Desde que asumió en 2024 el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), ha presionado fuertemente por la demolición del Cerro Chuño, una toma que congrega al crimen organizado y al narcotráfico, con presencia de bandas criminales como “Los Gallegos” y el “Tren de Aragua”. El foco de incivilidades es permanente.

Durante el gobierno pasado no se logró concretar el desalojo, algo que la actual ministra de Seguridad Ciudadana, Trinidad Steinert, ha comprometido avanzar.

En paralelo, el gobernador Paco avanzó silencionsamente en el tema y en esta entrevista cuenta que llevará al Gobierno Regional de Arica y Parinacota una propuesta para financiar -con recursos propios- la demolición. De esta manera, en la sesión de este miércoles del consejo regional sugerirá que el gore aporte con $3 mil millones de los $10 mil millones que cuesta el plan. El resto del dinero, espera, corra por cuenta del gobierno central.

¿Cuáles son las novedades respecto de la demolición del Cerro Chuño?

Por un clamor de la comunidad necesitamos erradicar de una vez, no solamente con un desalojo sino que con una demolición, todo el sector de Cerro Chuño, que es un símbolo del abandono del Estado durante mucho tiempo a causa del centralismo, de la pasividad del Estado, que ha generado que el crimen organizado se instale en ese sector. Lo que como gobierno regional estamos haciendo es acelerar un proceso, que durante mucho tiempo, muchos años, estuvo dormido, guardado en un escritorio este plan de desalojo y demolición. Queremos en esta primera etapa acelerarlo con recursos del gobierno regional porque así la gente y las personas lo solicitan. Parte de ese centralismo y de esa pasividad, un claro ejemplo es que el gobierno anterior no demolió ninguna casa. Y no estamos dispuestos a que la situación vuelva a ocurrir entendiendo que hay un ajuste fiscal que está golpeando a todo el país. Para nosotros es muy importante acelerarlo con recursos de la región.

¿Cuánto dinero proponer aportar el gore?

El plan son más de $10 mil millones en su totalidad. Y en esta primera parte someteremos a votación del consejo regional unos $3 mil millones, que equivaldría al 30% del total. El otro 70% se tienen que hacer cargo, y así lo he conversado con las autoridades locales y nacionales, ellos con los fondos sectoriales.

Si todo sale bien, ¿cuántas viviendas se podrían comenzar a demoler durante la primera etapa?

De un total de 705 viviendas estamos hablando de alrededor de 225 en la primera parte. Y con los $10 mil millones, evidentemente se podría demoler todo el sector.

¿Cuándo podría comenzar el proceso?

Hay un procedimiento administrativo que una vez aprobado se emite un certificado a la aprobación de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Posteriormente se toma de razón de parte de la Contraloría, y una vez ocurrido se estaría en condiciones de transferir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para iniciar con la primera etapa.

Pero primero debe haber un desalojo de parte del gobierno.

Efectivamente. El plan que el gobierno nos presentó consiste en un desalojo que va por cuenta de ellos, toda la parte administrativa y quiénes están a cargo de este plan, es el gobierno central. Los fondos regionales son para la demolición.

¿No debiera esa plata correr por cuenta del gobierno central?

Lo que estamos haciendo es acelerar un plan que durante mucho tiempo estuvo dormido. Durante los últimos cinco años no se demolió ninguna casa y el gobierno anterior no lo quiso hacer. Nosotros como región también tenemos la responsabilidad y el deber. Sabemos que hay un ajuste fiscal a nivel nacional que está golpeando a todo el país.

No aclara si es responsabilidad del gobierno central o de ustedes pasar la plata.

Este es una responsabilidad del Estado de Chile. Una responsabilidad de todas las autoridades y como gobierno regional es el hacer justicia acelerando el proceso de esta demolición. De hecho, el exministro de Seguridad Ciudadana, Luis Cordero, dijo que el 9 de mayo del 2025 que iba a demoler todo el terreno. Por lo tanto, hoy día sí está en nuestras manos como gobierno regional en acelerar el proceso. Tenemos toda la voluntad y ahora a esperar que el consejo regional también pueda ser parte de aquello. Durante los últimos cuatro años fuimos la región con más homicidios por cada 100 mil habitantes. No podemos permitir ni tampoco podemos dar pie a que mañana en el corto, mediano o largo plazo, vuelva Cerro Chuño a ser el centro de la impunidad, vuelva a ser el Sinaloa.

¿Ha visto más voluntad de parte de este gobierno que el pasado?

Efectivamente. Es el gobierno central el que está levantando y llevando a cabo este plan de desarrollo y de demolición. Yo he conversado con las autoridades locales, con las autoridades nacionales, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la ministra de Seguridad, con el ministro del Interior y hay un trabajo coordinado y una alta voluntad de este gobierno de querer erradicar Cerro Chuño.