En el conversatorio “Chile bajo escasez hídrica: el camino hacia soluciones más integrales. Gestión, eficiencia e infraestructura para construir ciudades más resilientes”, realizado por Hub Sustentabilidad en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, autoridades, academia y la industria sanitaria coincidieron en que el país enfrenta una crisis estructural. Pero el foco del encuentro estuvo en otra parte: en las obras y estrategias que buscan transformar ese diagnóstico en respuestas concretas. Participaron el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, y el director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de la Universidad del Desarrollo (CiSGER) y miembro del IPCC, Álex Godoy.

El reúso de aguas como apuesta para Santiago

Una de las soluciones más relevantes que presentó la sanitaria es el proyecto Biociudad, una batería de iniciativas para la Región Metropolitana cuyo eje es el reúso de agua. Sáez explicó que la propuesta consiste en tomar parte del agua que las biofactorías de Aguas Andinas son capaces de sanear —del orden de 16 metros cúbicos por segundo— y destinar tres de esos metros cúbicos a impulsarlos 35 kilómetros aguas arriba del río Maipo. Una vez depositada en ese tramo, los usuarios de esas aguas permiten a la sanitaria captar el mismo volumen en la cabecera de la planta, equilibrando así el uso del recurso en la cuenca.

El ejecutivo defendió esta vía como una alternativa más razonable en términos de costos frente a la desalación, que para abastecer a Santiago elevaría las tarifas de manera muy significativa. “No nos podemos dar el lujo de pensar la resiliencia de una ciudad de más de siete millones de habitantes en horas. Tenemos que pensarla en semanas”, planteó, en alusión a la necesidad de aumentar la autonomía hídrica de la capital, que hoy alcanza 37 horas gracias a los estanques de Pirque, muy por encima de las cuatro horas de las que se disponía anteriormente.

La desalación y los embalses en la cartera del Estado

Desde el sector público, Balmaceda situó la desalación como una herramienta cada vez más decisiva. “Existen hoy 31 plantas de desalación que aportan 14 mil litros por segundo, suficientes para abastecer a una población de ocho millones de personas, y hay otros 51 proyectos en desarrollo”, detalló. El subsecretario destacó que el crecimiento de esta industria ha sido impulsado mayoritariamente por privados, y que con la reciente promulgación de la ley de desalación el Estado, a través de la Dirección General de Aguas, asumirá un rol de ordenamiento de la oferta y la demanda. A ello se suma la primera planta desaladora concesionada, una inversión de 350 millones de dólares en la Región de Coquimbo, que debería aportar 1.200 litros por segundo hacia 2030.

En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas avanza en una cartera de 12 embalses priorizados, principalmente desde la zona centro hacia el sur, donde aún existen precipitaciones que capturar. Según expuso Balmaceda, estos proyectos permitirían acumular 1.500 millones de metros cúbicos, suficientes para incorporar más de 150 mil hectáreas de riego. Entre ellos mencionó el embalse Zapallar, en la Región de Ñuble —el más avanzado, con inicio de construcción previsto para los próximos meses— y Nueva La Punilla, de mayor envergadura, que recientemente obtuvo la recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social para avanzar en su ingeniería.

Gestión de cuencas y articulación entre actores

Las soluciones planteadas no se agotan en infraestructura. Sáez insistió en la necesidad de avanzar hacia una mirada de cuenca, que reconozca que el agua tiene múltiples usuarios —consumo humano, agricultura, minería e industria— y que ninguna solución es viable si se asegura el abastecimiento de las ciudades a costa de otras actividades productivas. Como ejemplo, mencionó el acuerdo alcanzado con la junta de vigilancia de la primera sección del río Maipo, que dispuso volúmenes destinados a riego para cubrir la demanda de Santiago en los años más críticos.

El subsecretario, por su parte, sumó las herramientas de gestión que está impulsando el Estado para destrabar proyectos, entre ellas la implementación de la ley marco de autorizaciones sectoriales y un plan para resolver los más de 28 mil expedientes pendientes en la Dirección General de Aguas. “No necesitamos seguir sumando proyectos, lo que tenemos que hacer es priorizar los que hagan sentido sobre la base de criterios técnicos”, señaló.

Godoy, en tanto, valoró los esfuerzos de la sanitaria y del sector público, aunque llamó a complementar las obras con una planificación territorial que considere las particularidades de cada zona del país. “Estamos hablando de problemas distintos en cada macrozona. Lo que funciona en el norte no necesariamente funciona en la zona central o en el sur”, planteó, subrayando que la combinación de tecnologías —reúso, desalación, embalses— debe responder a las condiciones de cada cuenca.