En mayo de 2024, el Presidente Gabriel Boric ingresó al Congreso un proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial. Entre otras cosas, la iniciativa modificaba la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, incorporando un artículo nuevo, el 71T. El texto decía así: “Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas”.

El proyecto que el Presidente José Antonio Kast envió este miércoles, y que está firmado por él y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, en su artículo 8 replica exactamente lo mismo. Sin cambiar una sola coma, el proyecto reprodujo el texto íntegro del gobierno de Boric.

Una minuta gubernamental difundida hace una semana entre parlamentarios oficialistas decía que esta propuesta perseguía establecer una “excepción en la Ley de Propiedad Intelectual para habilitar minería de datos” y que su redacción recayó en el Ministerio de Ciencia.

La tramitación en la Cámara

La ley original de Boric ha sido discutida ya en el Congreso y el artículo sobre los derechos de autor generó debate.

El proyecto fue discutido en la Comisión de Hacienda, donde la propia ex ministra de Ciencia de Boric, Aisén Etcheverry, cuya cartera impulsó la iniciativa, reconoció que, en materia de propiedad intelectual, “la tensión entre proteger obras humanas y permitir que las IA accedan a contenidos nacionales para entrenarse adecuadamente”.

Tras la oposición de algunos parlamentarios y gremios de derechos de autor, el gobierno anterior ingresó una indicación y limitó su alcance solo a fines de investigación científica, sin fines de lucro, e incorporando un mecanismo de reserva de derechos (opt-out) en favor de los autores. La propuesta presentada este miércoles vuelve a la idea original, que ya fue rechazada por la Cámara de Diputados.

Pese a las indicaciones ingresadas, la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara rechazó la propuesta por mayoría. A favor votaron las diputadas Helia Molina, Marcela Riquelme y Gael Yeomans y en contra, Paula Labra y los diputados Eric Aedo, Johannes Kaiser y Tomás Lagomarsino, dice un informe oficial de la Cámara. Kaiser incluso quiso dejar constancia, para la historia de la ley, de que la comisión había eliminado dos excepciones que “permitían evitar el pago o la responsabilidad sobre los derechos de autor, devolviendo a los autores la protección completa de sus derechos”.

La Sala de la Cámara también rechazó el artículo que ahora se repone, y despachó el proyecto al Senado en octubre de 2025.

En la justificación del artículo copiado por el actual gobierno, este miércoles, la exposición de Jorge Quiroz describió la situación actual: los sistemas de inteligencia artificial, argumentó, se entrenan con enormes volúmenes de texto, imágenes y audio disponibles en internet. Además, complementó, bajo las normas del derecho de autor, usar una obra protegida sin licencia es una infracción, aunque sea solo para que un algoritmo “aprenda”. “Esto genera una ambigüedad legal que dificulta el desarrollo de la IA en nuestro país”, dice la presentación de Quiroz.

La iniciativa incorpora una excepción de licitud que permite que “el uso de obras publicadas (textos, sonidos o imágenes) para análisis estadístico a gran escala, sin remuneración ni permiso del titular, siempre que no constituya una explotación encubierta de la obra protegida”, dice el power point del titular de Hacienda.

El reclamo de Anatel y la ANP

“Me parece muy preocupante esta modificación a la ley de propiedad intelectual, que beneficia a empresas extranjeras de inteligencia artificial, en desmedro de los generadores de contenidos nacionales”, manifestó Pablo Vidal, presidente de la Federación de Medios de Comunicación y timonel del gremio que reúne a los canales de televisión, Anatel. “Todos los medios de comunicación como radios, diarios y canales de televisión se han visto gravemente afectados por la utilización de nuestros contenidos en los modelos de IA y plataformas digitales”, agregó Vidal.

La misma oposición manifestó el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, José Tomás Santa María. “La regulación del derecho de autor —y, en particular, el establecimiento de una excepción que habilita el uso no autorizado de obras protegidas a escala masiva para el entrenamiento de sistemas automatizados— es una decisión de política pública que incide directamente en el periodismo y en la obra periodística protegida por la ley de propiedad intelectual. Su discusión exige un debate legislativo específico, con participación efectiva de los sectores afectados. Incorporarla en un proyecto misceláneo cuyo objeto declarado es la reconstrucción económica, la reforma tributaria y la racionalización de permisos, impide un debate informado sobre sus efectos y subordina una materia de alta complejidad a prioridades legislativas distintas”.

En su declaración, Santa María fue más allá. “En la práctica, esta redacción habilita que los sistemas de inteligencia artificial, incluidos los de inteligencia artificial generativa desarrollados por grandes empresas tecnológicas globales, utilicen el contenido producido por los medios de comunicación chilenos sin autorización, sin licencia y sin compensación alguna”, manifestó. “La protección del derecho de autor es una condición de posibilidad para el ejercicio libre del periodismo”, agregó.

Por lo mismo, la ANP pidió formalmente el retiro del artículo del proyecto. O en su defecto, “excluir expresamente los contenidos periodísticos del ámbito de aplicación de la excepción”, además de abrir espacios formales de diálogo con los medios de comunicación.