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Se busca banco de inversión para vender el control de Azul Azul

Esta semana, el liquidador de Asesorías e Inversiones Sartor se reunió con los abogados de los principales acreedores para tomar definiciones sobre la entidad que se hará cargo de la venta del paquete accionario. Previo a la venta, Toesca debe levantar la prenda sobre los títulos de la concesionaria de Universidad de Chile. El liquidador preguntará la opinión a la casa de estudios y a la CMF si la venta requiere o no una OPA.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Cinco años han pasado desde que el fondo de inversión privado Tactical Sport pagó US$ 15,5 millones a Carlos Heller por el 63,07% de las acciones de Azul Azul. Hoy el control de la concesionaria del club de fútbol de la Universidad de Chile está ad portas de volver a cambiar de mano.

A fines de julio, Michael Clark firmó la resciliación del contrato que se firmó en diciembre de 2024 y que permitió que el ex presidente de Azul Azul comprara el 90% de las cuotas de Tactical Sport Asesorías Sartor e Inversiones S.A, a un precio de US$ 5.719.482 que nunca fue pagado. Con la resciliación, el 90% de las cuotas volvió a Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la que actualmente está en un proceso concursal de liquidación en tribunales civiles.

El proceso está a cargo del abogado y liquidador Eduardo Godoy, quien este jueves se reunió con los abogados de los tres principales acreedores no relacionados a la sociedad deudora: Toesca, BCI y Vector Capital.

Y el proceso de venta de Azul Azul comenzó a tomar forma. “Se les ha pedido a los principales acreedores que sugieran los nombres de los bancos de inversión a los cuales se les pedirá una propuesta de trabajo”, confirmó Eduardo Godoy.

La idea es seleccionar al agente al que se le encomendará la venta del 63,03% de Azul Azul. Godoy señala que espera que lunes o martes los acreedores cuenten con “un listado de cuáles serían los bancos de inversión que les parecen más convenientes, para a cada uno de ellos solicitarles una propuesta de trabajo y propuesta de honorario, la cual sería presentada en forma previa a la junta del 3 de septiembre, para que los acreedores, ya sea el mismo 3, o en una junta siguiente, puedan tomar una decisión y contratar al banco de inversión que vaya a gestionar este tema”.

La decisión debe ser adoptada por la mayoría absoluta de las acreencias que participen en la junta de acreedores de la matriz Sartor. Hasta la semana pasada, 22 acreedores se presentaron en tribunales a verificar sus créditos, por un monto total de $ 37 mil millones, pero muchos de ellos probablemente serán objetados por su relación con el mismo grupo.

Y aunque Godoy prefiere no adelantar nombres del posible intermediario, entre los interesados en recuperar la mayor cantidad de dinero posible se ha mencionado la opción de bancos de inversión como BTG Pactual, Santander y Banchile. Sin embargo, dice alguien al tanto de las tratativas, “los precios son elevados para un activo cuyo valor podría estar en torno a US$15 millones”. Aquellos bancos tienen, por lo general, tarifas fijas que bordean el US$ 1 millón. Por ello, también han surgido nombres de gestoras más boutique, como Link Capital, Asset Chile y Tyndall.

Sin embargo, algunas entidades que ya han sido sondeadas descartaron participar en el proceso, considerando que es un negocio pequeño y demasiado mediático.

Entre los acreedores, existen expectativas de lograr un precio mayor al que recibió Heller, considerando que es el control de Azul Azul.

En paralelo a la búsqueda del banco de inversión, el liquidador deberá conseguir levantar el embargo que pesa sobre las acciones de Azul Azul, conseguidas judicialmente por Inversiones Cerro El Plomo, que es controlada por el fondo el Fondo Leasing y que hoy es gestionado por Toesca.

“Voy a pedir una autorización para que se me permita negociar y suscribir una suerte de transacción con Inversiones Cerro El Plomo, para efectos de que ellos se puedan sumar a este proceso de venta y que, de alguna manera, el crédito que ellos tienen en el juicio que hoy día se está litigando pueda ser cobrado a través de la venta que se realizaría en la liquidación”, revela Godoy.

El Ministerio Público acusa a Michael Clark de fraude a la omisión de OPA, lavado de activos y contrato simulado, por lo que está solicitando prisión preventiva, lo que se debería resolver la próxima semana. En la minuta de la formalización, la Fiscalía detalló que el 19 de abril de 2021, los fondos Leasing y Táctico inyectaron $7.200 millones a Inversiones Cerro el Plomo a través de la suscripción de pagarés, mientras que el fondo Proyección entregó un financiamiento por $1.100 millones a la misma sociedad. Ese mismo día, Cerro El Plomo entregó recursos a Tactical Sport por $4.297 millones.

M&A y OPA

La intención del liquidador y los principales acreedores es que el banco de inversión que sea elegido emprenda más bien un proceso de M&A, aunque la transacción finalmente deba realizarse vía remate en Bolsa. Es decir, que existe due diligence, data room y negociaciones bilaterales con los potenciales interesados para intentar maximizar el valor a conseguir.

En paralelo, el liquidador pretende acudir a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para determinar si existe o no la obligación de realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), ya que el fondo Tactical Sport es dueño de un paquete controlador, del 63,07% de las acciones de Azul Azul.

“Se va a consultar previamente a la Comisión para el Mercado Financiero si estamos en una excepción de OPA. Como es una venta forzosa, estamos en una posibilidad de estar en una excepción, pero dado que el tema ha sido un poco complejo, se está analizando si es que procedería o no el tema y previamente se consultará”, dice Godoy. Ello porque la sociedad en liquidación es Asesorías e Inversiones Sartor S.A., dueña, a su vez, del 90% de las cuotas de Tactical Sport. Pero como resulta compleja la venta de las cuotas, los acreedores quieren enajenar su activo subyacente: el 63,07% de Azul Azul.

El liquidador espera, además, recoger la opinión de la Universidad de Chile, que ha estado pendiente del caso Sartor y un potencial cambio de control, ya que es la titular del nombre del club, otorgado contractualmente a Azul Azul S.A. “Esperamos que los requerimientos de transparencia que la Universidad solicite se encuentren considerados dentro del proceso, a efecto de que los interesados sean personas conocidas y que no actúen por interpósitas personas o a través de instrumentos jurídicos que opaquen quiénes son los beneficiarios finales reales”, afirma Godoy.

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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

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