Un mes del nuevo gobierno se cumplió el sábado, marcando el primer hito de la administración de José Antonio Kast. Y si bien aún no ingresa el proyecto autodenominado de “reconstrucción”, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, tiene un balance positivo de la gestión que se ha realizado durante estos 30 días.

Asimismo, anticipa que se ingresarán prontamente dos proyectos de ley con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas.

¿Cuál es el balance que hace de este primer mes de instalación del gobierno?

-Ha sido un mes intenso. Hemos logrado conformar un equipo de excelencia a nivel del ministerio y de la subsecretaría. Se ha avanzado en las emergencias, las contingencias actuales que nos han tocado, producto de las situaciones externas como la guerra. Pero estamos trabajando al mismo tiempo intensamente en nuestra agenda, que tiene que ver con, principalmente, volver a hacer que el Estado de Chile sea un Estado facilitador para las inversiones, que Chile vuelva a ser una economía atractiva para invertir.

¿Qué agenda impulsará el Ministerio de Economía y en particular la subsecretaría?

-Tenemos dos proyectos que ingresaremos prontamente al Congreso Nacional. Uno tiene que ver con beneficios que podemos implementar en favor de las pequeñas y medianas empresas para aliviar su situación financiera tributaria. Las medidas apuntan a extender el plazo que tienen las pymes para efectos de pagar el IVA. Hoy las pymes tienen un plazo de 60 días y queremos darles un poquitito más de plazo. También, en esa misma iniciativa, se generarán incentivos para formalizar a las pymes más rápido por la vía de facilitar la obtención de una patente provisoria. Ahí, lo que se busca es establecer un estándar mínimo que ayude a las pymes a obtener una patente provisoria de manera expedita para que puedan emitir la primera boleta o la primera factura, y así poder formalizar su actividad lo antes posible mientras reúnen los antecedentes y documentos necesarios para la patente definitiva.

¿Y la otra iniciativa?

-Esta tiene que ver con fortalecer la Ley de Pago a 30 días. Una ley que encarna el viejo anhelo de que a todas las pymes les paguen dentro de 30 días, pero que por distintas razones no ha funcionado en forma adecuada. Vamos a fortalecer un mecanismo para que la mora, o sea, el no pago de factura, se pueda liquidar conjuntamente con los saldos adeudados. Lo que queremos es implantar un mecanismo que permita liquidar, conjuntamente con la obligación de pagar la factura, los intereses y la comisión que están establecidos hoy en la ley.

¿Aplicará tanto para el sector privado como para el público?

-Sí, para ambos. Para el sector público vamos a mejorar la Ley de Compras Públicas. Hay ciertos sectores que cumplen con la Ley de Pago a 30 días, pero habitualmente, se producen demoras en ciertos órganos de la administración pública. Lo que se quiere hacer es generar una trazabilidad que le permita a las pymes decir: miren, estos servicios públicos determinados pagan en un promedio de tantos días, y esta otra paga en un promedio de otra cantidad de días. De esa forma, entonces, al menos que puedan gestionar cuál es la mora o la tardanza financiera que produce el pago de esta factura. Además, vamos a identificar cuáles son los servicios públicos que están más demorados en el pago de facturas y hacer gestiones de carácter administrativo para ir mejorando.

Uno de los proyectos emblemáticos de la administración anterior era la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide). Si bien avanzó en su tramitación, no alcanzó a ser aprobado. ¿Ustedes le van a dar continuidad o poner pausa?

-Lo estamos revisando. Tiene ciertas cosas que nos parecen interesantes, pero hay partes de las gestiones que se iba a realizar a través de la Afide que están radicadas en la Corfo. Por eso, nos hemos reunido con la nueva dirección ejecutiva de la Corfo y estamos analizando conjuntamente cómo se efectúa el financiamiento hoy día en la Corfo, cómo se realizaría en la Afide, y sobre la base de eso vamos a tomar una decisión si continuamos o no con ese proyecto de ley.

Una de las leyes que se aprobó el año pasado y que busca acelerar la inversión es la de permisos sectoriales (permisología), ¿en qué etapa está la implementación?

-Tenemos un cuerpo legal que es clave, que es la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, y tenemos la Oficina de Inversión, que está a cargo de destrabar más de 91 permisos, en los cuales estamos trabajando para convertirlos en declaraciones juradas. La ley es lo que permite un cambio de paradigma, porque transforma un Estado que antes se demoraba y se demoraba en otorgar los permisos, lo que era un desincentivo para las inversiones, y traslada hoy la responsabilidad al privado, porque el privado debe decir: voy a ser yo el que va a declarar si cumplo o no con la normativa para efectos de poder realizar las inversiones.

En esta primera etapa, ¿cuántos permisos pasarán a ser declaraciones juradas?

-Tenemos 91 autorizaciones sectoriales detectadas, individualizadas, y después en la segunda fase queremos identificar un nuevo paquete de 90 para que se transformen en declaraciones juradas.

¿Se ha ido avanzando según el cronograma de la ley?

-En el primer mes ya logramos reunirnos con la totalidad de los ministerios para hacer un levantamiento de todas las autorizaciones sectoriales que tienen que ser transformadas en declaraciones juradas, y estamos trabajando en este primer paquete, que pretendemos tenerlo listo antes del 29 de junio. Luego vamos a trabajar en un segundo paquete de 90 permisos más para que también se transformen en declaraciones juradas.

¿A la Ley Marco de Permisos Sectoriales le realizarán algunos cambios?

-Por ahora estamos enfocados en la implementación de la ley, pero no descartamos el día de mañana, porque todo es perfectible, hacer alguna mejora.