La Ley de Reforma Previsional definió que en agosto de 2026 el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) pasará a ser una de las prestaciones del Seguro Social, absorbiendo la prima de cargo del empleador que actualmente lo financia, que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible, y que actualmente se ubica en 1,62%.

Así, desde 2026 “dicho seguro será financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), mediante la cotización que realicen los empleadores al Seguro Social previsional”, establece la reforma. Esta cotización será del 2,5%, pero también irá a financiar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

Por eso, en junio de 2025 el gobierno anterior ingresó un proyecto al Congreso que regula y permite el traspaso del SIS al FAPP, el organismo público, de carácter técnico y autónomo, encargado de gestionar el Seguro Social.

Ese proyecto no avanzó en la administración Boric y sigue en su primer trámite constitucional, pero la semana pasada la comisión de Hacienda del Senado retomó el debate, donde el presidente del FAPP, Enrique Marshall, pidió a los senadores que la iniciativa se pueda aprobar pronto.

La comisión de Hacienda volvió a sesionar este martes, instancia en la cual la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, anunció que el gobierno pretende presentar indicaciones al proyecto de ley.

Además, Cabezón planteó la posición del Ejecutivo respecto de la crítica que hicieron las AFP cuando se presentó el proyecto de ley y acusaron al gobierno previo de no haber cumplido con lo que prometía la reforma previsional.

La entonces presidenta de las AFP, Paulina Yazigi, criticó que si bien la ley que reforma el sistema de pensiones prometía “el pleno traspaso del SIS” al Seguro Social, eso en la práctica no ocurría con el proyecto, dado que las AFP seguirían teniendo un rol en dicho asunto, básicamente en temas operativos. Así, pidió a los senadores que se traspase todo.

El presidente de la comisión de Hacienda, el senador Javier Macaya (UDI), consultó sobre este asunto. “Hay ciertas funciones que siguen quedando en manos de las AFP. La pregunta es por qué y qué piensa de ese pleno traspaso”, inquirió el senador UDI.

Cabezón respondió: “El tema de la administración de las comisiones médicas, creemos que corresponde que se mantengan en las AFP”.

Y lo argumentó así: “Las comisiones médicas lo que hacen es evaluar la pensión de invalidez, no el SIS. Hay afiliados que están cubiertos por el seguro y afiliados que no lo están. Y también hay personas que acceden a estas comisiones médicas por la pensión básica solidaria de invalidez. El seguro es un complemento a las cuentas individuales. Entonces, creemos que corresponde que la administración de esas comisiones se mantenga en las AFP”.

La subsecretaria agregó que “respecto a la gestión operativa, que es todo el cálculo, determinación de la cobertura y pago, el tema es complejo, porque si bien la Ley 20.075 establece que parte de esas funciones le corresponden al IPS; nosotros hablamos con el IPS y eso involucraría que ellos se especialicen en un tema que todavía no entienden bien. Tienen que aprender un tema nuevo, debería ser un traspaso gradual, y que involucre recursos públicos”.

Macaya respondió: “La duda no es que implique recursos públicos, que tengan que contratar más personas, que realicen funciones que no están haciendo, la duda es que tengamos la capacidad de cumplir lo que establece la ley. Esa es mi duda. Y si la respuesta del Ejecutivo es porque no tenemos funcionarios, no hay recursos para hacerse cargo de obligaciones que están establecidas en la ley, me preocupa. Esta es una conversión un poquito más profunda que la complejidad de la materia. O sea, ¿vamos a cumplir la ley de la reforma previsional, o no? Eso es algo que tiene que resolver el Ejecutivo a la brevedad posible".

El detalle de las indicaciones

Macaya en reiteradas ocasiones durante la sesión instó al gobierno para que ingresen rápido las indicaciones. “Lo que pasa es que después venimos con el proyecto de reconstrucción, tenemos discusión del tema salario mínimo. Hoy estamos en un buen momento, porque estamos con algo de tiempo”, comentó Macaya.

Cabezón respondió: “Voy a acelerar entonces el trámite de las indicaciones”. Macaya luego insistió en que el gobierno “se pueda comprometer con presentación de indicaciones, ojalá la próxima semana, o a más tardar, para que las podamos analizar en esta comisión la primera semana de junio. No tenemos más tiempo”.

Además, el senador UDI consultó qué tipo de cambios pretende impulsar el gobierno. Cabezón explicó que están evaluando dos asuntos donde podrían ingresar indicaciones.

En primer lugar, la subsecretaria dijo que quieren “hacer indicaciones respecto al traspaso de las reservas especiales, porque es curioso que las reservas especiales se traspasan al FAPP, pero las responsabilidades de cualquier rezago de los siniestros siguen siendo de responsabilidad de las AFP”.

Explicó que una de las alternativas que están evaluando es que en ese caso “las reservas especiales no se entreguen inmediatamente al FAPP, sino que se mantengan en las AFP por más tiempo. Podría ser cuatro años, que fue una sugerencia que hizo la Superintendencia de Pensiones en la comisión del Trabajo. Entonces, cualquier rezago que ocurra posteriormente, las AFP se hacen cargo”.

La segunda materia es respecto de “un tema de operativos del SIS, que creemos, y queremos evaluarlo, que se contradice con la Ley 21.735. Es que la AFP determina la cobertura del seguro, el cálculo y el pago de las prestaciones. ¿Qué ocurre? Que en la Ley 20.255, que fue reformulada por la reforma de pensiones, se establece que el pago de las prestaciones y el cálculo tiene que ser de cargo del Instituto de Previsión Social (IPS)“.

Entonces, explicó, “queremos ver si en eso no hay una contradicción en la ley. El problema ha sido que cualquier atribución que le demos al IPS, involucra mayor gasto público. Y hoy día estamos con estrechez de gasto público. Entonces, por eso queremos evaluarlo con un poco más de tiempo. Son esos dos puntos los que nos tienen más preocupados y que estamos trabajando y los estamos evaluando para hacer indicaciones”.

Cabezón también reconoció que “la idea es que esto esté aprobado antes de fin de año para que el administrador del FAPP pueda realizar las bases de licitaciones del SIS. Ese es el apuro: que tiene que operar a partir de agosto del año 2027. Entonces, la licitación normalmente la llaman al final de este año o a inicios o marzo del próximo año”.

Cabezón detalló que actualmente está vigente la licitación del SIS para el periodo que va entre agosto de 2026 y julio de 2027. Esa es la última subasta que fue hecha por las AFP, porque las siguientes deberán ser realizadas por el FAPP.