La inestabilidad política en Bolivia vuelve a escena. A seis meses de iniciado el gobierno del centroderechista Rodrigo Paz y en medio de un frágil escenario económico, las calles de las principales ciudades del país altiplánico han evidenciado una radicalización de las protestas de diferentes grupos sindicales y campesinos, quienes piden la salida del nuevo gobernante boliviano.

Paz, quien derrotó a Jorge “Tuto” Quiroga en el balotaje de fines de octubre del año pasado, recibió un país marcado por una profunda crisis económica, una inflación anual de 25%, escasez de divisas y un explosivo y desfinanciado gasto público. El resultado de la actividad económica en 2025 confirmó este desequilibrio: el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 1,5%. Para este año el panorama se anticipa aún más complejo y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía boliviana se contraerá en 3,3%.

En medio de esta fragilidad económica, Rodrigo Paz ha prometido reformas promercado para sacar a Bolivia de su estancamiento y romper con la hegemonía de dos décadas de gobiernos de izquierda en esa nación. Durante la campaña, el nuevo gobernante prometió impulsar un “capitalismo para todos”, con medidas que apuntaban a la reducción de la carga tributaria, nuevas leyes de hidrocarburos para atraer la inversión extranjera a los yacimientos de gas y petróleo, y reformas al aparato estatal.

Pero uno de los hitos que marcó los primeros 100 días de Paz fue la eliminación del histórico subsidio a los combustibles, lo que ha elevado los costos del transporte y ha presionado la inflación. La arriesgada medida había sido intentada por varios gobiernos bolivianos en las últimas décadas, pero las protestas sociales obligaron a dar marcha atrás en la iniciativa, en cada una de las oportunidades anteriores.

Y el panorama para el Mandatario se ha complicado aún más. Diferentes iniciativas lanzadas en estos seis meses han expuesto las debilidades del gobierno a la hora de construir consensos y dar soporte a sus reformas. La radicalización de las protestas en las calles en las últimas tres semanas, ha escalado este escenario a un punto de alto riesgo para Paz.

“El problema es que el plan económico del presidente Paz parece ser más un discurso que una realidad. El ‘capitalismo para todos’ aún no se sabe bien qué significa. En los seis meses de gobierno se han realizado reformas, pero con mucha lentitud y sin una dirección clara. El gradualismo en las medidas económicas genera incertidumbre y especulación. La inflación y el desabastecimiento están provocando incomodidad en la sociedad”, afirma Bernardo Pacheco, cientista político boliviano y académico de la Universidad de los Andes (UAndes).

“Las medidas más promocionadas en el discurso del presidente son créditos de los organismos internacionales, que han ayudado a estabilizar la política monetaria, pero con pocos efectos visibles para la sociedad. A esto hay que sumarle que las dos grandes medidas económicas que ha querido promover Paz -suspensión al subsidio y reforma de la ley de suelos–, las ha realizado con mucha torpeza y con poco diálogo con los sectores interesados”, plantea el analista.

Una sociedad dividida

La situación de los últimos años tiene como telón de fondo la peor crisis económica de las recientes cuatro décadas y una sociedad históricamente dividida y polarizada. Los antiguos gobiernos del MAS (Movimiento al Socialismo), partido político boliviano de izquierda encabezado por Evo Morales que ha liderado el vecino país casi ininterrumpidamente desde 2005, y que están caracterizados por sus fuertes lazos con el mundo sindical y campesino, tuvieron una época de alto crecimiento y reducción de la pobreza gracias a elevados precios del gas -el principal producto de exportación boliviano-, entre 2006 y 2019. Sin embargo, el modelo estatista de Morales -y el posterior gobierno de Luis Arce- entró en crisis de la mano del fin del boom de los commodities, lo que desnudó un gasto fiscal desbocado y un desajuste económico que provocó el hastío de la población.

“El difícil escenario en Bolivia que está enfrentando Paz se sabía desde antes de su llegada; los obstáculos para la aplicación de un programa de reformas con un corte más liberal eran predecibles. Si bien el gobierno ha dicho que hay números que han ayudado a la reducción de la crisis y también medidas que apuntan a reducir el desabastecimiento de los combustibles, la gente todavía no siente que esto se haya traducido plenamente en una mejor condición de su vida”, sostiene la investigadora y académica de la Universidad Finis Terrae, Vanessa Cárdenas, quien repara en que Paz todavía no logra tener una mayoría sólida en la asamblea legislativa.

“Hay una movilización social muy amplia de los sindicatos, transportistas, mineros y campesinos, que en Bolivia históricamente han servido mucho de presión social en las calles y que determinan la caída o el debilitamiento de un gobierno”, añade la experta en temas internacionales.

Según analista boliviano Bernardo Pacheco, las razones de las movilizaciones que hoy enfrenta Paz apuntan en diferentes dimensiones. “Las razones visibles y desencadenantes de un conflicto más profundo son la crisis económica, energética, y las políticas del presidente Paz. La suspensión del subsidio a los carburantes ha elevado su precio a más del doble, pero a esto se suma que la estatal YPFB ha estado distribuyendo combustible de tan mala calidad que una gran cantidad de autos ha empezado a presentar desperfectos. Además, la ley 1720 aprobada por el gobierno, que modifica el uso de la tierra, es un tema en extremo sensible para las comunidades campesinas que recuperaron sus terrenos en la reforma agraria. La ley ya está abrogada y el suministro de combustible ha mejorado la calidad, pero las protestas no paran”, explica Pacheco.

Sin embargo, el experto boliviano asegura que hay otras razones de fondo, mucho más profundas y complejas. A su juicio, la Central Obrera Boliviana y los sindicatos campesinos, desde su fundación, han desarrollado una larga tradición de oposición a gobiernos de corte liberal. “En el gobierno de Evo Morales se ha generado un proceso de agregación de estos sectores y movimientos sociales al Estado. Estos se beneficiaban de muchas prebendas, financiamiento directo del Estado y muchos de sus dirigentes participaban directamente del gobierno. No hay que olvidar que el proyecto de Estado Plurinacional pretendía justamente eso: una gran empresa de ‘inclusión’. Con el actual gobierno estos sectores ya no gozan de ese nivel de participación política, no gozan de las prebendas y los recortes presupuestarios limitan los recursos que se les pueden destinar”, sostiene Pacheco, quien destaca que los actores políticos del partido vinculado a Evo Morales, el MAS, también se encuentran alentando la protesta.

El riesgo para Paz

La virulencia con que el movimiento social ha paralizado las calles de las ciudades de Bolivia, ha preocupado a los países que han mostrado su apoyo a la gestión del actual mandatario altiplánico. Esta semana el gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo a la administración de Rodrigo Paz a través de una publicación en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. “En Bolivia los disturbios y los bloqueos han provocado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible. Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz Pereira”, expresó el comunicado de la Casa Blanca.

No obstante, para los analistas el riesgo de un quiebre democrático no es cercano. “Hoy por hoy no podríamos hablar de una inminente salida anticipada del presidente, pero sí hay un riesgo de desgaste. Todo va a depender mucho de si el presidente logra estabilizar la economía, que esto lo sientan las personas, y contener la inflación. Además, es fundamental que logre negociar o debilitar parte de los movimientos sociales”, analiza Vanessa Cárdenas.

Bernardo Pacheco coincide y estima que Paz logrará salir de la crisis. “Los movimientos obreros y campesinos están mostrando signos de agotamiento. Seguramente medirán los recursos que les quedan para movilizarse y el gobierno podrá hacerles alguna concesión. La opinión pública se ha mostrado muy crítica con estas movilizaciones y la violencia desmedida. Sin embargo, si no atiende con prontitud los problemas de base, hacia fin de este año el conflicto surgirá nuevamente y con mayor fuerza”, concluye el analista de boliviano.