El viernes pasado, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva había dicho que el nuevo programa federal que presentaría para combatir el crimen organizado podría ser “posiblemente lo más serio” que el gobierno haya llevado a cabo en el área de seguridad pública. Finalmente, este martes el mandatario lanzó “Brasil contra el Crimen Organizado”, un plan de 11.000 millones de reales (unos 2.200 millones de dólares) para combatir a las facciones criminales y las milicias en todo el país. Asimismo, a cinco meses de las elecciones presidenciales donde va por la reelección, Lula prometió crear un Ministerio de Seguridad Pública.

El diario O Estado de Sao Paulo destacó que el programa “Brasil contra el Crimen Organizado”, centrado en la seguridad pública, fue presentado por el gobierno de Lula tras el rechazo de sus proyectos legislativos en el Congreso.

Estructurado en torno a cuatro pilares estratégicos, el programa pretende servir de ejemplo, durante la campaña electoral, del compromiso del gobierno con la lucha contra la violencia, apuntó el periódico.

El plan se lanza a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, en las que Lula intentará obtener su cuarto mandato. Encuestas recientes indican que la seguridad pública es uno de los temas que más preocupan a los brasileños y será fundamental en la contienda electoral. Según la última encuesta de Genial/Quaest, de abril, el 27% cita la violencia como su mayor preocupación, encabezando la lista y superando en más de 10 puntos porcentuales a la corrupción, la economía y los problemas sociales.

Al respecto, Folha de Sao Paulo apuntó que Lula debe disputar la reelección contra el senador Flávio Bolsonaro y el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, dos figuras que enfatizan un discurso de línea dura contra el crimen organizado. La seguridad pública es una de las principales preocupaciones de los brasileños y se prevé que ocupe un lugar central en las elecciones de 2026, un ámbito en el que la derecha históricamente ha destacado en su discurso, indicó el medio.

“El acto de hoy es una señal para el crimen organizado de que en poco tiempo ya no controlará ningún territorio. El territorio será devuelto al pueblo brasileño, en cada ciudad y en cada estado. Y este programa nos permite combatir el crimen organizado desde la calle hasta el último piso del edificio más alto del país, para que podamos decirle al mundo que muchas veces el criminal no es el pobre, ni el negro, ni el desempleado de un barrio pobre. Muchas veces el responsable está arriba, vestido de traje, bebiendo whisky y burlándose de nosotros. Algún día lo atraparemos”, declaró Lula.

El programa se formalizó mediante decreto presidencial y cuatro ordenanzas. Del total de recursos previstos, 1.000 millones de reales provendrán del Presupuesto de la Unión y 10.000 millones se reales financiarán con préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) a los estados que se adhieran a la iniciativa.

Según el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, el “Programa Brasil Contra el Crimen Organizado” es una estructura resultante del diálogo y una amplia investigación, basada en evidencia. El plan requirió, afirmó, coordinación entre inteligencia, participación institucional y financiamiento público, consolidando una estrategia sin precedentes para enfrentar a las facciones criminales en el país.

“El programa pertenece a Brasil y a cada uno de sus ciudadanos, para que podamos vivir sin miedo, con gran paz y controlando efectivamente el territorio brasileño, devolviéndoselo a la ciudadanía”, declaró el ministro.

Lima declaró este miércoles que la relación entre el gobierno y la oposición no obstaculizará el programa “Brasil Contra el Crimen Organizado”. En una entrevista con el programa “Bom Dia, Ministro”, afirmó que la iniciativa beneficia a todas las partes. “Todas nuestras iniciativas tienen como único objetivo garantizar que los agentes de seguridad cumplan con sus obligaciones”, señaló. Según Lima, el objetivo del programa no es “politizar” la iniciativa, y no se verá influenciado por “ningún ruido del entorno político”.

Lula aprovechó el evento para reafirmar su promesa de crear un ministerio dedicado exclusivamente a la seguridad pública, un área que actualmente comparte con el Ministerio de Justicia. “El día que el Senado apruebe la PEC (Propuesta de Enmienda a la Constitución) de Seguridad, en los próximos días, crearemos un Ministerio de Seguridad Pública en este país”, declaró.

La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados en marzo y está pendiente de la decisión del presidente de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre, para iniciar su proceso legislativo.

“Sentimos la necesidad de que el gobierno federal vuelva a participar activamente, pero con criterio y determinación, porque no queremos invadir el ámbito de los gobernadores ni de la policía estatal. La realidad es que si no trabajamos juntos, no podemos ganar. Y el crimen organizado se aprovecha de nuestra división”, afirmó el presidente.

Los cuatro pilares

El programa se estructura en torno a cuatro pilares principales: la asfixia financiera de las organizaciones criminales; fortalecimiento de la seguridad en el sistema penitenciario; mejora de la investigación y esclarecimiento de homicidios; y lucha contra el tráfico de armas, detalló Revista Fórum.

El primer eje crea la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado (Ficco) y amplía el Comité de Inteligencia Financiera y Recuperación de Activos (Cifra) para identificar empresas y fondos utilizados por grupos criminales. También se dispondrá de manera temprana de los bienes confiscados a delincuentes. En una conferencia de prensa anterior, Lula afirmó que era necesario “destruir el potencial financiero del crimen organizado y sus facciones”, citando la infiltración en el fútbol, ​​las empresas y el poder judicial.

El segundo eje reproduce el estándar de las unidades federales en las prisiones estaduales, con inhibidores de teléfonos celulares, modernos equipos de rayos X y sistemas de registro mejorados para evitar que los líderes de pandillas planifiquen delitos desde el interior de la prisión. El Centro Nacional de Inteligencia Penal (CNIP) integrará las acciones entre el gobierno federal y los estados. Se implementará el estándar de máxima seguridad utilizado en las prisiones federales en 138 unidades estaduales, distribuidas en los 27 estados del país.

Brasil resuelve solo el 36% de los homicidios, en comparación con un promedio mundial del 63%, según el Instituto Sou da Paz. El programa prevé estandarizar los registros, compartir datos y fortalecer de las policías científicas y los Institutos Médico-Legales con equipos de ADN. Así, se potenciará la Red Integrada de Bancos de Perfiles Genéticos y la coordinación del Sistema Nacional de Análisis Balístico (Sinab).

El cuarto eje refuerza la Red Nacional de Lucha contra el Tráfico de Armas (Renarme), creada en marzo, que coordina a los Ministerios de Justicia, Defensa y Hacienda para impedir el acceso de grupos criminales a las armas.

El medio Poder360 recordó que, desde el año 2000, Brasil ha elaborado 10 planes nacionales de seguridad pública, un promedio de uno cada dos años y medio. “Este ritmo demuestra que quienes han ocupado el Palacio Presidencial en las últimas dos décadas y media no han logrado implementar una estrategia eficaz para combatir la delincuencia en el país. El efecto ha sido el contrario: la sensación de inseguridad ha aumentado y el tema se ha convertido en un factor clave que podría determinar el resultado de las elecciones de 2026”, comentó.

Así, este será el cuarto intento de Lula. En 2003, durante su primer mandato, lanzó el Proyecto para la Seguridad Pública en Brasil. En 2007, durante su segundo mandato, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) presentó el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía. En 2023, ya en su tercer mandato, llegó el Programa de Acción en Seguridad, con el entonces ministro Flávio Dino al frente de Justicia.

“Esta es principalmente una respuesta política de Lula a los votantes que se sienten inseguros y que señalan constantemente esta área como una de sus mayores preocupaciones de cara a 2026. El presidente necesita convencer a este sector del electorado de que el gobierno está trabajando para mitigar los riesgos derivados del crimen organizado”, señaló Poder360 tras el lanzamiento de “Brasil contra el Crimen Organizado”.

Según este medio, el gobierno de Lula comenzó a prestar atención al tema tras constatar que los votantes vinculaban la lucha contra la violencia con políticos de derecha.

Violencia y cambios de rutina

El informe “Miedo al crimen y las elecciones de 2026: los detonantes de la inseguridad”, publicado el domingo pasado, revela que el 41,2% de los brasileños mayores de 16 años reconoce la presencia de grupos delictivos organizados, como facciones o milicias, en su barrio.

Estos datos indican que 68,7 millones de personas viven directamente bajo el control territorial ejercido por estas organizaciones.

La investigación fue encargada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública a Datafolha. El estudio tuvo alcance nacional e incluyó una muestra total de 2.004 entrevistas realizadas en 137 municipios del 9 al 10 de marzo de 2026.

El estudio revela que el temor a la violencia ha alterado la rutina del 57% de los brasileños en los últimos 12 meses. Entre los cambios más drásticos, el 36,5% de los encuestados modificó sus rutas habituales y el 35,6% dejó de salir de noche. El 33,5% afirmó haber dejado de salir de casa con sus teléfonos móviles por temor a ser asaltados. Según el informe, el crimen organizado en Brasil ha dejado de ser un fenómeno concentrado en las grandes capitales.

En tanto, una nueva encuesta de Quaest, publicada este miércoles, muestra que ha habido una mejora en la percepción que tienen los brasileños del gobierno de Lula, bajo el impacto de noticias como el lanzamiento del programa Desenrola 2.0, para ayudar a reducir la deuda de los hogares.

El sondeo muestra una recuperación en la aprobación del gobierno de Lula, que pasó del 43% en abril al 46% en mayo, mientras que la desaprobación cayó del 52% al 49% entre ambos meses. El portal G1 de Globo destacó que la diferencia entre los dos índices era de nueve puntos porcentuales en abril y ahora es de tres, la menor desde febrero.

Al desglosar los resultados según las inclinaciones políticas de los encuestados, se observa que los votantes que se identificaron como “independientes” fueron fundamentales para esta recuperación. “El principal movimiento se produjo entre los votantes independientes”, afirmó Felipe Nunes, director de Quaest.