En los próximos días el escenario judicial del exdiputado Joaquín Lavín León se jugará en la Corte de Santiago. Dicho tribunal de alzada deberá resolver, a petición de su defensa a través de un recurso de amparo, si el exparlamentario debe o no dejar la cárcel Capitán Yáber, donde cumple prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Será la Corte de Santiago la que deberá resolver dos requerimientos a los que recurrió la defensa del exdiputado, encabezada por Cristóbal Bonacic. El abogado activó una doble arremetida judicial ante dicha instancia, presentando un recurso de amparo, el que se suma a la apelación que, anunció, se ingresaría a más tardar este miércoles.

Lo primero a resolver por el tribunal de alzada capitalino, de hecho, será el amparo en el cual la defensa acusa que la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, fue “arbitraria e ilegal”.

Para argumentar eso, la defensa acusa a Urrutia de copiar taxtualmente, en partes de su resolución, extractos de la minuta de formalización de la Fiscalía. Pero lo clave del asunto, es el hecho de que a juicio de la defensa, Urrutia resolvió considerando delitos que no fueron incluidos en el desafuero.

Esos argumentos deberán enfrentarse a la tesis expuesta por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia Municipalidad de Maipú. Hechos, acreditadas por el tribunal, que darían cuenta de un perjuicio fiscal de más de $ 200 millones. En ese sentido, señalan las mismas fuentes, existen al menos cinco hechos que deben ser abordados.

1. Las facturas cuestionadas

Uno de los principales hechos que la Fiscalía imputó como fraude al Fisco, correspondió a la emisión de facturas ideológicamente falsas, como rendición ante el Congreso. Dicho mecanismo, según el Ministerio Público, Lavín León lo usó para pagar deudas con la imprenta MMG de su campaña.

Para comprobar aquello, y que forma parte de lo que la defensa debe explicar, ahora ante la Corte de Santiago, la Fiscalía citó una serie de antecedentes que comprobarían su tesis. Uno de esos, según se dio cuenta en la audiencia de formalización es un whatsapp en el que Arnaldo Domínguez -también en prisión preventiva-, asesor de Lavín, al dueño de la imprenta, Juan Silva, a quien le dice que tiene $ 600 mil para “amortiguar la deuda”, los que deben ser pagados a través de una factura. Para esto, según el ente persecutor, también se dictaron instrucciones para modificar dichos documentos tributarios.

Además de eso, también la fiscal Encina expuso el contenido de un audio respecto a las instrucciones para esa factura, la propia declaración de Silva quien dijo que realizó facturas a Lavín León por servicios no prestados, el testimonio de otros testigos que afirman lo mismo y hasta un archivo Excel con el listado de facturas que tenía Domínguez.

2. El financiamiento a Modo74

Otro de los ejes fundamentales de la imputación de fraude al Fisco, se basa en los pagos que habría generado un perjuicio fiscal de $177 millones por el pago del exparlamentario a la empresa Modo74, propietaria de la plataforma SocialTazk, la que a juicio de la Fiscalía Lavín financió para utilizar en campañas electorales. Algo que su defensa niega, argumentando que se usaba para labores parlamentarias.

Para demostrar aquello, la fiscal Encina ha planteado que Lavín pagaba supuestos servicios parlamentarios y que posteriormente contrató al creador de esta aplicación, Felipe Vásquez como asesor. Todo para financiar el desarrollo tecnológico, algo que definieron como un emprendimiento del propio parlamentario.

3. El “call center” de Lavín

La fiscal Encina afirmó que Lavín León también defraudó al Fisco armando una especie de “call center” de la plataforma.

En esa línea, el Ministerio Público expuso en la audiencia una serie de declaraciones que demuestran el interés y las gestiones que hacía Lavín León para atraer nuevos clientes -otros parlamentarios- a la plataforma, lo que llevó a que el mismo exdiputado fuera conocido por ofrecer el servicio.

Además de eso, parte de los funcionarios públicos que trabajaban en su diputación fueron destinados a realizar llamadas para buscar a dichos posibles clientes. Trabajo que consta en declaraciones, notas, correos electrónicos, mensajes y grupos de WhatsApp, entre otros. La Fiscalía expuso, incluso, las órdenes y metas que se daban para lograr más adeptos al proyecto.

4. La “red de corrupción”

Tanto la Fiscalía como los querellantes han planteado que Lavín León instaló una “red de corrupción”, lo que es descartado por la defensa. A juicio del Ministerio Público, el exdiputado tendió redes para incidir en decisiones -como desvinculaciones o contrataciones- en la Municipalidad de Maipú, durante el periodo en que su cónyuge, Cathy Barriga, era alcaldesa. Tesis que fue afirmada por el ente persecutor basándose en correos electrónicos con instrucciones, testimonios y vínculos con proveedores, entre otros.

“Creemos que la sistematicidad de las conductas da cuenta de la gravedad de los hechos que el juez pudo percibir”, señaló la fiscal Encina el viernes, agregando que Lavín León “estaba obrando sobre seguro, poniendo personas en determinados cargos que permitían prevaler y que se hiciera una red de corrupción”.

Este punto fue recogido por Urrutia en su resolución, planteando que “en contextos de corrupción sistémica, ya no hablamos de delincuentes comunes, sino de redes donde se borra la frontera entre el Estado y el crimen organizado”.

5. Las futuras aristas

La fiscal Encina también planteó tras la formalización que, ahora, buscarán extender el desafuero de Lavín León pero por delitos electorales.

Además del financiamiento, el Ministerio Público igualmente indaga la posibilidad, a partir de la investigación desarrollada hasta ahora, de que la plataforma haya comercializado bases de datos y el padrón electoral.