La comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados recibió a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, para abordar el Informe Final N° 421 de la Contraloría General de la República (CGR), sobre la compra de terrenos realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en el marco del Plan de Emergencia Habitacional ejecutado entre mayo de 2022 y diciembre de 2024, cuando la cartera era encabezada por Carlos Montes.

En la instancia, Pérez realizó una presentación para explicar los resultados de la investigación, donde además fue consultada por los parlamentarios, en específico, por sobreprecios en los terrenos comprados y si existió un delito que detectara el organismo fiscalizador.

“La Contraloría no remitió el informe de fiscalización al Ministerio Público, precisamente porque, de acuerdo a los antecedentes que nosotros tuvimos a la vista, no era necesario remitirlo, y nosotros estamos legalmente obligados a remitirlo cuando hay hechos que revistan caracteres de delito”, aclaró la contralora.

Pérez añadió que “la Contraloría solo investiga elementos que tengan que ver con la responsabilidad administrativa y civil. En nuestro país existen otras clases de responsabilidades. En cuanto a la responsabilidad administrativa, tenemos que esperar los resultados del sumario”.

Asimismo, la contralora reiteró que “así es que no vimos, nosotros, de acuerdo a los antecedentes que tuvimos a la vista, delitos asociados“. Además, explicó que “si la Contraloría no tiene antecedentes de hechos que sean delitos y esto puede cambiar en el marco del sumario, sucede que si en el marco de ese sumario el fiscal sumariante detecta hechos que, conforme a la legislación, puedan revestir caracteres de delito, tiene la obligación legal de remitir directamente los antecedentes al Ministerio Público”.

“Y esa es una obligación que debe cumplirse de inmediato, incluso más allá del control de legalidad, que al término del sumario debe ser la Contraloría. Así es que si el fiscal de ese sumario detecta ese tipo de hechos, debe enviarlo al Ministerio Público sin pasar por la Contraloría, directamente”, agregó.

Poduje sin presentar por falta de unanimidad para extender

Cuando el reloj marcaba las 17.00 horas, el presidente de la comisión, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), pidió la unanimidad para extender la sesión por 15 minutos más para escuchar respuestas de la contralora Pérez, y para ver la presentación del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

Sin embargo, la diputada Tatiana Urrutia (FA) solicitó que “es muy prudente que podamos escuchar las respuestas de la contralora, pero atendiendo a las circunstancias de la semana pasada, pido que, por favor, se dé los cinco minutos que correspondan para que la contralora, y por supuesto ojalá podamos invitar al ministro para que podamos escucharlo con la extensión que corresponde a la próxima sesión”.

Ante ello, el presidente de la instancia indicó que el acuerdo era para extender 15 minutos; ante ello, no se logró la unanimidad tras el rechazo de parlamentarios de oposición, dando por finalizada la instancia.

Tras el término de la comisión, el ministro Poduje también manifestó su molestia y cuestionó el tiempo y recursos destinados a una exposición que finalmente no pudo concretarse. “Quiero pedir excusas a los contribuyentes porque tuve que gastar mi tiempo y el de un equipo de ocho personas que vinimos a hacer nada”, señaló el secretario de Estado.

Poduje agregó que el ministerio preparaba un reporte sobre “gravísimas irregularidades” detectadas a partir del informe de Contraloría. “Vamos a hacer un reporte indicando la gravísima irregularidad que hemos encontrado en el tema del suelo, asociada al informe de la Contraloría, que tiene que ver con falencias de política pública muy graves, equipos duplicados y compras totalmente irracionales”, afirmó.