Este 26 de septiembre se cumple el primer plazo que tienen los países de la región para hacer entrar en vigencia el Acuerdo de Escazú. Aunque no es la última instancia y aunque se permitirá que los Estados suscriban el pacto de manera posterior a esa fecha, los expertos coinciden en que marcará un precedente conocer quiénes serán los primeros en poner la firma.

Este tratado -que ya ha sido ratificado por nueve países de América Latina- tiene como base garantizar el acceso a información, participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales, y fue impulsado desde su comienzo por una delegación conjunta entre Chile y Costa Rica.

La idea surgió luego de la Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, conocida como Río+20, donde se establecieron una serie de principios. Uno de ellos, el número 10 sembró las bases para el pacto regional de Escazú al poner sobre la mesa que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda”. En él se indica, además, que los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y participación de la población “poniendo información a disposición de todos”.

A partir de eso, la abogada Constance Nalegach -una de las principales negociadoras del Ministerio del Medio Ambiente en asuntos internacionales- comenzó a trabajar junto a Costa Rica para la creación del pacto regional.

“Yo la primera vez que supe de Escazú, que en un principio se llamó Principio 10, fue cuando fui a la reunión de la Cepal 2014 en Perú. Por todo lo que significaba me encantó de inmediato el concepto”, cuenta el exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena que en esa oportunidad mantenía el cargo de subsecretario de la cartera. En conversación con La Tercera, el exsecretario de Estado asegura que Nalegach fue la ideóloga del acuerdo y que por ese motivo Chile fue parte protagonista de las conversaciones que se desarrollaron por cuatro años.

En total fueron nueve las reuniones de negociación y gran parte de ellas se llevaron a cabo en la sede de la Cepal en Santiago, aunque eran transmitidas de manera abierta al público. Otras, se realizaron en Brasil, Costa Rica y otros países. “Pero donde hubo mayor frecuencia fue acá, donde se fue forjando el texto del acuerdo”, dice Mena.

El exministro y actual director del Centro Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, cuenta que entre 2016 y 2017 las citas se comenzaron a intensificar. “El momento más del final hubo sesiones hasta muy tarde. Nosotros teníamos el anhelo de que se llegara a un acuerdo y que se adoptara para poder celebrarlo en Santiago de Chile. Estuvimos a una sesión de que eso ocurriera, pero la última reunión acá se alargó tanto que no pudimos llegar a acuerdo”, cuenta.

Por ese motivo, el encuentro final terminó siendo el 4 de marzo de 2018 en Escazú, un distrito a 15 minutos de San José de Costa Rica, donde se definieron las obligaciones de los Estados y el nombre mismo del tratado.

“Nuestra idea era que, debido a que había cambio de gobierno (el 11 de marzo de 2018 asumió su segundo gobierno Sebastián Piñera), poder tener la instancia de sellar el acuerdo, aunque nunca tuvimos ninguna duda de que el gobierno que venía lo iba a adoptar, porque todo esto partió en el primer periodo de Piñera. Era, más bien, por el hecho de poder poner la banderita y coronar la negociación que habíamos realizado en los últimos años”, asegura Mena.

- ¿Hubiera sido distinto si finalmente el pacto se hubiera llamado Acuerdo de Santiago?

Sí. Muchas de las personas que estaban presentes durante las negociaciones venían del gobierno de Piñera 1 por lo que nunca tuvimos ninguna duda de que esto podría haber sido continuado. Fue una sorpresa que no se firmara en septiembre de 2018 y lo supimos ahí mismo. Ese mismo año Chile ratificó el Convenio de Miramata que contiene todas las cláusulas que ahora son tan terribles del Acuerdo de Escazú, además hubo un llamado de los presidentes a firmar este acuerdo. En algún momento algó pasó, bien inexplicable, y que por lo menos para mi reconstrucción esto viene del gabinete presidencial, porque nunca antes hubo dudas de la Cancillería ni del Ministerio del Medio Ambiente.

En el podcast dedicado a esta materia y que fue publicado hoy por La Tercera, Mena manifiesta que se trata de una “decepción” que Chile aún no haya suscrito el pacto. “Hay actores que creen que esto no es bueno porque puede judicializarse, como que puede ser el nuevo convenio 169 de la OIT que tiene que ver con la consulta indígena, pero como si consultarle a la ciudadanía fuera algo malo”.

“Ese es un tema valórico en el que tenemos diferencias con algunos actores y me da mucha pena, porque, cuando uno es honesto y no tiene complejos, debe y puede darle la cara a la ciudadanía (...) Es fundamental para legitimar los procesos ambientales y que las personas sientan que no se están llevando a cabo actividades a costa de su salud, por ejemplo”.

La firma de este acuerdo se realizó en septiembre de 2018 y se dio un plazo de dos años para que los países de la región lo suscribieran y ratificaran. Esa fecha se cumple el próximo 26 de septiembre.

Sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera se ha negado su adhesión argumentando que tal como está escrito “no es conveniente para Chile, sobre todo de cara a posibles conflictos internacionales, donde se podría poner en jaque la soberanía nacional.

El canciller Andrés Allamand señaló la semana pasada en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que la posición del Ejecutivo “no ha cambiado. El acuerdo, en opinión del gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”. De todas formas agregó que “estamos agotando, en estos días, el análisis de cuatro aspectos que van al fondo del debate”.