Dentro de las casi 80 páginas de indicaciones ingresadas por el gobierno a su proyecto de megarreforma, hay una que ya comienza a leerse como una intención de hacerle un guiño a los sectores de la oposición con los que se quiere conversar para avanzar en la tramitación de la iniciativa. El nuevo artículo 34 transitorio abre la puerta a condonaciones de ciertas deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Facúltase a la Tesorería General de la República (TGR) para dar facilidades de pago respecto de los créditos destinados al financiamiento de estudios de educación superior otorgados al amparo de la Ley N° 20.027, en los que se haya hecho efectiva la garantía estatal, ya sea total o parcialmente", es el enunciado del artículo transitorio. La ley a la que hace referencia la indicación es la que norma el CAE que el gobierno de Gabriel Boric buscó, infructuosamente, dejar atrás, justamente con promesas de condonación de por medio.

En la indicación se establece que la TGR podrá otorgar convenios especiales de pago, los que se iniciarán una vez que el deudor pague un pie inicial, y determinará los tipos de convenios, sus características, plazos, montos mínimos de pie y número de cuotas, con un máximo de 48 cuotas mensuales y sucesivas, considerando criterios objetivos, como el monto total adeudado, el nivel de ingresos del deudor dentro de otras variables, “con el objeto de premiar el cumplimiento oportuno de las obligaciones emanadas del convenio”.

Al respecto, Francisco Castañeda, economista y académico de la U. Central, dice que con la norma se está trasladando hacia el CAE la lógica de cobranza tributaria y de convenio amplio de regularización de otras deudas. “Se crea un mecanismo formal y masivo de repactación vía TGR, lo cual es nuevo. Antes había cobranza, retención de devolución de impuestos, judicialización y mecanismos más dispersos. Ahora se crea una facultad legal explícita para convenios especiales”.

En detalle, la indicación señala que cuando se suscriba el convenio, el saldo de la deuda expresado en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), será convertido a pesos manteniéndose fijo dicho monto durante toda la vigencia del convenio, sin aplicación de reajustes ni intereses.

Al momento de vencerse el plazo del convenio o una vez pagada su última cuota (recordando el máximo de 48), si quedara un remanente de deuda, la TGR estará facultada para extinguirlo, total o parcialmente, conforme a tres tramos.

El primero es si es que el deudor hubiera cumplido íntegra y oportunamente con la totalidad de las cuotas, la TGR podrá extinguir hasta el 100% del saldo. El segundo es para deudores que hubieran incurrido en incumplimientos que la TGR califique como de “menor entidad”, a quienes se les podrá extinguir hasta el 90% del saldo remanente. El tercer tramo es para todos los otros casos de incumplimiento, donde la Tesorería podrá, previa calificación fundada, extinguir hasta el 70% del saldo.

“Para acceder a cualquiera de los tramos de condonación señalados en el inciso anterior, el deudor deberá haber pagado, a lo menos, el número mínimo de cuotas que determine el Tesorero General de la República conforme a las instrucciones de general aplicación que dicte al efecto”, se lee en el articulado, el que suma que la facultad para suscribir convenios se extenderá por 90 días corridos desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, en caso de aprobarse.

Sobre la indicación, el exsubsecretario de Educación Superior de Boric, Víctor Orellana, señala que “el gobierno se dio cuenta que sin algún grado de condonación es imposible avanzar en el tema del CAE. Lo que intenta es usar su cambio de posición como táctica legislativa para forzar a la oposición a aprobar la idea de legislar, es un movimiento muy esperable. Lo de fondo es que se confiesa que el CAE debe ser superado por un nuevo instrumento; urge legislar específicamente sobre el CAE y llegar a un acuerdo nacional en este punto”.

En la indicación se señala, además, que las instrucciones que dicte el Tesorero General deberán regular expresamente los tipos y características de los convenios, los montos y porcentajes específicos del pie exigido, el número mínimo de cuotas según el nivel de ingresos y otras variables objetivas del deudor, así como criterios de calificación del incumplimiento para acceder a cada tramo de condonación, y sus exclusiones, diferenciaciones o condiciones especiales, donde deberá considerarse la declaración de impuestos del año tributario inmediatamente anterior.

Lo que busca Hacienda con esta indicación es que un deudor CAE con buen comportamiento pueda acceder a facilidades. Esto será acotado a actuales deudores en TGR -hoy son 556.000- y, dicho está, la entidad recaudadora tendrá esta facultad por sólo 90 días.

Con este cambio legal, añade Castañeda, “hay un reconocimiento implícito de que gran parte del CAE es difícil de cobrar íntegramente. El Estado parece asumir que perseguir eternamente toda la deuda no es eficiente -muchos deudores nunca van a pagar el total- y conviene recuperar algo estable que mantener deudas impagables creciendo en UTM”. Y añade: “Es una regularización financiera. Esto permite salir de la morosidad, reduce las cargas financieras, mejora los incentivos a pagar y formaliza a la persona endeudada y, sobre todo, se recupera parte de los recursos fiscales, que es lo que está buscando el ministro Quiroz”. En contra de esta propuesta, cierra el economista, las personas que ya pagaron por completo su deuda podrían sentir injusticia”.

Esta misma idea de parcialidad ya tuvo que ser abordada por el gobierno anterior cuando junto al FES propuso un mecanismo de condonación. Parlamentarios de oposición y oficialismo habían planteado antes de que se presentara el proyecto la idea de hacerles un gesto a aquellos individuos que ya habían saldado su deuda. El proyecto finalmente incluyó un beneficio tributario: una rebaja del Impuesto Global Complementario a quienes ya habían saldado su CAE, que correspondía a 4 UF anuales para personas egresadas y 6 UF anuales para desertores, beneficio duradero por 20 años para equiparar algunas de las condiciones que se proponían junto al FES.