La senadora Camila Flores (RN) está desde hace semanas bajo la lupa de la Fiscalía Regional de Valparaíso, por presuntamente ser la artífice de una maquinación destinada a defraudar al Fisco.

De acuerdo con una denuncia anónima que se presentó ante el ente persecutor, y que fue develada por T13, la parlamentaria, cuando se desempañaba como diputada (2018-2026), se habría apropiado indebidamente de remuneraciones de sus asesores. Un mecanismo que con el paso de las semanas se hizo conocido como la “cuota flores”.

Por lo mismo, el pasado 6 de mayo efectivos del OS9, previa instrucción de la fiscal a cargo de la indagatoria, Paola Castiglione, allanaron su oficina en el Congreso en Valparaíso y su domicilio en Viña del Mar, logrando incautar una serie de antecedentes y dispositivos electrónicos.

Asimismo, el ente persecutor solicitó levantar el secreto bancario de la congresista ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, exponiendo parte de la evidencia que han recopilado desde que se inició la indagatoria.

Además de mensajes de WhatsApp entre la senadora y su equipo, asoma como elemento clave la declaración de quien fuera su asesor, Julio Lillo, quien confirmó ante los investigadores que se le habría pedido inflar su remuneración para que la congresista pudiese obtener un extra a disposición.

“Camila Flores me dijo que tiene muchos gastos, y en una actitud de amigos me manifiesta que está complicada y que necesita que yo le reembolse del sueldo una cantidad determinada. Me señaló que esto sería solo temporalmente hasta que ella se ordenara y que luego se iba a volver al sueldo previamente acordado, lo que nunca ocurrió”, sostuvo el relacionador público conforme lo publicado por T13.

Pero aunque la hoy senadora y su abogado, Luis Masferrer, han sostenido que los antecedentes expuestos tendrían explicación, tanto en el Senado en su conjunto como en Renovación Nacional se califica la situación como grave.

La mesa de la Cámara Alta ha activado un monitoreo del asunto y ha hecho consultas a abogados expertos en materia penal, mientras que la directiva de RN decidió activar un análisis por parte del Tribunal Supremo.

Pero eso no es todo. Considerando que en este caso estarían en juego recursos fiscales, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también ha hecho lo propio y activó a sus profesionales con el objetivo de determinar si se requiere o no intervenir en el proceso.

Así, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, el organismo presidido por la consejera Ana María Hübner recibió hace algunas semanas copia del expediente de la causa para su revisión.

Tras ello, el comité penal -integrado por Daniel Martorell, Alberto Espina y Ruth Israel- analizó el asunto en la sesión de la instancia celebrada el pasado jueves 7 de mayo, acordando que la causa quedará “en vigilancia”.

Según fuentes consultadas por este medio, eso se funda en que actualmente el Ministerio Público mantiene una serie de diligencias en curso, por lo que requieren esperar a que el resultado se incluya en el expediente para un mejor resolver.

Con eso en mano el organismo definiría si se hace parte o no como querellante, contra quién o quiénes y por qué delitos.

Quienes conocen de las labores del CDE afirman que ete procedimiento forma parte del proceder habitual de la entidad, ya que generalmente se hacen parte de los procesos judiciales cuando ya hay un cúmulo de antecedentes reunidos que apuntan en una determinada dirección. Siempre buscan alcanzar la mayor convicción posible, es decir, irse a la segura con las querellas.

Hay ocasiones en que incluso presentan querella en la antesala de la vista de solicitudes de desafuero -cuando se trata de parlamentarios o gobernadores- o de audiencias de formalización.

Como sea, la parlamentaria ha recalcado que en este caso se está ante “acusaciones sin sustento”. “No me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso”, sostuvo hace algunos días.