Columna de Óscar Landerretche: Perdonazos

Los perdonazos (de cualquier tipo) generan malos precedentes, malos incentivos y malos comportamientos.

La “ley corta” de isapres se hizo cargo, a última hora, de un historial de irresponsabilidad regulatoria y de gestión privada deficitaria muy notorio. En una dinámica que ilustra con elocuencia la crisis de las instituciones públicas y privadas de nuestro país, durante 14 largos años observamos un juego de comprahuevo entre el poder judicial, ejecutivo, legislativo y las propias isapres, en que cada una de las partes trató de desentenderse de sus obligaciones y responsabilidades al mismo tiempo que intentaba profitar oportunísticamente con transacciones, posturas, medidas y fallos. El resultado es que se tuvo que legislar –literalmente– en tiempo extra para evitar un colapso financiero que tenía el potencial de generar un efecto dominó que se llevara por delante a clínicas privadas, proveedores de insumos médicos, laboratorios y finalmente, vía colapso en el flujo de prestaciones y listas de espera, incluso al sistema de salud público mismo. Al final del día, entre gallos y medianoche, se generó una solución que, por un lado, extiende los plazos y abarata significativamente el costo financiero de la deuda y, por otro, le permite a las isapres subir extraordinariamente los precios de sus planes.

No voy a entrar en el jardín de malezas de quién tuvo la culpa del berenjenal en que nos metimos: cuánto se debe a una regulación mal hecha, cuánto al activismo judicial, cuánto a la ineficacia del Ejecutivo y cuánto al oportunismo de las isapres mismas. Simplemente no da el espacio de esta columna para ello. Es más, no voy a discutir si es que había que evitar la quiebra de las isapres. Mi impresión es que no quedaba otra. Lo que discuto es que no haya un costo para las empresas a las que se les da un salvataje. Creo que eso genera malos incentivos y malos precedentes.

Toda empresa tiene dos motores que la hacen viable. En un ala tiene el motor de la rentabilidad, esto es, su modelo de negocio, su propuesta de valor de largo plazo, y en la otra ala tiene el motor de la liquidez, esto es su flujo de caja o su “cash flow”, como se dice a veces. Una empresa con una gran propuesta de valor, pero sin liquidez, puede terminar quebrando igual, ahogada por el corto plazo; del mismo modo, una empresa con flujo de caja, pero sin una propuesta de valor, no tiene destino, no tiene futuro y será inevitablemente devorada en el mercado.

Lo que se hizo con la ley corta es arreglar “a la chilena”, con un alambrito, el motor de la liquidez, evitando que el avión se vaya a pique. Lo que no se hizo fue arreglar el motor del modelo de negocio de las isapres y, por sobre todo, no se aborda su rol dentro del modelo de seguridad social. Por ende, el avión va a tener que bajar a tierra igual, solo que no se va a estrellar. Y la gracia de un avión aterrizado es que se puede vender a otra línea aérea. La transacción política que subyace es permitir el retiro ordenado de estas empresas, minimizando su pérdida de capital, a cambio de evitar el colapso del sistema.

Estoy en desacuerdo con los términos de esta transacción. Me parece que debieron haber sido compensados los que van a pagar la cuenta. Por ejemplo, se podrían haber dado dos caminos de solución, dependiendo de quién paga. En uno, el Estado provee la liquidez para que la isapre pague la deuda, pero queda con activos privilegiados que quedan protegidos con un esquema similar al de la deuda subordinada que se hizo en el salvataje de la banca en los años ochenta. En simple, el Estado queda con prioridad para que se le pague de vuelta en la medida que la isapre genere excedentes y queda primero en la fila si es que se produce una quiebra. En otra solución, donde los que pagan son los afiliados a través de alzas de planes y repactaciones de deuda, se les compensa con acciones subordinadas de las isapres de modo que reciben dividendos si es que hay excedentes y participan del beneficio de aterrizar ordenadamente el avión. Las acciones son subordinadas porque reciben estos dividendos, pero no eligen directores. Si los afiliados prefieren la plata, venden las acciones y nada de esto de andar negociando con quien te tiene del cogote por tus pre-existencias.

Este tipo de esquemas de salvataje son muy usuales en economías de mercado avanzadas. Muchas veces se intervienen empresas, incluso se nacionalizan, se arreglan y luego se re-privatizan. Ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, en el contexto de la crisis subprime con los seguros y las automotoras. A veces, efectivamente, hay sectores empresariales que son “too big to fail”. No hay vuelta. Es la realidad. El interés público requiere, en esos casos, una intervención estatal, un salvataje incluso. Pero hay un principio central a respetar y es que debe existir un costo para quienes causaron el problema y a quienes les estás salvando el trasero. Y el otro principio es que en una economía de mercado eficiente, hay una lógica de la responsabilidad y, por ende, no paga Moya.

Claro que para algo así, para hacer las cosas bien, no se puede estar dejando todo para última hora, y haciendo la pega al lote, como se ha vuelto costumbre, lamentablemente, en nuestro sistema político.