El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a referirse este martes sobre la norma incluida al final del protocolo de acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la mesa de los funcionarios públicos, que busca modificar cómo se termina la relación laboral de los funcionarios “a contrata”.

El ministro Grau ha explicado en varias oportunidades el alcance de la indicación y ha descartado la idea de que esta es una “ley de amarre”.

En conversación con radio Infinita, el jefe de la billetera fiscal señaló que “las personas que están en los gabinetes, que entraron a los ministerios, con su mérito (...) pero que están allí por razones de afinidad política, esas personas tienen que salir junto con los ministros y las ministras y los subsecretarios y las subsecretarias, y eso debe ocurrir así”.

“Y, de hecho, la norma hace la distinción. Nosotros lo que vamos a presentar en el Congreso hace la distinción ahora y a futuro para que siempre quede muy claro cuáles son los cargos de confianza política que deben salir con las autoridades”, agregó Grau.

La “novedad” de la norma

El secretario de Estado reiteró que la “novedad” de la norma es que, en caso de que un funcionario no esté de acuerdo con las razones de su despido, puede acudir a la Contraloría para revisar la causa.

“Revisar ese reclamo no significa que (la Contraloría) le tenga que dar la razón al trabajador”, precisó Grau, quien además manifestó que lo que se busca con esta indicación es “evitar arbitrariedad” y que las desvinculaciones sean propiamente fundamentadas.

El ministro de Hacienda descartó la idea de que la norma “complejice” la contratación de nuevos funcionarios en el próximo periodo presidencial de José Antonio Kast, y señaló que el artículo “lo que va a hacer es que va a dejar más en claro que las personas de los equipos de confianza deben salir para que en la nueva administración puedan entrar todas esas personas sin ningún problema”.

“Por lo tanto, desde el punto de vista de cómo ocurre en la actualidad, lo simplifica y además lo hace más certero. Antes, esto se asumía como una buena práctica y en algunos casos se hacía y en otros casos no se hacía. Ahora, lo estamos nosotros definiendo en la ley y eso le va a dar más certeza a la siguiente administración y a las que sigan respecto a que debe existir esa definición”, concluyó.