Las casi 80 páginas de indicaciones enviadas ayer por el gobierno al Congreso incluyen cambios acotados al proyecto de Reconstrucción impulsado por el oficialismo. Entre los principales están los ajustes a la Resolución de Calificación Ambiental y las enmiendas en materia de invariabilidad tributaria, donde el gobierno precisa que los inversionistas extranjeros ya no tendrán necesariamente una tasa máxima de impuesto a la renta de 35%, tal como lo precisaba el proyecto enviado el mes pasado. “La tasa máxima de impuesto se determinará de acuerdo con las normas vigentes al tiempo de celebrar el contrato de inversión”, confidencian fuentes de gobierno.

A diferencia del proyecto original, las indicaciones precisan que ya no será la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera la que suscriba los contratos de invariabilidad con los inversionistas extranjeros, sino el Ministerio de Hacienda. “Esto se explica porque son contratos con efectos impositivos”, dicen en el gobierno.

En relación a la rebaja transitoria del impuesto a las donaciones que propone el proyecto, el nuevo texto baja de 75% a 50% el monto máximo de patrimonio que pueda hacer el donante.

Hacienda también ingresos modificaciones a la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años: “Se entenderá que forman parte de la vivienda principal los estacionamientos y bodegas ubicados en la misma dirección de la vivienda principal, aun cuando tengan un rol de avalúo distinto al de ésta última, siempre y cuando se encuentren destinados a un uso relacionado a la habitación del beneficiario de la exención”.

Antes estos ajustes, los expertos afirman que van en la dirección correcta de hacer precisiones y ajustes para su correcta aplicación.

Uno de ellos es Andrés Martínez, socio líder de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG Chile, quien plantea que “las indicaciones mejoran el proyecto y lo hacen más aplicable, pero sin cambiar su orientación inicial”.

En cuanto a la invariabilidad tributaria, por ejemplo, dijo que “se acota su alcance despejando el flanco de que se vea como una congelación amplia del sistema tributario. Por el lado de las donaciones, plantea que “se mantiene la rebaja transitoria del impuesto (un año), pero se le agregan reglas que lo consolidan técnicamente al vincularlo con las normas civiles generales en materia sucesoria y de herencias”.

Sobre el Sistema de Evaluación Ambiental, el texto original buscaba acelerar los plazos, pero ahora se busca ordenar mejor el proceso, delimitando cuando corresponde una RCA favorable. Esto reduce los espacios de discrecionalidad.

Víctor Fenner, socio adjunto de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY, puntualiza que el cambio al régimen de donaciones, “en general se trata de cambios que mejoran y precisan el texto, dando más libertad al donante, pero restringiendo el máximo de su patrimonio al donar”.

Y sobre la invariabilidad, el experto menciona que “si bien el gobierno se hace cargo acá de algunas críticas especialmente en cuanto a no garantizar carga máxima de 35% por la duración del contrato, mantuvo los plazos de invariabilidad (25 años, considerado excesivo por varios especialistas), la aplicación a inversionistas locales, y el umbral de entrada (50 millones de dólares, que para muchos es un monto demasiado exiguo como para que el estado comprometa invariabilidad)”.

Para Fenner, “en general, se trata de modificaciones que no alterar la médula o elementos esenciales del proyecto original, y que en general establecen precisiones y límites adicionales a algunas medidas. Lo más llamativo es que no incorpora medidas compensatorias de la menor recaudación, que era lo más sentido por la oposición, de manera que no pareciera tratarse de cambios que faciliten demasiado la tramitación del proyecto”.

Loreto Pelegrí, tax partner de PwC Chile, argumenta que “las indicaciones del Ejecutivo introducen ajustes relevantes al proyecto original, no tanto mediante la creación de nuevos beneficios, sino principalmente cerrando, precisando y reforzando instrumentos que originalmente estaban formulados de manera abierta, tanto en normas permanentes como transitorias”.

Para la experta, “el cambio más significativo se produce en el régimen de invariabilidad tributaria, donde se sustituye íntegramente el artículo vigente, pasando de un diseño general a un estatuto mucho más detallado y exigente. Se establecen reglas claras sobre carga tributaria efectiva, duración, proyectos que pueden acogerse y, especialmente, se incorpora un mecanismo formal de resolución de controversias, manteniendo el plazo de 25 años, lo que fortalece sustancialmente la certeza jurídica del régimen frente a una de sus debilidades más relevantes”.

Pelegrí menciona que “desde el punto de vista fiscal, las indicaciones hacen que el proyecto sea levemente más deficitario, pasando desde un déficit estructural estimado de aproximadamente 0,565% del PIB a cerca de 0,57% del PIB. Este aumento marginal se explica principalmente por la ampliación del régimen DFL 2, que reduce la recaudación en torno a 0,005% del PIB”.

Vanesa Lanciotti, socia Líder de Tax & Legal en Deloitte y Economista, asevera que “las indicaciones del Ejecutivo tienen principalmente un carácter técnico y procedimental, orientado a precisar la implementación de medidas ya contenidas en el proyecto original, más que a redefinir sus ejes estructurales. Desde una perspectiva global, esto refleja una decisión de avanzar en certezas operativas sin alterar, por ahora, los pilares que están en el centro del debate”.

Lanciotti argumenta que “en términos positivos, varias de estas precisiones contribuyen a reducir incertidumbre y mejorar la aplicabilidad de las normas, lo que es clave para generar un entorno más predecible para la inversión y la toma de decisiones”.

En ese escenario, la economista destaca, por ejemplo, “el ajuste al régimen de invariabilidad tributaria —que lo alinea con la legislación vigente al momento de la inversión— y mejoras en instrumentos como el crédito al empleo, donde se introducen reglas de reliquidación para trabajadores con renta variable, permitiendo un diseño más preciso. Asimismo, medidas como la ampliación del régimen DFL2 o incentivos específicos en vivienda avanzan, aunque de forma acotada, en facilitar actividad económica en sectores concretos”.

Claudio Bustos, abogado socio Bustos Tax & Legal, se suma a las opiniones de sus antecesores y sostiene que “en general, las modificaciones introducidas a través de las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo son precisiones técnicas al proyecto de ley inicial, pero que son absolutamente pro crecimiento y favorecen la inversión desde el punto de vista económico, por lo tanto, me parecen positivas”.

Para Bustos, en el caso de la invariabilidad tributaria “se establece que los inversionistas quedan acogidos a la tasa tributaria efectiva que corresponda al momento de celebrar el contrato del proyecto de inversión y no necesariamente al 35% que rige hoy. Esto pensando que la tasa futura pudiera ser menor y esto en el fondo mejora un defecto que tenía el DL 600 original, el cual establecía una invariabilidad tributaria del 42% cuando en realidad en la práctica los inversionistas extranjeros estaban sujetos a una tasa máxima de un 35%”.