Un rotundo rechazo ha generado en los partidos de la oposición la idea del gobierno de presentar un proyecto que modifique el sistema de indemnizaciones por años de servicio, creando un mecanismo alternativo para nuevos contratos.

La propuesta, que se presentaría el 25 de enero pasado junto al proyecto de modernización -y que finalmente se postergó-, consiste en una alternativa para los nuevos contratos que contempla el pago de medio mes por año de servicio, con el actual tope de 11 años (en la actualidad es un mes de pago por año) y a todo evento. Es decir, en caso de renuncia o despido por cualquier causa, ya que hoy solo es un derecho para los trabajadores con contrato y que sean desvinculados por necesidades de la empresa (art.161 del Código del Trabajo), entre otros temas.

Sin embargo, esta propuesta no tendrá apoyo opositor y así también lo han entendido desde La Moneda, ya que tal como adelantó PULSO, el proyecto tampoco sería presentado en marzo junto a la Reforma Laboral y se postergaría, dado la falta de viabilidad política que está teniendo.

El diputado y jefe de la bancada de la DC, Matías Walker, señaló que este jueves irán al Ministerio del Trabajo a entregar una carta para evitar la presentación de la iniciativa.

"El gobierno debiera evaluar no presentar este proyecto en estas condiciones y tener un diálogo legislativo más profundo de cómo poder modernizar las relaciones laborales y cómo plantear las indemnizaciones, pero sin detrimento de los derechos adquiridos que tienen los trabajadores", señaló Walker.

En ese contexto, Walker indicó que cualquier debate o cambio debe partir por el piso mínimo, que es el sistema que actualmente rige para los trabajadores. "Nuestra opinión es contraria respecto a generar retrocesos en esta materia y en ese sentido la propuesta del gobierno no es buena. Consideramos que la indemnización por año de servicio de un mes por año en los contratos indefinidos, es muchas veces el único capital que cuenta un trabajador", agregó el diputado DC.

Posición que comparten desde el Partido Socialista. Su presidenta (s) Karina Delfino sostuvo que los cambios que quiere proponer el Ejecutivo "son una clara señal que el gobierno de Piñera busca el beneficio de los empresarios a costa de la vulneración de los trabajadores".

Y agregó que "una reforma como esta solo puede interpretarse como el abaratamiento de los costos que origina el despido para los empleadores, aquí podemos ver con nitidez que el gobierno de la derecha privilegia a los empresarios por sobre los derechos de los trabajadores. Como socialistas rechazamos una propuesta así".

En este contexto, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa se mostró conforme con la postura que están manifestado los parlamentarios e indicó que "saludamos y celebramos la disposición que han tenido varios partidos de la oposición al señalar que en esta materia no hay ninguna posibilidad de apertura al debate".