Jefe de Dipres busca explicar “inconsistencias” en cálculo de deuda del gobierno de Boric: suscriben “hipótesis del error técnico”
José Pablo Gómez afirmó ante la comisión de Hacienda del Senado: “No descarto que existan responsabilidades administrativas, estamos funcionando sobre la base de hipótesis de errores que subieron demasiado rápido".
El debate sobre las “inconsistencias” en materia de proyecciones de deuda pública que acusó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en contra de la administración Boric la semana pasada, no ha terminado. La denuncia del actual gobierno apunta a que en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre hubo un “error” en la estimación de la deuda pública para el período 2026-2030. Sin embargo, el detalle de dónde estarían los problemas detectados no ha sido entregado de manera clara por el Ejecutivo.
Al respecto, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, intento explicar este martes ante la comisión de Hacienda del Senado los antecedentes que dan cuenta de ese “error técnico” o de las “inconsistencias”, y en qué etapa está el proceso de investigación interno que anunció Quiroz cuando dio a conocer los hechos.
En el marco de la presentación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre en dicha instancia legislativa, el jefe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) afirmó que “actualmente se está haciendo una investigación, que puede terminar en sumario. Estamos con la hipótesis del error técnico”.
Gómez profundizó en su argumentación y enumeró una serie de preguntas sobre las diferencias entre la proyección actual con las del gobierno anterior.
“Como Dipres no teníamos un proceso para hablar de deuda con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Hay definiciones técnicas ambiguas como los flujos de consolidación, recuperación neta de préstamos. ¿Qué es lo que va ahí? ¿Cuál es el efecto financiero? ¿Cuál es la recuperación? ¿Es solo contable? ¿Cuál es financiera?”, planteó.
Para el director de la Dipres, “si nosotros no entramos ahí, en esas materias, cada cuadro de fuentes y uso de fondos que tengan los cuatro IFP de aquí para adelante no será bien entendido, y no sabremos cuál es el impacto que tiene sobre la trayectoria de la deuda del país”.
Gómez dijo que en este proceso “no descarto que existan responsabilidades administrativas. Estamos funcionando sobre la base de hipótesis de errores que subieron demasiado rápido por definiciones que son muy ambiguas y que tenemos que trabajar. Espero que antes del próximo Informe de Finanzas Públicas del 14 o 15 de junio podamos tener algunos de estos temas resueltos, pero no lo puedo asegurar”.
Añadió que “mi expectativa es que a la hora de formular el Presupuesto 2027 tengamos eso resulto, o por lo menos en trayectoria, y poder salir de la duda de lo que pasó con la deuda. Pero no es fácil”.
Gómez señaló también que están en un trabajo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que “por un camino paralelo llega a los mismos números que presentamos en la discusión: presenta la trayectoria entre déficit e incremento de la deuda. (En) Eso esperamos también que nos ayude el CFA”.
Además, en la cita con la comisión de Hacienda se acordó realizar una sesión para analizar la evaluación de los programas, tanto en lo financiero como en el impacto que generan como política pública.
Críticas a recortes en Salud
En otra materia, la comisión de Hacienda del Senado acordó oficiar al Ministerio de Hacienda para solicitar que reevalúe el recorte presupuestario aplicado a los hospitales públicos del país, medida que ha generado preocupación por su eventual impacto en la atención de pacientes, el aumento de las listas de espera y el funcionamiento de los recintos asistenciales.
El presidente de la instancia, senador Javier Macaya (UDI), enfatizó en la necesidad de contar con información totalmente transparente sobre los eventuales ajustes presupuestarios en el sector, precisando que “la salud es un área especialmente sensible y nos interesa conocer con claridad cualquier recorte que se esté realizando”.
Asimismo, la senadora PS Paulina Vodanovic sostuvo que “es impresentable e inexplicable que el gobierno decida reducir desde ya los recursos destinados a la salud pública, especialmente cuando el propio Presidente ha señalado que no se verán afectados los derechos sociales. La atención de salud es un derecho social y resulta indispensable garantizar la continuidad de las prestaciones para las personas”.
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