malas prácticas en el sector público hacen que las asociaciones de funcionarios estén más permeables a la necesidad de un cambio. Van a estar mucho más permeables a aceptar ajustes que permitan avanzar en un sistema más flexible y más moderno y que haga también sentido a la ciudadanía.

Es importante decir también respecto de la legitimidad de estos cambios es que la propuesta que hicimos en su momento se basó en el trabajo transversal de cuatro centros de estudios que publicaron estos resultados a inicios del año 2018. Eran centros tan disimiles como el Centro de Estudios Públicos (CEP), Espacio Público, Chile 21 y Libertad y Desarrollo.

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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

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