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Controlador de Minera Tres Valles lanza nueva ofensiva contra abogado de sociedad de familia Vecchiola

Compañía Minera Tres Valles (CMTV) se querelló por denuncia calumniosa contra el abogado Juan Esteban Montero, acusándolo de inventar delitos e irregularidades sobre la adquisición de la minera. Montero desestimó la acción legal como un intento de amedrentamiento y encubrimiento, recordando que la Superintendencia de Insolvencia ya investiga a CMTV y al exliquidador.

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Compañía Minera Tres Valles (CMTV), ligada al holding de inversión GCR Group del empresario turco-austríaco Cevdet Caner, presentó ante el 4º Juzgado de Garantía una querella por el presunto delito de denuncia calumniosa en contra del abogado Juan Esteban Montero, y representante de Porto San Giorgio SpA. sociedad de la familia Vecchiola.

En el escrito, al que tuvo acceso Pulso, patrocinado por los abogados María Eugenia Sabbagh, Jorge Bofill, César Ramos y Bárbara Yévenes, la sociedad minera cuestionó duramente la querella que presentó Montero el 10 de noviembre de 2025, en representación de Porto San Giorgio SpA. En la acción penal, Montero imputó a María Eugenia Sabbagh, a CMTV, al exliquidador de Minera Tres Valles SpA Tomás Andrews la comisión de diversos delitos.

En la acción criminal, la minera acusó a Montero de levantar imputación es falsas, como que “habría existido una oferta seria, concreta y vinculante de Thompson & French Finance Group Limited por US$ 75 millones por la propiedad de Minera Tres Valles, la cual habría sido ocultada por el ex liquidador Tomás Andrews. A lo anterior se suma que “el pago de $544.190.770 efectuado al ex liquidador habría sido un pago clandestino efectuado por CMTV para que le favoreciera”. Esto en desmedro de Thompson & French Finance Group Limited, cuya oferta, según Montero habría servido para pagar las acreencias de US$9 millones a su cliente.

El abogado querellante César Ramos explicó que “Con esta querella, CMTV denuncia un nuevo caso de ejercicio abusivo de acciones criminales, estrategia iniciada por el fondo de inversión Kimura y continuadas por el señor Montero, efectuado con el fin de presionar y lograr la devolución de un activo adjudicado legítimamente en pública subasta”.

Frente a la acción penal, el abogado Juan Esteban Montero se defendió y señaló a Pulso:

“No es novedad que los querellados están intentando cubrir sus huellas en los claros delitos cometidos. mediante la instrumentalización de acciones judiciales. Así lo han hecho ya con los abogados de Kimura, con el actual liquidador concursal, Eduardo Godoy, y ahora conmigo. Como no hay delitos reales que imputar de nuestra parte, inventan esta trama de denuncia calumniosa”, que no es más que un intento desesperado para intentar amedrentarnos”.

“Cualquier abogado con un poco de experiencia sabe que este tipo de querellas no se presentan mientras existe una investigación en curso, y menos en este caso, en donde la propia Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento ha presentado una querella por los mismos hechos denunciados por nosotros. ¿Van a querellarse ahora en contra de Superintendente? Veo que esta vil acción no tiene destino, y estamos muy tranquilos ya que confiamos ciegamente en el trabajo de la Fiscalía y que la verdad está de nuestro lado”, concluyó.

Disputa

En diciembre de 2022, MTV -que en ese entonces era propiedad del grupo canadiense TVC-, solicitó su liquidación voluntaria, lamentando las pérdidas de empleo y relaciones comerciales con sus proveedores, siendo asesorada por Nelson Contador, Abogados & Consultores.

La operación de MTV se ubica entre Illapel y Salamanca, y es una faena de mediana minería que hasta 2017 pertenecía a la brasileña Vale y le vendía cobre a Anglo American.

Sus mayores acreedores eran Kimura Master Fund Ltd y Porto San Giorgio SpA.

A mediados de 2024, los fondos ingleses Javelin y Kimura se hicieron cargo de la deuda y lograron reactivar la faena. Posteriormente, a principios de 2025, el empresario Cevdet Caner (a través de NIU Invest) tomó el control de la propiedad.

“CMTV adquirió la unidad económica de Minera Tres Valles SpA en una subasta concursal pública, ajustada a la Ley N°20.720 y a las bases aprobadas por la Junta de Acreedores. El precio fue pagado íntegramente, la compraventa se otorgó por escritura pública y fue aprobada por resolución firme del 30° Juzgado Civil de Santiago", señaló la compañía en un comunicado enviado a Pulso.

Posteriormente, en abril de 2026 la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) interpuso una querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del liquidador Tomás Andrews Hamilton, a quien acusa de los presuntos delitos de otorgamiento de ventajas indebidas, negociación incompatible y cohecho a funcionario público.

La acción penal se sustenta en lo que la Superir califica como “graves hechos ilícitos” cometidos en el ejercicio de su cargo. De acuerdo a la querella, el actuar del liquidador afectó la imparcialidad y probidad de la administración pública, así como la fe pública concursal.

Según detalla el escrito, estas irregularidades habrían operado bajo un “esquema de corrupción” diseñado expresamente para favorecer a la Compañía Minera Tres Valles SpA. A cambio de estas gestiones, sostiene la Superintendencia, el liquidador habría obtenido un beneficio económico ilícito que asciende a $544.190.770.

En aquella oportunidad, frente a las acusaciones, el abogado del liquidador, Marcelo Hadwa, explicó: “Estamos tranquilos, la querella presenta evidentes inexactitudes e interpretaciones erróneas tanto de los hechos como del derecho, lo que quedará en evidencia a medida que la investigación avance. En definitiva, aquí no hay delito alguno, nada que reprochar a mi representado”.

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