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Presentan demanda colectiva contra Itaú por operaciones no reconocidas

Un grupo de consumidores indicó que habrían sido víctimas de transacciones fraudulentas.

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La acción judicial fue presentada por el Sernac, con el objetivo de que se entregue una solución. La idea es que Itaú-Corpbanca responda a consumidores que dicen haber sido afectados con hasta 12 millones de pesos en ciertos casos.

Un grupo de consumidores indicó que habrían sido víctimas de transacciones fraudulentas, mediante la aprobación automática de créditos, avances en tarjeta de crédito, utilización de dineros depositados y líneas de crédito, entre otros, por montos que posteriormente eran transferidos a cuentas de desconocidos.

Los afectados aseguraron que nunca realizaron estas operaciones y que se enteraron cuando revisaban sus estados de cuentas. Sólo en casos aislados, les llegaban avisos a sus teléfonos móviles o correos electrónicos.

El 21 de marzo pasado, el Sernac ofició al Banco Itaú-Corbanca para conocer mayores antecedentes de este caso, entre ellos, la cantidad de reclamos recibidos por la entidad, los mecanismos que había dispuesto para enmendar estos hechos, la revisión y ajuste de sus mecanismos de seguridad, entre otros aspectos.

En su respuesta, Banco Itaú-Corpbanca informó al Servicio que sus sistemas no habían sido vulnerados, eximiéndose de responsabilidad y trasladándola a los clientes por el mal uso de sus herramientas de seguridad, entre ellas, sus claves secretas y tarjeta de coordenadas. Asimismo, no dio respuesta a los antecedentes solicitados por Sernac, particularmente en lo relacionado a número total de afectados y montos involucrados, motivo por el cual en agosto de este año se presentó una denuncia ante el 1° Juzgado de Policía Local de Las Condes.

Ante ello, el pasado 13 de junio, el SERNAC inició una mediación colectiva con la empresa intentando encontrar una propuesta adecuada para los afectados, gestión que terminó sin avances y deciden presentar una demanda colectiva. El Servicio buscará ante los tribunales que la empresa acredite la reparación de los daños ocasionados a los consumidores que han sido afectados, y que se anulen dichas transacciones.

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