La Fiscalía Nacional Económica acusó a cinco personas de orquestar una colusión para no competir en el mercado de los casinos. Los tres presidentes de Enjoy, Marina del Sol y Dreams, además de dos gerentes de esta última, pactaron, según el organismo, no competir entre ellos por 14 plazas de casino concursadas entre 2021 y 2022. Marina fue el delator, no tendrá multa, pero arriesga dos permisos de operación. Para Dreams, se pidieron US$ 112 millones en la mayor multa de la historia y la revocatoria de cuatro licencias de casinos. Enjoy arriesga US$ 37 millones y cuatro operaciones. Entre todas ellas, las dos más cercanas a Santiago: Rinconada Los Andes y San Francisco de Mostazal. Los cinco acusados tienen entre 49 años, el menor, Nicolás Imschenetzky, y 66 años, el mayor, el empresario Claudio Fischer, el más acaudalado del grupo.

De las peticiones activadas en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Inapi, cinco ya fueron concedidos y tres se encuentran en trámite, dos de ellos con objeciones de parte del organismo. El nombre de la nueva empresa que formará con SQM aún no está resuelto, pero estas son algunas opciones.

La Tercera Sala de la Corte Suprema falló en 2020 a favor de Julio Ponce: por tres votos a dos, aplicó una instrucción del Tribunal Constitucional y redujo la multa por el caso cascadas desde 1.700.000 UF a 75 mil UF. Votaron a favor Ángela Vivanco, María Eugenia Sandoval y Diego Munita. En contra estuvieron Sergio Muñoz y Pedro Pierry. El defensor de Ponce era Pedro Hernán Águila, pero cuando la causa llegó a la Suprema fue cambiado por otro abogado: Jorge Bofill. Abogados consideran muy difícil una revisión de ese fallo.

La empresa creó una sociedad por acciones a la que incorporará los activos correspondientes a casinos y hoteles de Rinconada, Antofagasta, Chiloé, Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y el hotel de Puerto Varas. Es parte de la reorganización societaria acordada con sus acreedores en agosto.

En una declaración pública por los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber, los representantes del consorcio Belaz Movitec precisan que el grupo privado y Codelco mantienen demandas arbitrales cruzadas por US$ 180 millones y defendieron el dictamen de la Suprema, en cuyos incidentes y recursos, afirman, han intervenido 16 ministros de la Suprema.

El litigio entre la minera y el consorcio Movitec Belaz SpA por un contrato por más de US$ 200 millones está en el epicentro de los cuestionamientos a la ministra de la Corte Suprema. Un conflicto que llegó a la Cámara de Diputados, la Cancillería y hasta un ex presidente de la República.

La estatal compró esta semana el 10% de Quebrada Blanca a Enami, lo que fue cuestionado por la Sonami, que pedía una licitación. “Escuchamos claro que el gobierno del Presidente Boric no estaba dispuesto a vender o a deshacerse, como Estado, de este activo”, dice como la razón principal. “Va a ser muy bueno que el país se empiece a acostumbrar a la idea de que Codelco va a hacer otras asociaciones y adquisiciones”, promete.

Las partes cumplieron con el plazo pactado el 31 de mayo, cuando firmaron el acuerdo de asociación y se dieron 40 días hábiles para ir a la Fiscalía Nacional Económica. El 30 de julio ingresaron una notificación de operación de concentración. También deberán someter la alianza a otras siete jurisdicciones: Arabia Saudita, Brasil, China, Corea, Taiwán, Japón y la Comisión Europea. El plazo para ello es a fines de septiembre.

La cuprífera estatal hará un pago inmediato de US$ 182 millones y el saldo, en 120 días. Enami reducirá su deuda de US$ 740 millones a US$ 250 millones. Su directorio aprobó la venta por seis votos a tres: se opusieron los directores de la Sonami. La operación fue asesorada por Banchile y BTG, pero una valorización previa estimó el valor entre US$ 470 millones y US$ 550 millones.

El controlador de STF, Daniel Sauer, y su abogado Luis Hermosilla tuvieron un intenso intercambio en los días claves de marzo y abril de 2023, cuando el futuro de la corredora de Bolsa estaba en suspenso. Y entre otras cosas, hablaron de contactar a dos comisionados de la entidad, Mauricio Larraín y Augusto Iglesias. Ambos niegan todo contacto con ellos. Y recuerdan que la CMF sancionó varias veces, y por unanimidad, a STF.

El popular exgerente general de la empresa de telecomunicaciones, Chris Bannister, que salió de WOM en abril, está asesorando ahora a los acreedores de la compañía en el proceso de reorganización judicial que lleva adelante en Estados Unidos.

En la empresa tienen acciones 11 bancos locales e internacionales, pero seis de ellos tienen participaciones relevantes. Cinco de ellos, para evitar conflictos de interés, han designados agentes fiduciarios para representarlos en la empresa. Antes del Banco de Chile, que acaba de formar una filial para crear su propia red de adquirencia, lo hicieron Santander, Scotiabank, BancoEstado y BCI. Los cinco representan el 91,3% de las acciones.

Son más de US$ 1.000 millones menos para el fisco. La empresa consignó en su entrega de resultados al primer semestre derechos a Corfo por US$ 246 millones. En igual período del año anterior había reportado US$ 1.265 millones. Aunque produjo como nunca antes, el precio se desplomó: este año vendió cada tonelada a casi US$ 13 mil. Entre enero y junio de 2023 lo hizo a más de US$ 42 mil.

El Ministerio de Obras Públicas pretende adjudicar el tramo de 223 kilómetros de la Ruta 5 Norte antes de fin de año. Vías Chile presentó una propuesta un 30% más económica que la también española Sacyr. Pidió 47 millones de UF, versus 68 millones de UF de su competidor. Vías Chile deberá invertir US$ 1.275 millones en el mejoramiento y ampliación de la carretera.

El grupo Claro es controlado por una fundación domiciliada en Panamá, en la que María Luisa Vial, de 88 años, ejerce el rol de protectora. La viuda de Ricardo Claro Valdés, quien fundó el grupo que controla Elecmetal, Cristalerías de Chile y Viña Santa Rita, designó como su sucesor en ese puesto al abogado Cristóbal Eyzaguirre Baeza. Vial eligió este 2024 al tercer consejero de la fundación, un ingeniero comercial que este año cumple 30 años, Juan Antonio Álvarez Said, hijo de uno de sus asesores principales, del mismo nombre, fallecido en 2022. Eyzaguirre y Álvarez son, en ese orden, los protectores sustitutos de María Luisa Vial.