Este jueves el proyecto de megarreforma del gobierno de José Antonio Kast fue discutido por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

En particular, los artículos del 14 al 18 que apuntan, bajo la visión del gobierno, a acelerar permisos en la tramitación de proyectos de inversión; y los artículos 6 y 7, vinculados al sector de la acuicultura y a las relocalizaciones y microrelocalizaciones. La comisión tiene 13 miembros, de ellos, siete representan al oficialismo.

Las críticas de la oposición apuntaron a sopesar el desarrollo de inversiones a costa del medio ambiente y las comunidades, mientras que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, defendieron su propuesta.

“Lo que estamos haciendo nosotros no es remover esta institucionalidad, (sino que) hacer pequeños ajustes para que las velocidades sean coherentes con un país que aspire al progreso y al bienestar de la mayoría de los chilenos”, sostuvo Quiroz.

Un cuestionamiento reiterado en la sesión fue dirigido hacia la parte de la ley que permite a los titulares acceder a una restitución de los gastos asociados a su respectivo proyecto, en el caso de que su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por una sentencia.

El diputado Jaime Bassa (FA), en particular, cuestionó esta medida, acusando un seguro de ilegalidad. “El incentivo que se está poniendo es: señor, señora inversionista, venga, invierta en nuestro país, consiga políticamente la RCA a través de su Lobby -para lo cual tiene evidentemente mucho dinero, que después veremos si son gastos directos o no, no lo sabemos-, y si su inversión es ilegal, no se preocupe que yo le devuelvo todo lo que gasto. Es un seguro a la ilegalidad”, apuntó.

Por su parte, Quiroz, y luego de algunos comentarios que discreparon con la visión de Bassa, explicó que “esto es un mecanismo de seguro, porque cuando el costo es muy grande, la probabilidad es muy pequeña, 1% (...) una inversión de miles de millones de dólares, la probabilidad que sea rechazada al final de la RCA es muy baja. Y precisamente como es baja, pero el costo muy grande, sencillamente la inversión no ocurre”.

Añadió que la propuesta apunta “explícitamente” que si la RCA fue otorgada con información maliciosa por parte del titular, este no tiene derecho a la solicitud.

Sector acuícola

Para el sector acuícola, la megarreforma plantea modificar dos aristas del artículo 5 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (20.434), y también patentes e informes ambientales.

Sobre la Ley General de Pesca, se busca, por un lado, cancelar la obligación de someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la relocalización de concesiones de salmones; y por otro lado, eximir el procedimiento de las microrelocalizaciones, señalando en la iniciativa que “el sistema actual las ha hecho inviables en la práctica”.

Sobre esto último, la propuesta señala que desde el inicio de la norma en 2010 se han presentado 1.060 de este tipo de trámites, argumentan en el proyecto, y que “solo dos fueron exitosas, pese al bajo impacto medioambiental que generan”.

El diputado Bassa discutió esas cifras ante Quiroz. “Hay, efectivamente, 1.060 solicitudes de relocalización, pero no están esperando. Las que están en trámite son 211, el resto han sido rechazadas. Entonces, no es cierto que solo dos han logrado ser aprobadas y que 1.058 están esperando”, sostuvo.

La votación sobre las indicaciones del proyecto serán votadas el próximo lunes en esta comisión a las 13:00 hrs.