En una sesión extraordinaria del Consejo Regional de Arica y Parinacota se aprobó finalmente que se destine un total de 3.292 millones de pesos para financiar el inicio de la erradicación de la toma en el Cerro Chuño.

La propuesta había sido detallada por el gobernador Diego Paco en una entrevista con La Tercera.

"Queremos en esta primera etapa acelerarlo con recursos del gobierno regional porque así la gente y las personas lo solicitan. Parte de ese centralismo y de esa pasividad, un claro ejemplo es que el gobierno anterior no demolió ninguna casa. Y no estamos dispuestos a que la situación vuelva a ocurrir entendiendo que hay un ajuste fiscal que está golpeando a todo el país. Para nosotros es muy importante acelerarlo con recursos de la región", explicó el gobernador a este medio.

Así las cosas, la propuesta fue revisada este miércoles y finalmente aprobada por nueve votos a favor, cuatro en contar y dos abstenciones.

En particular, esta primera fase contempla la demolición de fundaciones de viviendas en cinco manzanas del Cerro Chuño, lo que sumaría un total de 220 moradas intervenidas.

En total, el plan completo en cuatro etapas tendría un costo de 10.000 millones de pesos, con el presupuesto restante siendo responsabilidad del Ejecutivo a través de fondos sectoriales.

Tras la aprobación, Paco enfatizó que esta acción responde a una demanda histórica de la comunidad ariqueña.

“Al Gobierno de Chile quiero decirle que Arica y Parinacota ya ha hecho su parte. Hoy cumplimos por nuestra gente. Ahora es su turno de mover todo el aparataje del Estado para entregar la justicia que nuestra región demanda desde hace más de 30 años. Vamos a vigilar y exigir cuando corresponda, porque las promesas que se han hecho en esta mesa deben cumplirse”, manifestó.

La máxima autoridad regional concluyó que “con esta aprobación, empezamos a cerrar una herida por la que Arica ha sangrado demasiado. Y vamos a seguir avanzando hasta recuperar completamente una región que merece vivir en paz y libertad, crecer con seguridad y volver a ser reconocida por su belleza, su historia y su enorme futuro”.

Inicio del desalojo y expulsiones administrativas

Respecto a esta primera etapa, desde la delegación presidencial regional detallaron que estaría siendo gestionado con el acompañamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y la Contraloría.

“Cada una de estas instituciones van a ir orientándonos a no cometer errores para que esto sea una buena gestión. Porque no solo estamos haciendo esto por un compromiso o por el grito de la ciudadanía, sino también estamos salvando la vida de las personas que actualmente están viviendo allí, personas que están irregular, que se han tomado las casas, pero también pensamos en su salud”, explicó el delegado Cristian Sayes.

En específico, durante esta primera etapa un total de 700 personas serían desalojadas, con un 74% de ellas siendo extranjeras.

La delegación además confirmó que tras la obtención de recursos se iniciaría de inmediato el proceso de expulsión administrativa de 141 ciudadanos extranjeros.