La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados despachó el proyecto que “modifica el Código Penal para extender la legítima defensa privilegiada al funcionario militar o policial que actúe en defensa de su persona o derechos, o de los de un tercero, encontrándose en calidad de franco”.

En una sesión presidida por el diputado Cristián Araya, la iniciativa fue discutida en particular, que abarcaba la modificación del Artículo 10 del Código Penal, que habla de quienes están exentos de responsabilidad criminal.

El proyecto apunta a que se debe añadir: “La presunción establecida en este párrafo será igualmente aplicable a aquel funcionario de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que en calidad de franco repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando armas o cualquier otro medio de defensa”.

Mientras que diputados pidieron en una indicación añadir algo más extenso y detallado, tras el debate, se dio cuenta de que no era lo que se buscaba. Por ello, se terminó rechazando las indicaciones, manteniendo el texto original que fue aprobado por la comisión con ocho votos a favor, dos en contra y una abstención.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, expresó que las indicaciones tenían ciertos márgenes que dejaban desprotegidos en aspectos de defensa personal a Carabineros, y que por esto era recomendable dejar el escrito original.

“Entonces, insistimos en que la redacción original (...) es una buena redacción. Yo agradezco el trabajo que hicieron los diputados al haber presentado este proyecto de ley, por eso le hemos puesto discusión inmediata y creemos que hay que perseverar en la redacción original”, recalcó el secretario de Estado.

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, afirmó que “a juicio de nuestra parte entendemos que es mucho más simple la redacción que se está presentando en el proyecto de ley, toda vez que la hace más directa y permite su aplicación de manera más limpia”.

En definitiva, el proyecto busca extender la defensa privilegiada a funcionarios que, estando de franco, intervengan para proteger a víctimas o enfrentar delitos flagrantes, garantizando que cuenten con respaldo legal cuando actúan en defensa de terceros.

Tras su aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana, la iniciativa continuará ahora su tramitación legislativa en la Sala de la Cámara de Diputados.